La Comisión Administradora del Río Uruguay tiene serias dificultades financieras por la disminución de la recaudación en los peajes de los puentes binacionales, debido a los cortes de los activistas.
"La CARU sigue funcionando, pero con muchas restricciones, porque el ingreso por los peajes ha disminuido notoriamente", dijo una fuente de la Cancillería uruguaya a AFP.
La CARU, integrada por Uruguay y Argentina, gestiona la navegabilidad del río fronterizo y el mantenimiento de los puentes binacionales, que tienen más de 30 años de construidos.
Según informó el diario La República este lunes, la CARU "ha tenido que apelar a sus reservas económicas para afrontar sus gastos" y "se suspendieron algunos trabajos de mantenimiento en los puentes".
"Si la situación no cambia, el dinero podría agotarse en un plazo de seis meses", dice el diario, que cita al representante uruguayo en esa comisión, Rubens Stagno.
Añade que la CARU aplica "un plan de austeridad que incluye otorgar licencia a parte del personal".
Uruguay y Argentina sostienen un prolongado conflicto por la instalación de una planta de celulosa de la finlandesa Botnia en Fray Bentos, 300 km al noroeste de Montevideo, a orillas del Río Uruguay, que Argentina considera contaminante.
Ciudadanos argentinos realizan prolongados cortes en los puentes binacionales sobre el cauce compartido.
El puente General San Martín, que une a la argentina Gualeguaychú con Fray Bentos, permanece bloqueado desde el 20 de noviembre.
Los pasos que conectan a las argentinas Colón y Concordia con Paysandú (400 km al noroeste de Montevideo) y Salto (500 km al noroeste), repectivamente, son cortados en forma intermitente, aunque hasta el momento se han coordinado nueve bloqueos totales y los activistas evalúan un corte simultáneo en Semana Santa.
En ese marco, el viernes pasado la cancillería uruguaya respondió a una nota remitida por su par argentina, "en la que se solicitaba a Uruguay que informara si efectivamente Botnia había realizado pruebas hidráulicas, entendiendo que de ser así era una nueva violación del estatuto del Río Uruguay", dijo la citada fuente de la Cancillería.
"Se respondió que efectivamente se realizaron esas pruebas, y que de las mismas ya se había informado a Argentina en el marco del grupo mixto de alto nivel" que conformaron los dos países en 2005 para evaluar los impactos de la planta de Botnia, agregó.
Debido al conflicto, y ante una negativa argentina, Uruguay está efectuando solo el control de la calidad de agua del río, dijo Stagno a La República.
