El gobierno ratificó la política de reducción del gasto público para el resto de su gestión y encomendó a los organismos de la Administración Central y demás dependencias estatales "acelerar" un proceso de reformas, "barato" y "eficiente", para mejorar el funcionamiento del Estado, "bajar el gasto público" y generar oportunidades de inversión y de empleo.
Los instrumentos para lograr estos objetivos serán la Ley de Rendición de Cuentas -que se estima implicará un ahorro de U$S 250 millones- y la ley de reactivación económica, así como un nuevo proyecto que con ese mismo propósito está en proceso de redacción.
Mientras, esta semana el Foro Batllista pidió al gobierno que haga "oídos sordos" a los reclamos y presiones por mayores recursos en aras de la "estabilización" del país, y la interna blanca fue sacudida el lunes 16 por un planteo formulado en el Directorio por los ministros nacionalistas quienes pidieron poner coto a los periódicos reclamos para retirarse del gabinete y definir claramente si el Partido permanece o no en el gobierno. Según el titular de Trabajo, Álvaro Alonso, está situación les deja "muy mal parados" ante el Poder Ejecutivo.
En tanto, en medio de la crisis, la izquierda continuó exhibiendo planteos y estrategias contradictorias y visiones diferentes sobre su concepto de "lealtad inconstitucional". Por un lado, dirigentes de Asamblea Uruguay y de la Vertiente Artiguista manifestaron disposición a colaborar con el gobierno, actitud que contrasta con el Partido Socialista de impulsar la censura del gabinete ministerial para llegar a elecciones parlamentarias anticipadas y con la posición del Partido Comunista y de la corriente de Izquierda quienes reclaman la inmediata dimisión del presidente Jorge Batlle.
El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley de Rendición de Cuentas y por primera vez encara con medidas concretas el exceso de funcionarios públicos a partir de un nuevo marco laboral que elimina ventajas y privilegios tradicionales: extiende hasta 2015 la prohibición de contratar nuevos empleados del Estado, reasigna a unos 400 funcionarios que cobran su sueldo sin trabajar a otros organismos, alienta el retiro adelantado con supresión de las vacantes creadas y pone un tope de 60% del salario del presidente a las retribuciones de los restantes funcionarios públicos.
El texto presupuestal reserva por dos años el cargo a funcionarios de la Administración Central y de los entes autónomos que elijan pasar a la actividad privada, agrega como causal de destitución de los funcionarios estatales la ineptitud u omisión, y limita los pases en comisión, los contratos a término y las horas extras. Faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar, suprimir o fusionar dependencias públicas.
