Gobierno prepara proyecto para “extender” el delito de la intermediación lucrativa

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, explicó este lunes el decreto del Poder Ejecutivo por el que se suspendió la apertura del corralito mutual que estaba agendado para febrero del próximo año, y señaló que el Gobierno prepara un proyecto de ley para "extender" el delito de la intermediación lucrativa a "todos los involucrados".

Basso aseguró que en 2020 se volverá a abrir la movilidad regulada, sin prejuicio de que aquellos que, por cambios de domicilio o problemas de "confiabilidad", puedan cambiarse de mutualista.

El ministro señaló que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de suspender la movilidad regulada ya que todavía hay que continuar "profundizando" los mecanismos para controlar la intermediación lucrativa; es decir, el pago de comisiones a usuarios y promotores por el cambio de mutualista.

"Se requiere promover una extensión del marco legal punitivo que define la intermediación lucrativa como un delito, extendiéndola a toda la cadena de responsabilidades vinculada a este tema", explicó el jerarca, que agregó que el Poder Ejecutivo trabajará en este sentido con la Justicia, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía.

Basso enfocó que hay que tomar "mayores precauciones, certezas y eliminar todas las dudas" de que el "dinero que aportamos no se destine a la intervención lucrativa".

El decreto, dijo, se da por el "convencimiento" de que si no se logra "más seguridad en el ámbito jurídico" solo se "minimiza" el problema. "Queremos erradicar la intermediación lucrativa", señaló.

Consultado sobre la posición de las mutualistas sobre este decreto, Basso dijo que, "como pasa con cualquier decisión", no es unánime. "Pero hay un bien mayor, y creo que lo estamos defendiendo. Que ningún dinero que es para la atención de la salud se desvíe".

La decisión del gobierno fue criticada por el senador del Partido Nacional Javier García, quien en diálogo con Montevideo Portal acusó a Basso de "incumplir un compromiso asumido en el Senado".

García señaló que "Basso se había comprometido a abrir el corralito ante la comisión de Presupuesto del Senado". Por ese motivo, el legislador nacionalista consideró que la medida "es el incumplimiento de un compromiso asumido ante el Senado y, lo que es más grave, ante los usuarios".

García cuestionó que el decreto es "la rendición del gobierno" ante la intermediación lucrativa. "Como el gobierno no puede con las mafias, termina pagando el usuario del Fonasa, que tiene la obligación de pagar pero no la libertad de cambiarse de prestador", agregó.

El senador dijo que la estrategia del MSP debería ser la contraria, dado que "la intermediación lucrativa existe porque existe el corralito". En ese sentido, planteó que "si hay libertad ¿quién va a pagar por cambiarse?".