Otra vez cerrado el corralito mutual: una decisión de película de la Guerra Fría

Un conjunto de burócratas que deben velar por el funcionamiento de un sistema obligatorio se enfrenta a un problema administrativo; como no puede solucionarlo a satisfacción, decide esclavizar a toda la comunidad, impidiéndole que elijan en cuál de los prestadores de salud atenderse.

Como thriller político puede no parecer gran cosa pero, visto desde la perspectiva de la vida de los ciudadanos uruguayos, es un asunto de lo más truculento.

Es tal la desmesura entre el problema y la "solución", tan manifiestos los prejuicios y fetiches ideológicos que asoman y de tal magnitud el descaro con que se limitan los derechos de los usuarios, que muchas personas se preguntan si no estaremos ante una operación distractiva, destinada a ocultar los verdaderos motivos.

En el fondo, lo que está en juego es un concepto de la política, el Estado y el poder basado en la inversión de los principios republicanos. Según estos, la soberanía radica en la nación y es de ella que emergen todos los poderes y facultades que se les concede a los gobernantes y administradores públicos.

Las autoridades de la salud, en sentido contrario, parten de la base de que la soberanía radica en ellas mismas y que, por lo tanto, pueden restringir el derecho de las personas toda vez que entiendan que lo estimen necesario. Así las cosas, vuelve a cobrar fuerza el mito griego de Procusto, el posadero de Eleusis que, según fuera el caso, estiraba o trozaba a sus huéspedes de modo que encajaran perfectamente en sus camas.

A menos que se nos esté ocultando la verdadera razón, el cerrojo mutual parece responder a un desprecio hacia la capacidad de los particulares de tomar decisiones con su vida. Esas decisiones a las cuales, tratándose de la atención sanitaria, el constituyente le reconoció una jerarquía superior, al consagrar en el Art. 44 que "todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud".

Cerca de cumplir dos siglos de vida republicana, los uruguayos no deberíamos aceptar que se nos rebaje de tan alta consideración jurídico-filosófica al estatus de usuarios aborregados, incapaces de determinar qué hacer con nuestras cápitas.

El discurso público uruguayo presenta aún amplios espacios en los que la Guerra Fría parece no haber finalizado, una especie de resaca intelectual que nos mantiene atascados. De hecho, no hay otro país democrático en el mundo donde el Partido Comunista tenga tanta influencia y poder.

Tener que argumentar sobre las ventajas de la competencia y la libertad de los consumidores, aún con las particularidades del SNIS, como condiciones que mejoran los sistemas productivos, la asignación de recursos y la obtención de resultados más positivos, es francamente decepcionante.

Encontrarse una y otra vez con esa tentación de abroquelar las decisiones de sistemas complejos en manos de un puñado de iluminados, parece algo peor que una pesadilla tardía de la Guerra Fría. Parece una patraña, dibujada por burócratas que quieren mantener nuestra atención lejos del verdadero problema.