El Ministerio del Interior prohibió la semana pasada el ingreso a las cárceles de la organización social Nada crece a la sombra. La cartera alegó haberse expedido “respecto al ingreso a las unidades de privación de libertad por parte de ONG y terceros que no poseen convenios o acuerdos vigentes con el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)”.
La ONG presentó un recurso para revocar esta prohibición de ingreso a las cárceles que, según la organización, “desconoce los dos convenios en ejecución y los errores que se padece al decir que el Consejo de Política Criminal y Penitenciaria siendo un organismo asesor es quien ´dictamina´ la medida, además de las contradicciones públicas en las que incurrió el Ministerio del Interior”.
La ONG pide que se los notifica “formalmente qué sucede con los convenios vigentes, cómo se habrá de cumplir con el dinero ya depositado a la organización, sin que ello importe responsabilidad atribuible a esta parte compareciente, en mérito a que en ningún momento se nos notificó que sucedería con ello”. “Queda constancia en este acto de la buena voluntad de la organización en cumplir fielmente con los convenios firmados, así como de ejecutar el dinero depositado a nuestro favor con destino al objeto de dichos convenios”, señalan en el recurso presentado en el ministerio.
Nada crece a la sombra informa que mantiene dos convenios vigentes con el Ministerio del Interior, un convenio con Presidencia de la República y Ministerio del Interior. Mediante este convenio se establece una adjudicación económica de 1 cinco millones de pesos para la realización de talleres en cárceles. “El 23 de abril de 2021 se transfirió un pago de 3.620.000 pesos a nuestra organización. Esta transferencia fue aprobada por Presidencia de la República luego de que fueron aprobadas las rendiciones contables”, informa la ONG.
Por otro lado, el segundo convenio incumbe al Plan de Salud Sexual y Reproductiva, que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad del país.
Este segundo convenio tiene “el objeto de brindar atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad”. Se plantea que “por primera vez en la historia” y “a partir de este acuerdo” las mujeres reciben esta prestación. La ONG informa que “el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, al momento, brindó atención en la Unidad 5 Femenino, Unidad 9 Madres con hijos, Unidad 16 Paysandú y Unidad 20 Salto. Según el acuerdo firmado con el Ministerio del Interior resta la coordinación de la intervención en: Unidad 11 Cañitas, Unidad 12 Rivera, Unidad 13 Las Rosas, Unidad 14 Piedra de los Indios, Unidad 15 Conventos, Unidad 17 Campanero, Unidad 18 Durazno, Unidad 19 Florida, Unidad 21 Artigas, Unidad 23 Treinta y Tres, Unidad 24 Pense y Unidad 26 Tacuarembó”.
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