Centro Militar: la decisión de la SCJ sobre delito de lesa humanidad “refleja una restauración del espíritu”

Hace algunas semanas informábamos sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que consideró que los delitos de lesa humanidad no pueden ser imprescriptibles, y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 para un caso de torturas en Tacuarembó.

La decisión del máximo órgano del Poder Judicial fue aprobada por mayoría y sostiene que como el caso ocurrió cuando no existían los delitos de lesa humanidad ni su imprescriptibilidad, el caso no puede tratarse por esas leyes, por el principio de no retroactividad de la ley.

La resolución alude al pacto de San José de Costa Rica y a la seguridad jurídica que implica que los actos sean juzgados solo en función de las leyes que existían en el momento de cometido el hecho, dado que, de lo contrario, todo acto es susceptible de transformarse en delito por leyes futuras.

Desde el Frente Amplio y las organizaciones civiles se criticó esta postura. Por ejemplo, el dirigente de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta dijo a Montevideo Portal que la decisión era un "importante retroceso que va en contra con los lineamientos del derecho internacional".

El dirigente de la Vertiente Artiguista resaltó que los dos jueces que votaron en contra entienden que "las normas internacionales los delitos de lesa humanidad no prescriben" y subrayó que "desde el punto de vista práctico representa que va a ser imposible juzgar a quienes están siendo investigados en 200 o 300 causas".

En un comunicado divulgado este jueves, el Centro Militar saludó la decisión de la Suprema Corte de Justicia, y criticó la postura tomada por el fiscal de corte Jorge Díaz, quien fue uno de los que puso en duda la decisión de la SCJ.

"Esta decisión refleja una restauración del espíritu y de la letra de leyes que la República se dio en pleno ejercicio de su soberanía", sostienen, y agregan que, a la vez, se "consagra una reparación de las fisuras creadas en el Estado de Derecho por parte de quienes creen (que) las normas deben ser funcionales a un determinado discurso político, para ser utilizadas en campañas de ocasión, serviles a sectores o partidos que consideran que las instituciones son menos relevantes que sus proyectos estratégicos".

El Centro Militar cuestionó a Jorge Díaz, quien en declaraciones a la diaria había manifestado su contrariedad con el fallo. "Hay obligaciones que son generales para todos los casos de derechos humanos, así lo dice expresamente la Corte. Concretamente, dice que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado no son aplicables las normas de prescripción y de caducidad, de cosa juzgada ni de ningún otro tipo, que impidan la persecución penal. Por tanto, esta es la posición de la Fiscalía y es la posición que Uruguay como Estado -porque el Estado no es sólo el Poder Ejecutivo, es todo el Estado uruguayo- está obligado a cumplir, y yo entiendo modestamente que no se está cumpliendo, en tanto la SCJ entiende que hay delitos que están prescriptos", comentó.

En el comunicado, el Centro Militar cuestiona a Díaz y sostiene que "en vez de celebrar que la norma constitucional recuperó su imperio y los principales de derecho, luego de tantos desvíos y subalternas manipulaciones, prefirió alinearse en la dirección contraria y convertirse en uno más de los que sufren por este impecable fallo que lleva a su cauce la normalidad de los procedimientos judiciales", dicen.

"Nos preocupa que el Dr. Jorge Díaz, pueda rechazar una afirmación tan clara en favor de la Constitucional y de aquellas leyes y sentencias destinadas a sellar la paz y el trato igualitario ante la Justicia de todos los orientales", sentencian.