El control interno de la cárcel que alojará a los procesados por violaciones a los derechos humanos será realizado por policías y no por efectivos militares, como pretendía el Comando del Ejército.
La nueva cárcel, que albergará a los ex militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, será controlada por funcionarios de la Dirección Nacional de Cárceles, y no se permitirá la presencia de efectivos militares en el interior del recinto carcelario.
Esto se decidió finalmente este martes, en una reunión realizada en la sede del Ministerio de Defensa y de la que participaron el Comandante en Jefe del Ejército, Carlos Díaz, y los ministros Azucena Berruti y José Díaz.
El Comando del Ejército pretendía hacerse cargo del control interno de la cárcel, pero desde el Ministerio del Interior se entendía que este establecimiento debía regirse por las mismas normas que las otras cárceles, normas que establecen un control perimetral a cargo de militares y la administración interna a cargo de policías.
"El régimen interno, los regímenes de salidas, la administración de las visitas, y el trato con la persona detenida y, por lo tanto, la administración de la cárcel va a ser como establece la legislación, de funcionarios del Ministerio del Interior", precisó el subsecretario del Interior, Juan Faroppa, en declaraciones a Canal 12.
La cárcel, que se está construyendo con recursos del Ministerio de Defensa, está ubicada en el Batallón 7º de Ingenieros, en Avenida de las Instrucciones. Contará con 16 celdas, con cuatro camas cada una.
La Justicia procesó con prisión a los ex militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Rama, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande el 11 de setiembre, por los delitos de "privación de libertad en concurrencia fuera de la reiteración" y por "asociación para delinquir" durante la dictadura.
