Los pies en la tierra
Varias familias que ocupan un terreno desde hace varios años en Neptunia buscan evitar el desalojo planteado por la Justicia. El ex diputado Francisco Casaretto, coautor de la Ley de Usurpación de Inmuebles, habló con Montevideo Portal sobre la normativa vigente. El sábado se realizará una jornada en apoyo a los ocupantes.
Los ocupantes de Neptunia se declararon en asamblea permanente, luego que recibieran una intimación por parte de la Justicia para que desalojen unas siete viviendas que están construidas en una tercera parte de una manzana del balneario.
Este sábado se realizará una jornada de apoyo a los ocupantes, en respaldo a su proyecto cultural y comunitario en la zona. Desde las cuatro de la tarde, habrá exposiciones artísticas, bandas en vivo y baile en la noche, en el club del Remanso, ubicado en las calles Brisas del mar y Aguas Dulces.
En un comunicado, los ocupantes señalan que cuando llegaron al previo, algunos hace diez años, no encontraron ninguna señal que el terreno fuera propiedad privada, “se encontraban en situación de abandono porque teniendo un fin comercial no contaban con ningún tipo de cartelería informativa in situ que especificara que se encontraban a la venta o que pertenecían a alguien, tampoco contaban con ningún tipo de cercado o alambrado perimetral que delimite y de a entender que pertenecen a alguien, ni construcciones de ningún tipo. Abandono porque estando viviendo o cuidando de estos terrenos por muchos años nunca hubo notificación alguna de que pertenecían a alguien”.
”En ese pedacito del mundo las familias se desarrollan compartiendo alimentos, el cuidado de los niños, las huertas orgánicas. En la misma fracción de tierra esta el local de la radio independiente compartida por los vecinos y autogestionada barrialmente, tal cual como es su alcance. Entre estas viviendas no hay rejas, no hay muros, ni alambrados ¿es esto lo que se intenta barrer? ¿cómo se explica que la perspectiva social de uso de la tierra, que preconiza el gobierno actuante, habilite la eliminación de los proyectos que en la práctica están vivos y desde hace años? No pedimos asistencialismo ni caridad. Pretendemos seguir desarrollando esta modalidad de vida en colectivo y la práctica concreta de aquellas consignas que la mayoría del pueblo ha sostenido en la resistencia contra las topadoras del capital disfrazado de progreso; seguiremos luchando".
Hecha la ley
El terreno pertenece a Neptunia SA, una de las empresas impulsoras del balneario que en 2000 presentó denuncia ante la seccional 22 en reclamo de los terrenos. En abril de 2007, a raíz de un conocido caso de ocupación de un inmueble en Punta del Este se realizó una modificación del artículo 354 del Código Penal y se lo sustituyó por la Ley Nº 18116, de Usurpación de Inmuebles que fue aprobada por los legisladores de todos los partidos políticos.
La nueva ley facilitaba los desalojos de inmuebles, al quitar tres condiciones que requería el código penal para que se constituyera el delito de usurpación, que el dueño de bien denunciara la situación, que existieran daños en la vivienda y que la ocupación se hiciera con clandestinidad o engaño.
”Eso motivo que los cinco diputados del departamento (de Maldonado) y lo primero que hicimos fue presentar una denuncia contra estos ocupantes ilegales que terminaron yéndose. En lo personal seguí trabajando con algunos abogados y logramos presentar un proyecto de ley que fue aprobado en las dos cámaras con votos de los tres partidos políticos”, afirmó el ex diputado nacionalista Francisco Casaretto.
La nueva ley permite que cualquier persona pueda realizar la denuncia ante una ocupación, no se necesita que haya daño del bien y señala como un agravante que la ocupación se realice en zonas balnearias.
“No es lo mismo que uno ocupe una casa en Bella Unión a que ocupe una en un balneario en donde se está jugando el destino turístico y un montón de ingresos para el resto del país”, afirmó Casaretto.
Uno de los mayores opositores a la ley fue la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua que cuando fue aprobada realizaba ocupaciones de terrenos en el departamento de Tacuarembó.
Al ser consultado sobre si el hecho de que los ocupantes contribuyeran al desarrollo cultural del barrio podía considerarse como atenuante Casaretto respondió: “Acá lo que se protege es la propiedad del Estado y la privada, el código penal no dice que se actúe distinto si se está haciendo un bien o se está haciendo un daño. Con ese criterio no existiría propiedad ni privada, ni pública en Uruguay, todo sería de todos”.