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Al primer amor

TAP, la aerolínea de bandera de Portugal, vuelve al control del Estado

La aerolínea lusitana nació en 1945 y fue objeto de una polémica privatización en 2015.

03.07.2020 14:49

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2020-07-03T14:49:00
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Tras cinco años de gestión privada, el mazazo de la covid-19 ha devuelto a TAP al control del Estado portugués, que pasará a tener el 72,5 % del capital de la compañía e inyectará una ayuda de 1.200 millones de euros para reflotar la aerolínea de bandera del país.

 

Un acuerdo de última hora con los accionistas privados evitó su nacionalización, pero aun así la compañía volverá a estar bajo control público cinco años después de su polémica privatización, aunque mantendrá en su capital la presencia privada: un 22,5 % sigue en manos del empresario luso Humberto Pedrosa y un 5 % de los trabajadores.

 

El próximo paso será un plan de reestructuración para hacer viable la aerolínea que el Gobierno del socialista António Costa insiste en calificar como "estratégica".

 

SÍMBOLO CON 75 AÑOS DE VIDA

 

Nacida en 1945, en plena dictadura, TAP es una de las empresas insignia de Portugal y guarda un importante peso en su economía: emplea a más de 10.000 trabajadores, destina 1.300 millones de euros en compras a empresas nacionales y contribuye con 300 millones a las arcas públicas a través de impuestos y tasas de Seguridad Social.

 

Según datos de la propia compañía, en 2018 contribuyó a la economía portuguesa con 3.500 millones de euros -incluidos los impactos directos de los turistas que transportó-, lo que supone en torno al 1,7 % del PIB luso.

 

La mayor parte de su vida TAP ha estado bajo control estatal: nació como servicio público, pasó a ser gestionada por una sociedad anónima -aunque con fuerte presencia del Estado- entre 1953 y 1975 y con la llegada de la democracia volvió a la gestión directa de manos públicas.

 

Pero la llegada de la crisis financiera acabó dictando su transición al sector privado en 2015.

 

POLÉMICA PRIVATIZACIÓN

 

Tras varios intentos fallidos en los años previos, el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho vendió en 2015 el 61 % de la compañía al consorcio privado Gateway, integrado por el empresario portugués Humberto Pedrosa y el brasileño-estadounidense David Neeleman, dueño de la aerolínea Azul.

 

La operación fue fuertemente contestada por la oposición de izquierdas y los sindicatos, que protagonizaron manifestaciones en contra de lo que consideraban un acto de "destrucción de la economía del país".

 

Los socialistas, encabezados ya por António Costa, prometieron entonces revertir el proceso si conseguían llegar al Gobierno.

 

A finales de ese mismo año, Costa tomó posesión como primer ministro y en 2016 revirtió parcialmente la privatización, lo que dejó su estructura accionista como se mantenía hasta este año: un 50 % del capital en manos del Estado, el 45 % para Gateway y el 5 % restante para los trabajadores.

 

Aunque el Estado era su mayor accionista, el acuerdo cedía la gestión de la compañía al consorcio privado.

 

EN BUSCA DEL REFLOTE

 

En un lustro de gestión e inversión privada, la compañía logró tomar algo de aire y crecer en el mercado: pasó de 10 a 17 millones anuales de pasajeros, aumentó su flota de cerca de 75 aviones hasta superar el centenar y multiplicó su oferta de destinos y frecuencias, lo que le permitió además crecer de unos 8.600 trabajadores a 10.600.

 

Pero la situación económica del grupo nunca llegó a ser pujante, y en cinco años sólo logró registrar beneficios en el ejercicio de 2017, unos modestos números verdes de 21 millones de euros.

 

La aerolínea cerró 2019 con pérdidas de casi 106 millones, que la dirección achacó a la enorme inversión para renovar su flota y a los problemas del saturado aeropuerto de Lisboa.

 

El estado de sus finanzas era todavía demasiado delicado para hacer frente a una crisis como la del covid-19, que obligó a la aerolínea a paralizar su actividad casi por completo: pasó de 3.000 vuelos semanales a sólo 5, todos a las islas portuguesas, y suspendió el contrato al 90 % de sus trabajadores.

 

Sólo en el primer trimestre de 2020, las pérdidas de TAP se dispararon hasta 395 millones de euros.

 

Para evitar su nacionalización, el Ejecutivo de Costa impulsó un plan de rescate que preveía una inyección de capital de 1.200 millones de euros y un proyecto de viabilidad para la compañía, que será reestructurada.

EFE