Opinión | Ni efectiva ni económica: a una semana de decirle no a una reforma que no sirve

Por Marcos Hernández* | @marcos_3311

Luego de varios meses de intensa campaña contra el proyecto de reforma constitucional impulsado por el nacionalista Jorge Larrañaga las encuestas indican un amplio apoyo popular, pese a que ningún candidato a la presidencia la apoya, ni la apoyan los movimientos sociales (sindicatos, estudiantes, feminismos, etc.), ni siquiera jerarcas o instituciones afines a la policía y las fuerzas armadas, ni mucho menos la academia.

Se han esgrimido muchos y muy buenos argumentos contra el proyecto de "Vivir sin miedo", sin embargo, quienes lo defienden, aún se abrazan a dos razones para hacerlo:

1) Quizá la reforma no es lo mejor pero hay que hacer algo, y
2) Quizá es terrible, pero si no sos un delincuente no te va a afectar.

Lo cierto es que todos los partidos tienen propuestas para satisfacer esa necesidad de "hacer algo" y no pasan por este proyecto de reforma constitucional. La inseguridad es un problema real y que exige soluciones, pero la urgencia no nos puede llevar a tomar decisiones apresuradas cuyas consecuencias son por lo menos inciertas: no hay ninguna evidencia de que esta reforma vaya a resolver algo. De hecho, no es exagerado decir que las consecuencias serán perjudiciales, como lo indican todos los datos y argumentos que ya hemos escuchado. Además, a excepción de los allanamientos nocturnos, todo lo que se propone se puede hacer por ley y mucho incluso ya se ha hecho. Revertir las consecuencias de la reforma en caso de aprobarse implicará una nueva reforma, por eso, un problema dinámico y apremiante como la inseguridad no puede abordarse mediante normas cuya modificación es lenta y compleja, como la Constitución.

Ningún liberal consecuente puede estar a favor de dotar al Estado de armas con el potencial que tienen los allanamientos nocturnos y los cuerpos militares con funciones policiales. ¿Vale la pena darle esas herramientas a un eventual gobierno autoritario, sea de izquierda o de derecha? ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? Estamos viendo lo que pueden hacer fuerzas como los carabineros de Chile -fuerza que los impulsores de la reforma ponen de ejemplo- pero ya hemos visto lo que ha hecho la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela.

Pero además de los derechos y libertades políticas que están en juego (cosa que indudablemente nos afecta a todos, delincuentes o no), está el gasto del Estado. Uruguay cuenta con 421 policías ejecutivos cada 100.000 habitantes, según datos oficiales . Eso es casi cuatro veces más que China (120 policías cada 100.000 personas), y casi el doble que Estados Unidos (248 cada 100.000) . La pregunta es ¿necesitamos una Guardia Nacional con 2.000 efectivos más? Es esperable que la cantidad de agentes incida más en el presupuesto que en la seguridad.

No solo la Guardia Nacional nos va a salir cara. También el aumento de penas que supone la cadena perpetua y la eliminación de los institutos liberatorios. Más gente presa por más tiempo va a requerir más cárceles, más personal, más servicios y más seguridad en las mismas. Tenemos una de las tasas de prisionización más altas del continente con 11.000 personas privadas de libertad y aumentando, mientras aumenta la reincidencia y empeoran las condiciones de reclusión volviéndose vejatorias. ¿Vamos a seguir mal gastando recursos en un dispositivo que no impide el delito y encima lo reproduce? Parece mucho más sensato reducir el uso de la cárcel e invertir en mecanismos más eficientes en términos de reducción de la reincidencia, así como en políticas enfocadas en la prevención de la violencia y la reparación a las víctimas. De nuevo, todos los partidos tienen propuestas y hay para todos los gustos: ninguno avala el plebiscito.

Es un contrasentido ceder garantías y permitirle al Estado vulnerar derechos en pos de "proteger" esos mismos derechos: algo hay que hacer, y NO es reformar la Constitución. Es un error creer que "si no andás en nada raro no te va a pasar nada". Las decisiones políticas que tomamos afectan a toda la comunidad, y no sólo de manera indirecta a través del gasto del Estado como se dijo, sino a través de formas violentas, como las balas perdidas o las sospechas (in)fundadas, que es de esperar recaigan sobre quienes encuadran en el estereotipo de "pibe chorro", lo sean o no, en los barrios donde el estereotipo es más frecuente. La violencia institucional no es menos injusta, ni menos violenta, que la violencia delictiva. Y también le puede tocar a cualquiera.