Dentro del texto se destacan 13 puntos: "Un gobierno con las cuentas en orden", "un Estado inteligente y transparente", "empresas públicas al servicio de la gente", "Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad", "Inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas", "Una policía respetada, una sociedad pacífica", "Una política de defensa adecuada al siglo XXI", "Transformar la educación", "Proteger a los más débiles", "Agenda de derechos", "Proteger el mundo del trabajo", "Cuidar la salud de los uruguayos" y "Medio ambiente y bienestar animal".
El documento hace énfasis, entre otros temas, a "autorizar la importación de combustibles refinados, y flexibilizar la cadena de distribución". Esto se encuentra en el punto 4 del texto, que es "Impulso al crecimiento: desarrollo productivo y mejora de la competitividad".
El texto expresa que "se necesita reactivar la economía, generando un país más
competitivo y dinámico en todos los sectores. Es fundamental implementar medidas que
promuevan la competitividad y mejoren las condiciones de vida de los uruguayos".
También consideran necesario "eliminar la obligación financiera. La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de efectuar pagos y realizar transacciones a través del sistema de
intermediación financiera".
El punto siguiente (número 5) indica que es necesario apostar a la "inserción internacional: abrir mercados y hacer alianzas".
El texto explica que se debe "fortalecer la diplomacia comercial" y para eso "se impulsará una estrategia de diversificación de mercados y mejora de las condiciones de ingreso de bienes y servicios uruguayos".
También trabajarán "por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda
de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros. Necesitamos un
Mercosur moderno, ágil y flexible".
En materia de seguridad advierten por "el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país".
Por lo tanto, proponen "declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública, a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas sus modalidades".
"Hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República", agrega el texto.
También hacen hincapié en "recuperar las comisarías barriales, sub-comisarías, destacamentos y quioscos policiales en ciudades y el medio rural, como unidades operativas básicas de la
Policía, generadoras de información para el análisis del delito y centros de referencia para la población".
"Las comisarías no pueden quedar reducidas a simples receptorías de denuncias", añade el documento.
Otro punto se refiere a "desplegar a nivel nacional la Guardia Republicana, que cambiará su asiento a bases en el interior de la República, con Destacamentos departamentales".
Además, se pretende "modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos".
También señalan que "se fomentará el acceso a la vivienda digna por parte del personal subalterno, promoviendo su incorporación a los planes generales que se desarrollarán en esta materia".
Entre otros temas se busca mantener proteger la agenda de derechos, reconocer a los Consejos de Salarios "como pieza clave del sistema uruguayo de relaciones laborales" y se pone énfasis en la educación, la salud y el medio ambiente.
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