Opinión | UMP 2: la verdad de la milanesa. Respuesta a la columna de Esteban Valenti

Por Raúl Viñas* 

Al igual que el Sr. Valenti, el lunes pasado escuché el intercambio entre el Dr. Hoenir Sarthou y el Ing. Pablo Carrasco en el programa "En Perspectiva".

Comparto plenamente los dichos del Sr. Valenti en el sentido de que uno de ellos insiste en falsedades, expresando cosas que no son ciertas, como por ejemplo las declaraciones del Ingeniero Carrasco en el sentido de que en el Río Uruguay "las aguas que toma y trata UPM1 mejoran la calidad del río después que pasa por esa planta".

Eso es falso, ya que, si eso fuera así, la planta reutilizaría esa agua "mejorada" y no tomaría nueva agua del río para sus procesos industriales.

También comparto que algunos actores hacen gala de un "manejo incompleto de las cifras y de los grandes bolazos". Así, por ejemplo, no es correcto que el tren de UPM vaya a costar "un total de 2.145 millones de dólares", como dice el Sr. Valenti.(3)

Sólo por el pago de la PPP el tren de UPM le costará a los uruguayos 2.220 millones de dólares, además de otros 172 millones de dólares por los contratos de mantenimiento y de las obras complementarias a la PPP, contratos que están disponibles en la web del MTOP. (1)

Un tren de casi dos mil cuatrocientos millones de dólares.

El contrato de mantenimiento es por algo más de trece millones de dólares anuales, por lo que la suma que pagará UPM por el uso de las vías, de acuerdo a la modificación del contrato firmada el 5 de abril de 2018, no cubre ni el 30% del costo de mantenimiento de una vía que nace en la planta de celulosa que instalará UPM y termina en la terminal celulósica en el puerto de Montevideo.

Por otra parte, no existen de acuerdo al estudio del MTOP(2), los otros dos millones de toneladas de cargas que dice la propaganda del gobierno y que posibilitarían alguna recuperación de los costos. En el estudio del MTOP no se llega a un millón de toneladas y no se han previsto en los planes y costos reseñados las facilidades logísticas para posibilitar ni siquiera esa carga.

De hacerse, esas facilidades serán más costos para nuestro país. El mismo estudio indica que mientras un convoy de UPM, que tendrá prioridad, podrá hacer el recorrido en algo más de cinco horas, un tren transportando otras cargas solo podrá hacerlo en catorce horas(2).

Eso, sumado a la prioridad para UPM en el uso de la vía, con la sola condición de un aviso previo de 24 horas, la convierte de hecho en su usuario casi exclusivo.

Por esa misma vía, UPM transportará anualmente, además, sesenta mil toneladas de soda cáustica y cincuenta y cinco mil de ácido sulfúrico, además de doscientas cincuenta mil de otros productos químicos. Por razones que no se han develado, el MTOP decidió mantener la traza de la vía definida en el siglo XIX para transportar esas cargas. Esa decisión pone hoy en peligro a miles de personas. En tal sentido se descartaron los planes de ordenamiento territorial de Montevideo y Canelones que planteaban la construcción de nuevas vías férreas siguiendo los ejes viales de las rutas 5 y 1.

Pero no terminan en el tren los costos para Uruguay a fin de que UPM instale su planta. La operación de la terminal portuaria celulósica dentro del actual recinto del puerto, a la que arribarán los convoyes cargados de celulosa de UPM de varios cientos de metros de largo, obligan a la construcción de un viaducto en la actual rambla portuaria cuyo costo en principio era de unos noventa millones pero ahora se dice serán ciento treinta. Además, el traslado a costo de Uruguay, de las actividades que se realizan hoy en esa área suma al menos doscientos millones de dólares mientras que el costo de las operaciones de dragado permanente hasta la terminal de UPM supera largamente los siete millones de dólares anuales que pagaría UPM por su terminal, esto en base a los números publicados en Montevideo Portal (3)

Son unos 300 millones de dólares más.

