Montevideo Portal
Organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos analizan presentar una denuncia penal contra el presidente del Centro Militar Carlos Silva Valiente por haber asegurado que en Uruguay "no hubo una dictadura" y Gregorio "Goyo" Álvarez no fue un dictador.
A partir de las declaraciones de Silva Valiente entrevistado por César Bianchi para Montevideo Portal, el abogado especializado en Derechos Humanos Daoiz Uriarte consideró a través de su cuenta de Twitter que los dichos del ex militar "constituyen una verdadera apología del delito, negando la dictadura, las desapariciones y alabando a Gregorio Álvarez".
En diálogo con Montevideo Portal, el abogado dijo que "hay elementos" para considerar que con sus dichos el militar violó el artículo 148 del Código Penal, que pena con entre 3 y 24 meses de prisión a quien "hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos".
Uriarte sostuvo que "negar que hubo una dictadura y que hubo terrorismo de Estado es hacer apología de estos delitos".
El abogado también identificó "conductas delictivas" en el pasaje de la entrevista en el que Silva Valiente responde que "podrían volver los militares" si se genera "una dictadura, cuando no se respeta la democracia, como ahora".
Uriarte apuntó que esa postura de Silva Valiente podría violar el inciso 6 del artículo 132 del Código Penal, que pena al "ciudadano que, por actos directos, pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el derecho público interno".
En la misma línea, recordó que el artículo 330 de la Constitución establece que "el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución después de sancionada y publicada, será reputado, juzgado y castigado como reo de lesa Nación".
El abogado dijo que se mantiene analizando los elementos jurídicos del caso, aunque se mantiene "convencido" de que "al menos hay elementos para iniciar una investigación".
Además, advirtió que el militar "confundió libertad de pensamiento, que es absoluta, con libertad de expresión del pensamiento".
Uriarte indicó que además que varias organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos le solicitaron analizar el tema. Si bien prefiere tener el respaldo de las organizaciones, no descartó presentarse ante la Fiscalía para denunciar el caso a título individual.
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