Opinión | Hay que cambiar las reglas que regulan a los pequeños empresarios

Más del noventa por ciento de las empresas uruguayas son unipersonales, micro o pequeñas empresas que emplean a más del cuarenta por ciento de los trabajadores del país. Estamos hablando de unidades productivas que emplean, como máximo, a diecinueve personas. A su vez, la mayor parte de ellas son unipersonales o microempresas.

Su perfil es bien característico, se vinculan mayoritariamente a actividades comerciales y de servicios. Son los pequeños comerciantes que tienen un kiosco, un taller, una oferta de servicios, son también los carpinteros, herreros, electricistas y de diferentes oficios y profesiones.

Se trata de empresarios que tienen que asumir sobre sus hombros todas las funciones, desde la gestión general hasta todos los aspectos de manejo del personal, financiero y administrativo.

El tejido social y la integración de nuestra sociedad reposa sobre el buen pasar y rendimiento de esta enorme cantidad de unidades productivas. La salud económica y laboral de micro y pequeños empresarios es un requisito básico del bienestar de nuestra sociedad en los diferentes barrios, pueblos y ciudades.

Hoy en día, la crisis de competitividad que vive todo nuestro aparato productivo se expresa también en la difícil situación por la que atraviesan los pequeños y micro empresarios.

Los titulares de los diarios dan cuenta del cierre o el pase a seguro de paro de los trabajadores de empresas grandes. Obviamente es un gran impacto que ciento y pico de trabajadores pierdan su empleo ante el cierre o reducción de una empresa grande; pero no se registra en la prensa ni en la opinión pública el goteo de pérdida permanente de puestos de trabajo que se produce en el ámbito de estas pequeñas unidades productivas.

Esto está ocurriendo en silencio, desde hace ya unos cuantos meses y está afectando de manera muy preocupante la vida social de nuestras comarcas.

Todos los días se registra en los últimos tiempos, pequeñas empresas que reducen personal porque los costos no permiten mantener la plantilla de empleados, otras definitivamente cierran porque pierden plata y se endeudan crecientemente.

Estamos en un momento de crisis que afecta de forma evidente a los más débiles. Por otra parte, los trabajadores de estas pequeñas unidades productivas generalmente no están sindicalizados. Es más, en muchos casos se trata de empresas familiares en las que la reducción de los puestos de trabajo afecta a la propia familia en su nivel de ingresos.

Este proceso de deterioro afecta la vida cotidiana de los barrios y pueblos porque son trabajadores que, por lo general, están radicados en la misma zona.

Urge dar una respuesta ante la situación de crisis, pero también en una perspectiva de largo plazo, incorporando medidas tributarias, crediticias, laborales y administrativas que alivien y atenúen el creciente aumento de costos que estos emprendedores están sufriendo.

En nuestra propuesta de programa se expresa esta preocupación. "Nosotros entendemos que es necesario buscar incentivos positivos a nivel tributario y de promoción de inversiones para estimular el proceso de desarrollo empresarial.

Desde nuestro punto de vista, es necesario aprobar una ley de promoción de inversiones que deberá focalizarse en disminuir los costos de inversión y de puesta en marcha de la empresa.

Las relaciones laborales en las PYMES merecen también una consideración específica. Debe buscarse un equilibrio entre que los trabajadores de estas empresas no queden desamparados por el hecho de la pequeña dimensión de la plantilla de la empresa y simultáneamente contemplar que para una pequeña empresa conceder beneficios laborales que son factibles en empresas de mayor tamaño pueden condenar a las pequeñas a la ruina y terminar destruyendo los puestos de trabajo".

En este sentido, tener en cuenta la existencia de diferentes niveles de productividad tiene que ser el criterio rector para generar reglas de juego laborales apropiadas a las posibilidades de las unidades productivas.

También hay que revisar con criterio estricto la enorme cantidad de trámites administrativos y de contralor que se han ido incorporando de manera permanente en el giro de las micro y pequeñas empresas a costo de las propias entidades productivas en los últimos tiempos.

Hay que desburocratizar y racionalizar los trámites administrativos, reduciendo los correspondientes costos que deben afrontar los propios emprendedores.

Una de nuestras prioridades es avanzar en modificaciones de las regulaciones de las pequeñas unidades productivas para que prosperen, inviertan y se desarrollen efectivamente. Este es un objetivo económico que, a la vez, es socialmente muy valioso.