La investigación del crimen de un médico en 2012 que lleva al Estado uruguayo ante la CIDH

En enero del 2012, un reconocido médico de Lascano, en Rocha, fue degollado en su vivienda. El caso causó un gran revuelo: el doctor era Eudoxio Vivas, director por más de 20 años del hospital de la localidad y muy allegado al Partido Nacional.

Si bien hay un hombre que fue condenado a 20 años de penitenciaria, todavía el caso no está del todo claro.

La defensa de José Oscar Correa, quien fue encontrado culpable del homicidio, ahora está a cargo del abogado Miguel Ángel Gallegos, quien agotó todas las vías locales para que la Justicia revea la sentencia de su defendido, ya que entiende que el proceso estuvo cargado de irregularidades e parcialidades.

Gallegos denunció al Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "violar las garantías judiciales" de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tratado al que Uruguay apegó.

Según detalla Gallegos en la denuncia presentada ante la CIDH, la Justicia basa la acusación contra Correa en una serie de irregularidades.

La primera es que la sentencia se sostiene en que a Correa se le encontró, en su casa, un arma de fuego que estaba registrada a nombre de la víctima mortal.

Gallegos enfatiza en que el arma "perfectamente podía haber sido hurtada de la casa de la víctima la noche del homicidio por otra persona diferente" a su defendido, como el "verdadero homicida".

Correa, que declaró que le compró el arma a un conocido, pudo, efectivamente, comprarle el arma al "verdadero homicida". El arma también pudo haber sido retenida por "cualquiera de las personas" que revelaron la escena o visitaron la casa de la víctima.

"El hecho de que el sospechoso tuviese o hubiese tenido el arma en su poder debió haber sido, en todo caso, prueba de un delito de receptación, pero nunca del homicidio", especifica el profesional.

Pero la cosa no culmina ahí. Para Gallegos, la Justicia "no contaba con ninguna evidencia científica" que ubicase a Correa en la escena del crimen: no se encontraron rastros de ADN del sospechoso en la víctima o en el lugar y. no se cotejaron las huellas del calzado de Correa en las pisadas de sangre encontradas.

Además, añade el abogado, existe un testigo que declaró que una persona diferente al detenido había salido de la vivienda de Vivas en las horas en la que ocurrió el episodio: "La persona indicada por el testigo nunca fue investigada por el Estado pese a que ello se solicitó por la defensa".

Gallegos explicó a Montevideo Portal que durante la investigación se detalló que el homicida había ingresado por una ventana de la casa de Vivas, y comentó que su defendido, por su complexión física, no cabe por esa abertura.

El abogado añadió también que no existió concordancia entre los registros de las huellas digitales de Correa con las huellas halladas en el arma blanca homicida "ni con las levantadas en toda la casa".

Sin embargo, todos estos elementos no se tuvieron en cuenta, denuncia Gallegos.

Una declaración tomada a la fuerza:

La Justicia basó el procesamiento de Correa en su confesión. El crimen de Vivas, que ocurrió en enero de 2012, estuvo varios meses sin resolverse. Y la presión a la Justicia crecía y crecía.

"Era necesario encontrar un culpable", dijo Gallegos a Montevideo Portal.

La confesión del crimen se dio en una comisaría donde seis policías "forzaron" a su defendido a confesar.

Correa le detalló a su abogado que los policías lo empalaron, lo "desaparecieron" por seis días y lo mantuvieron "retenido no oficialmente" durante varios días más.

En la primera comparecencia ante la Justicia, Correa negó de "manera espontánea" su vinculación con el crimen, pero la Justicia "en vez de disponer que la Policía agote los recursos para ubicar al vendedor del arma y procurar corroborar la versión del detenido ordenó solapadamente que seis oficiales de investigaciones continuasen interrogando" a su defendido "sin defensor y en el hermetismo de una comisaría".

Gallegos explicó a Montevideo Portal que esto implica un "apartamiento del orden de proceder" en los juicios, ya que el antiguo Código del Proceso Penal "ponía a cargo del juez" la ejecución de todos los actos necesarios para el esclarecimiento de los delitos.

Correa ya había declarado ante la sede judicial, por lo que se encontraba a disposición "exclusiva" de la Justicia, y la Policía tenía su actuación "vedada" por la ley una vez culminada su colaboración.

Gallegos dijo que su defendido recibió "apremios físicos, coacción moral y amenazas" en la comisaria, y que fueron señalados ante la Justicia "pero desentendidos por la jueza a cargo".

Corra "no tuvo más opción que modificar la declaración de inocencia en un acta cuya apreciación a simple vista evidencia por sí sola la irregularidad del interrogatorio, el secretismo de la instancia, la ausencia del abogado y la grave intimidación que supuso para el sospechoso encontrarse a solas frente a la presencia de seis policías".

Luego de realizar esa declaración, Correa fue llevado ante la jueza nuevamente. Allí, denuncia Gallegos, la magistrada indujo al sospechoso a "continuar la confesión que se le venía sugiriéndole respuestas".

La magistrada inició la instancia judicial dando por probada la autoría del crimen (haciendo preguntas como "¿Cuándo decidió hacer este hecho?" y afirmaciones como "Usted necesitaba dinero, fue lo que lo impulsó a hacer esto").

Esto impidió, señala Gallegos, que Correa pudiese dar una versión de los hechos "de manera libre o explicar su inocencia". "Correa no tuvo otra opción que la de la homologación de una versión policial que no fue corroborada por ninguna otra prueba ni sopesada con la ausencia de otras evidencia o indicios".

La otra pata de la denuncia ante la CIDH:

Todo lo anterior es parte de la denuncia que presentó Gallegos ante la corte, pero además su recurso va contra el Estado por haber "aprobado y mantenido" en vigencia desde 1980 un Código del Proceso Penal que, al "superponer" los roles de investigador y juzgador", determina que "todas las condenas" desde aquel entonces hasta la puesta en marcha del nuevo CPP fueron "impuestas por magistrados cuya imparcialidad no estaba garantizada por el Estado".

Gallegos detalla que es el propio Estado el que admitió, a través de la Suprema Corte de Justicia, la "ilegalidad" de esa superposición de roles, y cita a la SCJ cuando se presentaba el nuevo CPP:

"El Código del Proceso Penal vigente (se refiere al de 1980, esto es el Código bajo el cual fue juzgado Oscar Correa) pone a cargo de los jueces la tarea de indagar las circunstancias en las que se cometió el delito, y luego asigna a ese mismo juez la tarea de juzgar al presunto responsable, afectándose así la necesaria imparcialidad que debería tener el juzgador".

Gallegos enfatizó en diálogo con Montevideo Portal que en caso de que la corte le dé la razón en este último aspecto, podría generarse un "caos" en el sistema judicial, porque todos los condenados desde 1980 hasta la puesta en marcha del nuevo CPP "podrían reclamar que el proceso fue parcial".

El abogado pide que la corte establezca que Uruguay es "responsable" de los hechos denunciados y que se le ordene al Estado a que adopte "urgentemente" las medidas necesarias para "poner fin a esta flagrante, impune y permanente" violación a la convención.

Además, que se condene a que el Estado uruguayo juzgó penalmente a sus ciudadanos durante 38 años con una legislación que "impidió el aseguramiento de la imparcialidad".

Gallegos espera que la CIDH encuentra al Estado responsable de lo que denuncia y que su defendido tenga un "debido proceso", aunque tiene claro que los plazos serán largos.