Alejandro Recarey, juez que lleva adelante la investigación para encontrar los restos de Elena Quinteros, dijo que continuará en adelante con su investigación porque para él no está comprendido dentro de la Ley de Caducidad ya que forma parte de una causa por la cual se procesó a un civil (el ex canciller Juan Carlos Blanco).
Por su parte el gobierno, en la voz de Yamandú Fau, entiende que el juez debió haber consultado si el caso de la desaparición de Quinteros entraba o no dentro de la Ley de Caducidad.
El asesor presidencial Carlos Ramela admitió que las citaciones a militares ordenadas por el juez Recarey, conocidas la semana pasada, habían generado "sensibilidad" entre las Fuerzas Armadas.
El juez investiga dónde fueron enterrados los restos de Elena Quinteros, desaparecida en 1976, y para ello decidió citar a varios militares.
Según informó el diario Ultimas Noticias se deberían presentar, entre otros, el capitán Jorge Tróccoli y el sargento Soca, aunque ninguno de los militares estaría autorizado a hacerlo.
El abogado Pablo Chargoña, defensor de la familia Quinteros, sostiene que si el Poder Ejecutivo no concede esta autorización está cometiendo un delito.
"La negativa o la desautorización a comparecer en calidad de testigo ante un juez penal constituye un delito contra la administración de Justicia. De modo que no puede pasar de un comentario de alguna autoridad. De ninguna manera un ciudadano, sea civil o militar, puede negarse a comparecer ante un juez que está indagando un delito", dijo Chargoña a radio El Espectador.
Esta visión no es compartida por el ministro de Defensa, Yamandú Fau, quien dio el tema por resuelto y aseguró que "el Estado no perseguirá causas por hechos que fueron amnistiados".
En la misma línea opinó el asesor presidencial, Carlos Ramela, quien declaró que el caso Quinteros es alcanzado por la Ley de Caducidad, y cualquier procedimiento que implique la toma de declaraciones a militares debe ser consultado a el Poder Ejecutivo.
Mientras que el Ejecutivo entiende que se incluye en la Ley de Caducidad, el abogado de la familia de la maestra sostiene que los militares deben ser autorizados a declarar ya que no hacerlo constituye un delito con la administración de Justicia.
El ministro de Defensa, Yamandú Fau, dijo a el diario El País que se trata de una competencia "que tiene el Poder Ejecutivo y no puede renunciar a ella".
Por su parte, el juez Recarey tiene previsto continuar con las actuaciones ya que entiende que el caso Elena Quinteros no está comprendido dentro de la Ley de Caducidad y destaca, en cambio, que forma parte de la causa por la cual se procesó a un civil, el ex canciller Juan Carlos Blanco.
