El decreto, que lleva las firmas del presidente, Jair Bolsonaro, y del ministro de Justicia, Sergio Moro, fue publicado en el Diario Oficial y beneficia en particular a aquellos reclusos cuyo estado de salud requiere cuidados especiales, que no pueden ser prestados en los establecimientos penales.
Asimismo, se extiende a los que estén en "estado terminal", sufran ceguera u otras enfermedades que dificulten su movilidad.
El decreto establece que las autoridades penitenciarias deberán identificar a los presos que pudieran ser objeto de ese indulto e informar luego al Ministerio Público, que examinará cada caso y decidirá sobre la excarcelación.
También aclara que ese beneficio no será concedido a quienes hayan cometido delitos de corrupción o tráfico de drogas, o a los presos por crímenes violentos, como terrorismo, homicidio o abusos sexuales, entre otros.
Según datos oficiales, en Brasil permanecen encarceladas cerca de 800.000 personas, que constituyen en términos absolutos la tercera población penitenciaria del mundo, por detrás solo de Estados Unidos y China.
Un informe publicado por el Ministerio de Salud a mediados del año pasado decía que cerca del 10 % de los reclusos padecían sida, pero aún no existen datos nacionales sobre otras enfermedades que pudieran llegar a ser motivo de indulto, en los términos del decreto publicado este lunes.
Con información de EFE
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