Opinión | La LUC y los combustibles: apagar el fuego con nafta

En los tres primeros meses de aplicación de los mecanismos previstos en la Ley de Urgente Consideración (LUC) para el ajuste de los combustibles, el precio de la nafta aumentó $16 por litro. El litro pasó de $55 a $71 ¡Casi 30% de aumento! Al mes siguiente se produjo una pequeña baja, de apenas $0,5 por litro y quedó en $70,5. Ese es el valor que rige actualmente, ya que de allí en más el gobierno decidió no aplicar las recomendaciones que sugerían nuevos aumentos de precios en los meses de octubre y noviembre.

El argumento utilizado por el oficialismo para ignorar tales recomendaciones fue que ANCAP está obteniendo ganancias extraordinarias por las ventas de refinado a UTE para la exportación de energía a Brasil. El organismo estima que esta situación se extenderá hasta (atentos con la fecha) marzo o abril del año próximo. Es realmente sorprendente como las necesidades energéticas de Brasil coinciden exactamente con la fecha prevista para la realización del referéndum en Uruguay.

Lejos de estas excusas, la verdadera razón de que no se ajustaran nuevamente las tarifas durante los últimos dos meses, hay que buscarla en las 800.000 firmas juntadas por el conjunto de organizaciones sociales que apoyaron la convocatoria a referéndum para derogar 135 artículos de la LUC y el esfuerzo incansable de la militancia frenteamplista de a pie. Este revés político llevó al gobierno a apartarse de la pregonada transparencia y usar la discrecionalidad en el manejo tarifario, para así influir en la contienda electoral.

La mejor forma que el oficialismo encontró para defender esta ley de cara al referéndum es esconderla, no aplicarla, o hacerlo en cuentagotas, según su conveniencia política.

Aquellos que acusaban al Frente Amplio de hacer política fiscal con las tarifas para financiar políticas públicas en beneficio de la población, hoy las utilizan para hacer política electoral con el objetivo de defender una ley impopular e inconveniente.

Falsas promesas e incumplimientos evidentes

El gobierno ganó las elecciones prometiendo una baja en el precio de los combustibles. Responsabilizó del alto precio de la nafta y el gasoil con relación a la región, a ineficiencias que se derivan fundamentalmente de la posición monopólica de ANCAP en el mercado, y a ciertos subsidios —como el del gasoil o el supergás— que disminuyen el precio que paga el consumidor por esos bienes. Por su parte, acusaron una y otra vez a las administraciones frenteamplistas de usar las tarifas para recaudar. Cada ajuste de precios (usualmente una vez al año) era catalogado de tarifazo, aunque se realizaban por debajo de la inflación y más aun por debajo de los salarios (que crecían en términos reales). Hoy los ajustes se hacen casi todos los meses, por encima de la inflación y más aún por encima de los salarios (que están cayendo en términos reales). En este gobierno, a diferencia de los anteriores, las tarifas representan un peso creciente en el ingreso de las familias.

En ese marco, los miembros de la coalición conservadora plantearon que la LUC constituye un instrumento clave para bajar el precio de las tarifas. Recordemos que el proyecto original de LUC incluía la desmonopolización de ANCAP, propuesta que no fue acompañada por algunos miembros de la coalición. Lo que finalmente quedó en la Ley es un cambio en el esquema de modificación de precios en los combustibles, con ajustes a lo sumo cada dos meses, en base a una referencia predeterminada, que iba a dar mayor “transparencia” y que permitiría que las tarifas fueran convergiendo a los precios de paridad de importación.

Los primeros cinco meses de aplicación de este mecanismo de la LUC dejaron en evidencia que el oficialismo mintió a lo largo de la campaña electoral al prometer —sin ruborizarse— rebajas en los precios de los combustibles. También quedó en evidencia que los mecanismos que se crearon en la LUC adolecen de problemas y que no restringen la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Repasemos alguno de éstos.

En primer lugar, lo obvio, la fórmula mágica que el gobierno traía en la galera para bajar los combustibles no sólo no consiguió bajarlos, sino que los aumentó. En cinco meses la nafta subió 28% y el gasoil 26%. En el mismo período los salarios subieron apenas 2,4%. En los 15 años de gobiernos frenteamplistas los salarios de los trabajadores crecieron sistemáticamente y varios puntos porcentuales por encima del precio de los combustibles, situación que, como dijimos, era catalogada como “tarifazo” por la entonces oposición.

