Colectivo contra “Vivir sin miedo” rechazó varios de los artículos de la ley urgente

La Articulación Nacional "No a la reforma", que liderara una campaña que finalmente logró que no se aprobara la reforma constitucional conocida como "Vivir sin miedo", se expresó este martes a propósito del anteproyecto de ley de urgente consideración discutido en la órbita del gobierno electo.

"El amplio movimiento social de nuestro país evitó la aprobación de un proyecto regresivo en derechos humanos y que hubiese aumentado radicalmente la violencia en nuestra sociedad. Pero es importante no ser ingenuos, lo que pasó el 27 de octubre no empezó ni terminó nada", señalaron en una declaración emitida.

En este sentido, ante la discusión planteada en Uruguay sobre los índices de criminalidad, el colectivo consideró que "el consenso punitivo y represivo de la mayoría del sistema político continúa siendo la única alternativa" que se ofrece para mejorar la situación.

"Por eso observamos con gran preocupación las propuestas en materia de seguridad del nuevo gobierno que, en lugar de innovar, son más de lo mismo y buscan profundizar radicalmente este esquema ya fallido", manifestaron.

"El anteproyecto de ley de urgente consideración plantea el inminente recorte de derechos y garantías civiles, ignorando la voluntad popular que ha rechazado profundizar el esquema punitivo-represivo en los plebiscitos de 2014 y 2019", agregaron en referencia a los plebiscitos para bajar la edad de imputabilidad y el último, que entre otras cosas proponía la creación de una Guardia Nacional con militares dedicada a la seguridad pública.

Así las cosas, el colectivo criticó especialmente los artículos que permiten "el aumento de penas" y "el gatillo fácil".

"El aumento de penas sigue sin disminuir el número de delitos. A pesar de la insistencia y negación de sistema político, no existe correlación en la severidad del castigo como disuasión en la conducta criminal", explicaron.

"Operadores penitenciarios, judiciales y organizaciones no gubernamentales coinciden en que el aumento de penas conlleva a un mayor número de personas privadas de libertad y el sistema penitenciario uruguayo ya excedió su capacidad", continuaron.

Por otro lado, se refirieron a otro aspecto del anteproyecto: "Alentar la política del gatillo fácil elevará aún más la violencia instalada en la sociedad".

"El aumento de garantías y potestades a los oficiales policiales (tanto la presunción de legítima defensa como el poder realizar indagatorias a personas detenidas sin presencia de fiscal o abogado) expone a los trabajadores policiales a realizar tareas para las que no fueron preparados, propiciando abusos y vulnerando el derecho al debido proceso que todas las personas tenemos", agregó el colectivo.

En otro tramo del documento, expresaron: "El aumento de penas para el microtráfico de estupefacientes profundizará la criminalización de la pobreza. Pese a las históricas incautaciones de cocaína en los últimos meses, en el anteproyecto de ley no hay mención alguna de cómo enfrentar las grandes redes del narcotráfico y su vinculación con el lavado de activos, un asunto que notoriamente parece no importarle al nuevo gobierno".

El colectivo "No a la reforma" señaló que continuará exigiendo políticas integrales como forma de prevenir el delito, ya que interpretan que las medidas apuntadas por el gobierno electo recaen "únicamente en el poder represivo del Estado a través del uso de la fuerza".

Las políticas integrales, explicaron, deben focalizarse en prevenir el delito, "dando oportunidades reales a las personas para salir de los círculos de exclusión, violencia y criminalidad antes y después de entrar en conflicto con la ley".

"Construir otros caminos posibles no es tarea de unos pocos meses, es necesario que haya voluntad política que acompañe la organización, la información y el debate democrático con toda la ciudadanía", agregaron.