Tras la interpelación por parte del Frente Amplio al ministro Luis Alberto Heber por el acuerdo firmado en febrero por parte del gobierno con la multinacional belga Katoen Natie (accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata), después los legisladores presentaron una denuncia penal por “abuso de funciones, falsificación ideológica” y otros delitos.

Este viernes los diputados de la oposición interpusieron un recurso de revocación ante Presidencia de la República, por considerar que existen “graves irregularidades administrativas en la firma del contrato”.

En este caso, si la respuesta por parte de Presidencia es negativa, dicho escrito deberá pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y desde el FA dijeron que una posibilidad es recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este miércoles el conductor de En Perspectiva conversó sobre este tema con el diputado Gustavo Olmos, integrante del sector Fuerza Renovadora (FA).

Olmos manifestó que le objetivo del recurso administrativo es que el Poder Ejecutivo “anulé las resoluciones que refrendaron el acuerdo que firmó con Katoen Natie”.

Sobre la relevancia que el FA le adjudica a ese acuerdo, Olmos dijo que se debe a que “es escandaloso” y 12 gobiernos que van a ser electos en Uruguay a partir de ahora “van a estar maniatados en su gestión por un acuerdo que fue firmado sin respaldo jurídico ni un informe de impacto económico”.

Olmos agregó que no hay antecedentes de un avasallamiento de esta magnitud al Poder Legislativo por parte del Ejecutivo. 

“La Constitución es muy clara y establece que para conceder un monopolio a una empresa se necesita una ley aprobada por dos tercios de la cámara y eso no se cumplió. Nunca había ocurrido que el otorgase un monopolio por vía administrativa saltándose el requisito de la ley”, explicó el legislador.

Para Olmos, de esta manera “se vulneraron los derechos políticos” no solo de los legisladores del Frente Amplio, sino de todos los de ambas Cámaras.

Finalmente, dijo en relación al reclamo de parte de los diputados del FA que el Poder Ejecutivo no ha “dado demasiadas señales con respecto a analizar el tema”, por lo que va a terminar por “ser dirimido en los organismos de justicia administrativa”.

“En la propia coalición muestran preocupación por estos asuntos. Si bien lo respaldaron en el Senado al ministro Heber, desde Cabildo Abierto planteó toda su argumentación en que el acuerdo era inconveniente. Y después planteó la adenda que simplemente establece la necesidad del visto bueno por parte del Estado en el caso de que las acciones (de TCP) sean transferidas a otra empresa”, apuntó Olmos.

Para el diputado frenteamplista el acuerdo “debe caer porque es ilegitimo”.

Según el legislador, en caso de que el contrato sea declarado nulo no puede haber “reclamo de la otra parte frente al Estado”.