El Partido Nacional ratificó ayer su disposición a "abrir" el proyecto de Rendición de Cuentas para realizar modificaciones a varias de las normas, a pesar del pedido del gobierno de aprobar rápidamente la iniciativa y sin cambios.
No obstante, la administración sugirió una variante ante la posición nacionalista: el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, transmitió al senador herrerista Luis Alberto Heber que está dispuesto a aceptar una renegociación pero a partir de la incorporación "de dos o tres grandes temas" pero sin cambiar el acuerdo alcanzado en la Cámara de Representantes.
"Me gusta la idea y vamos a trabajar en ella", señaló Heber. A manera de condición, el legislador herrerista dijo que esas propuestas importantes deberían concitar el apoyo de todo el Partido Nacional. De todos modos, dijo que no podía asegurar que otros legisladores nacionalistas --ante un estudio detallado-- reclamen modificaciones en la redacción de las normas.
Los blancos insisten en su rechazo de varios de los contenidos del capítulo sobre los funcionarios, y en particular sobre el nuevo régimen que tendrían los funcionarios contratados.
Concretamente, entienden que hay un vacío porque no reunirían "la condición de funcionarios públicos ni de empleados privados", quedando además sin definición dentro de qué repartición del sistema previsional quedarían incluidos.
Trincheras.
El pasado martes, en su comparecencia ante la comisión de Presupuesto del Senado, el ministro Atchugarry dijo que la norma de la Rendición de Cuentas que faculta al Poder Ejecutivo a disponer la fusión, supresión o reorganización de unidades ejecutoras, tiene mucho valor porque será la forma de "simplificar" la acción del Estado.
"No se trata de nada espectacular ni implica que mañana haremos un nuevo Estado; esto es una guerra de trincheras. Si con mucho trabajo y esfuerzo conseguimos que las personas se comprometan, a largo plazo lograremos mejorar la realidad del Estado", subrayó el ministro.
Asimismo, afirmó que no se puede prever si serán "atractivos" los incentivos convenidos para los funcionarios de entre 60 y 69 años que se quieran jubilar --a los 70 el retiro es obligatorio-- pero remarcó que la propuesta alienta a bajar el perfil de las edades, considerado hoy extremadamente alto.
"Me parece que este es un proyecto del Estado para los próximos 10 o 15 años (...). Será necesario ir a las oficinas, ver cuáles son sus objetivos, el número de funcionarios y cuáles son sus funciones. Esto realmente vale la pena, y no es la caballería galopando con las banderas, sino la infantería caminando en el barro paso por paso".
Unos 4.000 funcionarios estatales tienen entre 65 y 70 años, y llegan al doble entre 60 y 70.
Consultado en la comisión, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, descartó la posibilidad de elevar los topes jubilatorios para los funcionarios de entre 60 y 70 años. Ante planteos que surgieron en ese sentido, Davrieux aseguró que habría que pagar "centenares de millones de dólares" que son "imposible de pagar".
De todos modos, aclaró que el punto no podría plantearse porque la Constitución prohíbe tratar modificaciones jubilatorias en una ley de Rendición de Cuentas.
En una intervención posterior, Davrieux recordó que el proyecto promueve incentivos de retiro para funcionarios mayores a 60 años, un sistema de contratación a término y un sistema de redistribución de funcionarios donde se considere que hay excedencias, y puntualizó que en los hechos, el concepto de prohibición general de ingreso en la administración alcanza a un bajo porcentaje de las funciones del Estado.
Davrieux afirmó que de las 150.000 funciones que existen en el Estado (hay 140.000 funcionarios), 125.000 se pueden proveer "cuando se precisen". Esa amplia franja de "movilidad" de la administración central está integrada por cargos en la ANEP, la Universidad, el Ejército, la policía y las unidades de salud. "Donde hay prohibiciones es en las otras 25.000 (funciones), en una situación en que hace 10 años había más de 40.000. Quiere decir --acotó-- que ha habido una reducción del 40% de los funcionarios públicos en el área donde está prohibido ingresar. En todo lo demás, básicamente se mantuvo, o creció, como sucedió en los organismos docentes", subrayó.
Davrieux concluyó entonces que hay una parte de la administración que la prohibición de ingreso llevó "a un envejecimiento de la ocupación".
"En la OPP, por ejemplo, el más joven tiene 42 años y gran parte del personal ha superado los 60 años", dijo.
"En algunas dependencias, como en el Instituto Nacional de Estadística, sucede que los principales cargos están ocupados por personas próximas a cumplir los 60 años. Es decir que en el término de diez años desaparecerá todo el personal capacitado y con experiencia, que participó en tres o cuatro censos de población. No va a quedar nadie con experiencia censal, simplemente por la no renovación de los cuadros de estos funcionarios. Por eso se quiere habilitar el ingreso por la vía de contratación a término, justamente para evitar la inflexibilidad de contratar personal para una función que no puede desaparecer, mientras el funcionario inamovible queda aunque no tenga tareas para desarrollar, lo que hace que sea necesario inventarle una función", estableció.
"Además, se dan situaciones en las que la función desaparece o disminuye la cantidad de personal que ella requiere. Sucedió, por ejemplo, cuando se suspendió el transporte de pasajeros de AFE, cuyo personal se redujo de 10.000 a 2.000; o en organismos como el Puerto, que de 4.500 funcionarios pasó a tener 1.500, y se piensa que al darse en concesión la terminal de contenedores y demás, serán necesarios sólo 500. Entonces, queda personal excedente y hay que prever normas que permitan su desplazamiento, porque dada la rigidez del empleo público, no se puede percibir una retribución sin prestar algún tipo de servicio", concluyó.
