El juez federal argentino Juan José Galeano fue destituido hoy por el poder judcial por mal desempeño en la investigación del atentado de 1994 contra una mutualidad judía de Buenos Aires, que causó 85 muertos y permanece impune.
La destitución se basó en incumplimientos a "deberes éticos y legales", entre otros fundamentos, lo que abre las puertas a que Galeano responda ante la Justicia por irregularidades en los casi diez años que estuvo al frente de la investigación del atentado terrorista.
Un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano que tomó la medida, subrayó en un extenso dictamen que las irregularidades cometidas por el juez constituyen hechos "graves" en desmedro de la administración de justicia y contribuyen a su desprestigio.
El dictamen dio por probado que Galeano participó en el pago de 400.000 dólares a un revendedor de automóviles robados que estaba bajo proceso para que señalara a policías como cómplices de los terroristas.
Este es uno de los cargos a los que deberá responder Galeano en un proceso abierto en el fuero federal por irregularidades en la investigación del atentado que el 18 de julio de 1994 arrasó con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el barrio de Once, en el centro de Buenos Aires.
Con el auto de destitución concluyó un proceso iniciado el 20 de junio último, luego de que Galeano fuese suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura, un organismo formado por juristas y legisladores que se encarga de designar e investigar a magistrados.
Galeano, quien ha dicho que apelará ante tribunales internacionales, estaba suspendido desde febrero pasado y había sido separado de la instrucción de la causa por el atentado contra la AMIA a fines de diciembre de 2003.
Los 22 ex policías y civiles acusados de complicidad con los autores del atentado fueron liberados por falta de pruebas en su contra, al cabo de un juicio oral y público que concluyó en septiembre pasado.
Los cargos contra Galeano por irregularidades durante la investigación fueron presentados por familiares de las víctimas del atentado y los ex oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, la mayor fuerza de seguridad del país, que fueron sometidos al juicio oral y público.
Las acusaciones contra esos ex policías se basaban en la declaración Carlos Telleldín, un revendedor de automóviles robados que por su testimonio cobró 400.000 dólares que fueron provistos por la Secretaría de Inteligencia del Estado, según consta en las actuaciones del caso.
El atentado contra la AMIA fue el segundo de los ataques terroristas contra objetivos judíos en este país suramericano y sucedió al que el 17 de marzo de 1992 arrasó con la embajada de Israel en Buenos Aires, que causó la muerte de 29 personas.
Este hecho, atribuido al igual que el de la AMIA a grupos extremistas islámicos, fue investigado por la Corte Suprema, que tampoco encontró a los culpables.
