De Ferraris y casas jamás construidas: cómo se lavó el dinero del Farmville turco en Uruguay

Meses atrás, reportábamos el caso de un joven turco que era buscado en nuestro país tras una millonaria estafa en Turquía. Se trata de Mehmet Aydin, desarrollador de un videojuego al estilo Farmville que cobró millones de dólares en inversiones y escapó de Turquía en dirección a Uruguay, luego de que las autoridades de ese país iniciaran una investigación por lo que es aparentemente una estafa de esquema Ponzi.

En relación a este caso, se condenó ayer a dos hombres por haber lavado ese dinero ilícito en nuestro país y se recuperaron bienes por más de cinco millones de dólares, en una historia compleja y con varias puntas.

Principio quieren las cosas

En marzo de 2018, el Banco Central del Uruguay reportó una serie de operaciones sospechosas, con apariencia ilícita. Se detectaron operaciones financieras realizadas en nuestro país, vinculadas a la compra de bienes muebles e inmuebles, así como transferencias bancarias realizadas desde el exterior en la que estarían vinculados ciudadanos de nacionalidad turca.

La Fiscalía inició entonces una investigación y logró determinar la participación en este caso de O.N.K, un ciudadano turco de 45 años que vino hace unos años al Uruguay a cumplir tareas metalúrgicas, luego de lo cual retornó a su país y posteriormente regresó a Uruguay en 2009, donde continuó en la actividad privada como dependiente.

En el 2017 conoció al mencionado creador del Farmville turco, Aydin, quien acordó venir también a nuestro país tras el contacto con el imputado.

Aydin estuvo un tiempo en Uruguay, a partir de mayo de 2017, al punto que obtuvo como residente legal la cédula de identidad.

La investigación demostró que el imputado O.N.K. fue el nexo que Aydin utilizó para la operativa de lavado de activos provenientes de la actividad ilícita que desplegó en su país junto a otras personas (varios de ellos sus familiares).

Por ejemplo, muchos recordarán la Ferrari blanca 458 Spider que fue fotografiada en un asentamiento de Malvín Norte el año pasado. Ese fue uno de los vehículos adquiridos a nombre de O.N.K con el dinero ilícito obtenido por Aydin (la Ferrari salió 640.000 dólares). Otras propiedades adquiridas fueron un yate de un millón y medio de dólares y una casa en Santa Lucía de 1.690.-000 dólares.

A raíz del análisis efectuado por el equipo de trabajo de la Fiscalía, en el que participaron también otros organismos (DGI, Unidad de Lavado de Activos, Interpol, Banco Central, entre otros) se logró comprobar que los dos turcos se vincularon en calidad de socios en una empresa inscripta en la DGI en el año 2016, que desde junio de 2017 (mes en que se vincula a Aydin), cambió su giro a un comercio de materiales de construcción y obras de arquitectura.

Dicha sociedad era utilizada para el lavado de dinero, para lo que basta observar -en base a las declaraciones juradas de impuestos- que en el período comprendido entre junio de 2017 a abril de 2018 sus ingresos por concepto del giro comercial ascendieron a la suma de $16.433.964, mientras que sus egresos fueron de $84.689.636. Es decir que a partir de una actividad absolutamente deficitaria se realizaron gastos por una suma mayor a cinco veces al ingreso obtenido, indica la Fiscalía.

Ente las compras hay varios vehículos y propiedades, además de compromisos de compraventa para construcciones a edificarse en la zona de Punta Ballena.

Además de estos dos ciudadanos hay otros implicados, aunque algunos de ellos no están en el país: otro turco que llegó al país y participó del lavado de activos y un empresario de Maldonado con el que hicieron un contrato de arrendamiento, que fue el otro condenado por este caso.

Muchos de los bienes comprados fueron pagados a través de giros internacionales, realizados directamente a las cuentas de las empresas o personas por otros ciudadanos turcos además de los ya mencionados.

La participación del empresario fernandino

En lo que respecta al empresario uruguayo imputado, en el transcurso del año 2017 y comienzos de 2018 entró en contacto con Aydin. Admitió que sabiendo o presumiendo el carácter ilícito de los capitales que los ciudadanos turcos manejaban, igualmente suscribió en representación de su empresa un contrato de arrendamiento de obra para la construcción de doce casas en un inmueble en la zona de Laguna del Sauce.

Recibió del ciudadano turco la Ferrari y el yate como forma de pago del acuerdo. Esta transacción se documentó en el Chuy a la una de la madrugada.

Ninguna de las 12 casas acordadas se construyó, aunque el citado empresario recibió bienes por valor de U$S 2.000.000.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, con su accionar ocultó e impidió la determinación real de la naturaleza, el origen, destino y propiedad real de los bienes, que procedían de una actividad ilícita.

Resolución

El fiscal Enrique Rodríguez solicitó la condena del ciudadano turco O.N.K como autor penalmente responsable de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. Al empresario de Maldonado se lo consideró como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento. Al primero de ellos se le impuso una pena de 4 años y seis meses de penitenciaría, la que será sustituida por libertad vigilada por igual plazo. Al segundo de ellos se le impuso una pena de 9 meses de prisión.

El ciudadano turco tuvo como atenuante la primariedad absoluta y la confesión, con el agravante de haber cometido el delito mediante la participación de un grupo delictivo organizado. El ciudadano uruguayo tuvo como atenuante la confesión y como agravante haber cometido el hecho con la finalidad de obtener lucro.

Al tratarse de bienes y productos provenientes del delito, Rodríguez solicitó el decomiso de 13 vehículos -la mayoría de alta gama- y una embarcación. El fiscal evaluó que esos bienes corresponden a U$S 5 millones que administrará la Junta Nacional de Drogas.

Rodríguez dijo a Fiscalía que la investigación continúa y que aún quedan unos U$S 3 millones en bienes por decomisar, incluyendo un inmueble de más de U$S 1 millón. Los titulares de esos bienes están prófugos por lo que es necesario esperar que transcurran seis meses para que pasen a manos del Estado.