Respecto a la energía eléctrica, el contrato entre UTE y UPM se mantiene confidencial, pero su firma fue desaconsejada al directorio por la jurídica del ente. Al contrario de lo expresado por el Sr. Valenti(3), el precio publicado es casi el doble de los últimos contratos de compra de energía eólica y solar. Por ese contrato, UTE se obliga, la necesite o no, a la compra de energía por setenta y dos millones y medio de dólares anuales por veinte 20 años, que suman mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Podríamos agregar a esto que según los cálculos de UTE esa compra implica un incremento de 2% en la factura eléctrica de todos los uruguayos, unos treinta y dos millones de dólares de sobrecosto anual lo que se traduce en seiscientos cuarenta millones en los veinte años del contrato(4).

Por otra parte, y en contrario a la práctica usual para otros generadores la UTE, se obliga a obras de red de alta tensión para UPM por valor de ciento cincuenta millones de dólares.

Sin el recargo en la tarifa, son mil seiscientos millones de dólares

Ahora veo era correcto lo escrito en la columna del Sr. Valenti (3), no son 4.000 millones.

Son al menos cuatro mil trescientos millones lo que pagaremos los uruguayos para que UPM haga su negocio en Uruguay.

Sobre el tamaño del negocio que hará UPM aquí, el comunicado de la empresa en inglés es claro en el sentido de que el costo de producir celulosa sin impuestos en Uruguay es de unos doscientos ochenta dólares la tonelada. Ese costo supone una ganancia para UPM de unos trescientos dólares por tonelada, más de seiscientos cincuenta millones de dólares anuales.

La nueva planta de UPM operando en una zona franca no pagará ni un peso al Uruguay por su proceso de producción de pasta de celulosa. Pagará sí un canon, como pagan las otras 11 zonas francas que existen en el país y sus empleados harán sus aportes a la seguridad social, los que serán voluntarios en el caso de trabajadores extranjeros.

A todo esto, cabe preguntarse cómo y por qué se le da zona franca a UPM. Las zonas francas son una buena herramienta para desarrollar localmente procesos y actividades que pueden hacerse en cualquier parte del mundo, como puede ser informática, la producción de productos farmacéuticos o incluso los concentrados para bebidas gaseosas, nunca a una empresa que pretende procesar productos locales, procesamiento que no puede hacer en ningún otro lugar del mundo.

Así instaladas, las zonas francas celulósicas se parecen mucho a las factorías coloniales de las potencias europeas en las costas de la India o incluso China en los siglos XVIII y XIX.

Aquellas se hacían con el concurso de los reyezuelos locales, estas, en el Uruguay del siglo XXI, se hacen con la Secretaría de la Presidencia de la República, de acuerdo con el Decreto 477 de 2008.

Ese decreto hace decir a la ley de Promoción de Inversiones (Ley 16906) más de lo que el legislador dijo y debiera ser derogado, eliminando la posibilidad de contratos en que la República se rebaja al nivel de una empresa que viene a operar en su territorio y en los que más allá de las rebajas y exoneraciones de impuestos previstos por la ley se pactan cosas como la jurisdicción extranjera en la solución de conflictos y la no aplicación de normativa nacional a la operación de la empresa, eliminando así en la relación entre el estado y la empresa a dos de los tres poderes del estado.

*Representante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MovUS)

(1) http://ferrocarrilcentral.mtop.gub.uy/contratos
(2) https://www.dinama.gub.uy/oan/proyectos/proyecto-ferroviario-montevideo-paso-de-los-toros/
(3) https://www.montevideo.com.uy/Columnistas/Opinion--UPM-y-las-fake-news-de-sus-detractores-uc726345
(4) https://portal.ute.com.uy/sites/default/files/generico/UTE%20en%20Cifras%202018%20TRIPTICO_.pdf