Los impulsores de las iniciativas, realizadas a través de la plataforma Change.org, buscan concienciar a los parlamentarios españoles sobre esta cuestión. Más de 374.000 firmas apoyaron legalizar la eutanasia y otras más de 600.000 fueron en respaldo a Ángel Hernández, acusado por cooperación al suicidio de su esposa María José en abril pasado.
"Se trata de que nadie vuelva a pasar por lo mismo que ha pasado María José, porque ella ya ha dejado de sufrir, y yo no voy a sufrir más viéndola así", afirmó Hernández en declaraciones a la prensa, en las que destacó que hay "muchas" personas más "que están pasando esta situación".
Diversas encuestas realizadas en el último año evidencian que en torno a un 85 % de los españoles son favorables a la regularización de la eutanasia.
En mayo de 2018, el Congreso español debatió por primera vez una futura despenalización de la eutanasia, gracias al apoyo expresado por la mayor parte de los grupos parlamentarios a una proposición de ley que pedía la reforma del Código Penal en ese sentido.
Sin embargo, esa propuesta legislativa fue bloqueada por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's), que controlaban la agenda legislativa de la cámara.
Las imágenes de vídeo que mostraban cómo Ángel Hernández recibía el consentimiento de su esposa antes de suministrarle una sustancia, a comienzos de abril pasado, causaron conmoción en España cuando el país estaba cerca de iniciar la campaña para las elecciones legislativas.
La petición en apoyo a Hernández lleva recogidas más de 600.000 firmas y fue impulsada por el argentino Marcos Ariel Hourmann, el primer médico condenado en España por haber practicado la eutanasia.
"Queremos que este millón de firmas sean una demanda a los políticos, porque son ellos los que tienen que legislar, defender y escuchar a la gente y hoy por hoy no lo hacen", lamentó Hourmann a la prensa.
En la actualidad, el Código Penal español contempla penas de prisión de entre 4 y 8 años para "quien induzca al suicidio de otro" y a penas de entre 2 y 5 para quien coopere con "actos necesarios al suicidio de una persona". También establece que será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.
Pese a la penalización de la eutanasia, sí existe una ley de muerte digna que establece las condiciones a las que puede acogerse una persona en situación terminal, incidiendo en el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales.
Con información de EFE
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