Diez personas fueron condenadas por usurpación de viviendas y hurto de agua y energía en Los Palomares

Las diez personas que fueron detenidas este martes acusadas de usurpar varias viviendas y hurtar energía y agua potable en el Complejo Unidad Misiones (Los Palomares) fueron condenadas este miércoles, luego de una audiencia en la Fiscalía, bajo la conducción de la fiscal Mónica Ferrero.

Los diez imputados fueron condenados por esos delitos, y de esa forma se suman a los siete que habían sido condenados a mediados de mes por esta causa, que investiga el hostigamiento que recibieron algunos residentes del barrio para que abandonaran sus viviendas.

Estas personas fueron detenidas este martes, luego de que un equipo de la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo, la Policía Científica y la Guardia Republicana realizaran 14 allanamientos simultáneos en el barrio.

Este jueves los imputados deberán entregar las llaves de las viviendas. Según contó Gustavo Leal, sociólogo del Ministerio del Interior, en algunas de estas viviendas ocupadas habían fotos de la familia hostigada y obligada a abandonar, a pesar de que en algún momento los imputados aseguraron que vivían en esas casas "hace cuatro años".

Los imputados no podrán acercarse a la zona en la que residían, deberán fijar un nuevo domicilio y presentarse en la comisaria correspondiente, además de quedar a disposición para brindar más información.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía y el Ministerio del Interior logró identificar a estos sujetos, que hasta este miércoles habitaban las viviendas que en su momento fueron denunciadas por extorsión y desalojos forzosos.

Para el sociólogo del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, estas "actuaciones representan una etapa más de reinstalación de la cultura de la legalidad" en la zona, y se ha "complementado" con apertura de calles, construcción de veredas, espacios públicos, iluminación y demolición de viviendas en estado crítico.

Hace diez días, otras siete personas habían sido imputadas por esta misma investigación (una con prisión y el resto con libertad vigilada), y fueron obligadas a entregar las llaves de las viviendas que habitaban.