Lo segundo: no era necesaria  una ley para ajustar los combustibles de esta forma, menos aún, de manera urgente. El gobierno desde el primer día de su mandato podía hacer ajustes considerando la información proporcionada por el regulador (la URSEA) sin meter este tema a prepo en una LUC. No había nada que lo limitara.

Lo tercero: en estos cinco meses de aplicación quedó demostrado que se trata de un mal mecanismo, que carga sobre los hombros de hogares y empresas las fluctuaciones del precio del barril de petróleo en el mercado internacional y del precio del dólar. Sabido es que los hogares y las empresas, en particular las más pequeñas, tienen mucho menos posibilidades que el Estado de acomodarse a los cambios bruscos de precios,  típicos en este mercado, o contratar mecanismos de cobertura ante dichos cambios. Trasladar esta volatilidad, mes a mes, al sector productivo es perjudicial y atenta contra la eficiencia de la economía, aumenta el riesgo en las empresas (porque agrega incertidumbre) y encarece los contratos. ¿Cómo puede planificar un productor si no tiene certezas básicas de cuánto va a ser el precio del gas oil en los próximos tres o cuatro meses? Sólo agregan inestabilidad e imprevisibilidad. No dejan que el Estado contribuya suavizando lo que de otra manera es una montaña rusa. Es que para ellos, también en esto el Estado es un “lastre”. El malla oro lo resolverá y los demás, a penar al cuartito (o a la estación de servicio).

En cuarto lugar, los sobrecostos de ANCAP (o “Factor X”), según el cálculo que realiza la URSEA, tienen un peso bastante menor a lo que usualmente le adjudica el oficialismo. Según las cifras oficiales este sobrecosto representa $3 por litro, en la nafta y en el gasoil. De estos, $1,7 por litro refiere al subsidio a la garrafa de supergas, que beneficia a más del 90% de los uruguayos que utiliza esta fuente de energía para cocinar y calefaccionar sus hogares. Otro $0,6 por litro responde al subsidio implícito a los biocombustibles, y solamente $0,7 por litro es el sobrecosto estructural de la empresa propiamente dicho. La búsqueda de eficiencia debe estar en el centro de preocupación de cualquier jerarca de gobierno, pero no hay que perder de vista que en este caso estamos hablando de menos de $1 por litro en el precio final del producto. Esto deja en evidencia la enorme distancia que existe entre la realidad y el relato del oficialismo para el que  las empresas públicas son una pesada carga que asfixian al sector privado.

El argumento más increíble es que hay que bajar el subidio al gasoil para bajar los costos y bajar el precio del gasoil. Pretenden bajar el precio del gasoil quitando el subsidio al gasoil!! Muy raro, ¿no? Se ve que estaban preparados para alterar las nociones más básicas de la economía. Según ellos, el gasoil bajará cuando le saquemos el subsidio. ¡Insólito!

En quinto y último lugar, el gobierno ignoró las reglas que creó en la LUC para la fijación de precios. Los precios de los combustibles  quedaron subordinados  a objetivos electorales de cara al referéndum. Es imposible imaginar un nivel mayor de intromisión política en la gestión y los resultados de las empresas públicas.

No eran ciertas las promesas de campaña de bajar las tarifas, ni estas, ni otras. No era tan urgente la LUC ni tan puro el mecanismo. Si hoy estamos dando este debate imprescindible es gracias a las 800.000 voluntades que hoy explican lo que ningún gobernante consigue explicar. El propio presidente de ANCAP reconoció que mantener las tarifas en el tiempo “sería como comprimir un resorte”. A buen entendedor, sobran palabras. Si el referéndum no prospera, nos harán “saltar el resorte” y deberemos afrontar un fuerte aumento de los combustibles.

Es por todas estas razones que en el referéndum diremos SI. SI al cumplimiento de las promesas, SI a la transparencia en el manejo de la cosa pública, SI a la alta política, bien lejos de las especulaciones electorales.