Tres economistas coincidieron ayer en que debe procesarse un drástico recorte del gasto del Estado que incluya la aceleración de las desmonopolizaciones y concesiones de obras públicas, la supresión de intendencias y ministerios y la rebaja de algunos salarios, para lo cual resultará fundamental la forma en que se procesará la próxima Rendición de Cuentas.
Jorge Caumont, Gustavo Licandro, gerente de la Asociación de Bancos del Uruguay, y Fanny Trylesinski disertaron ayer en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y coincidieron en que la mejora de las cuentas fiscales resulta fundamental para que vuelva la confianza a los actores económicos.
Superavit fiscal.
Caumont consideró que debe obtenerse un superávit de las cuentas públicas en dos años para lo cual propuso, entre otras cosas, suprimir los ministerios de Deportes, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el de Industria, Energía y Minería, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Turismo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto transformándolos en secretarías. También pidió bajar las transferencias al Banco de Previsión Social en un 9%, obtener ahorros por U$S 120 millones a través de la racionalización de compras, la supresión de gastos superfluos y beneficios que reciben los empleados estatales y el corte de horas extras.
Estos pasos deben darse para evitar "un ajuste drástico al estilo de Argentina que tiene equilibrio fiscal porque no paga intereses y repudió el pago de su deudas".
Caumont sostuvo que Uruguay necesita una economía "de guerra" y replantear las privatizaciones que deberían alcanzar a Pluna, AFE y la Administración Nacional de Correos. También pidió que Ancap termine cuando antes la producción de alcoholes, combustibles y cemento de Ancap y arancelizar las carreras en la Universidad de la República. "La situación amerita soluciones drásticas", sostuvo.
Recuperar confianza.
Licandro, por su lado, sostuvo que la mejoría de las cuentas estatales es fundamental para "recomponer la confianza que hoy está básicamente perdida" y consideró que hace falta "reducir nominalmente los ingresos de los funcionarios públicos".
También consideró necesario "tercerizar" la administración de las carteras del Banco Hipotecario del Uruguay.
Por su parte, Fanny Trylesinski puso énfasis en el gasto del Poder Legislativo que el año pasado llegó a U$S 74 millones. Según la economista, las remuneraciones de los legisladores sumarían anualmente U$S 15 millones por lo que no se explica el gasto mencionado. "¿Qué hay en el medio entre U$S 15 millones y U$S 74 millones? Un enorme desperdicio de recursos", señaló.
También denunció que el gasto municipal pasó del 2% del Producto Interior Bruto en 1985 a 3,9% en 2000 y que existe "una alianza entre el clientelismo político y los sindicatos de las empresas públicas".
Monopolios.
"Se sabe que con los monopolios se obtienen beneficios que no hay en empresas en competencia", consideró. A su juicio, "la pugna por los recursos desemboca en un mayor gasto" y se requiere suprimir la inamovilidad de los funcionarios públicos, nombrar directores profesionales al frente de los entes autónomos y establecer "cartas de intención" con las intendencias que las obliguen a cumplir compromisos de gestión.
Insistió en que los monopolios públicos en Uruguay son "injustificables" y que deben constituirse rápidamente todas las unidades reguladoras.
A su juicio, el liderazgo político "debe convencer a la sociedad de la necesidad de estas reformas" porque "el futuro es muy, muy complejo y los problemas sociales se agravan".
