Contenido creado por Maximiliano Latorre
Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Opinión | Este gobierno hace uso arbitrario de la información pública

Bajo el rótulo de “campañas de bien público”, el gobierno abusa de la ley de medios para difundir publicidad de sus supuestos logros.

17.06.2019 13:19

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2019-06-17T13:19:00-03:00
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Este gobierno pasará a la historia por su tendencia al uso arbitrario de la información pública.

Por un lado, aplicando de manera abusiva alguna de las disposiciones de la ley de medios que le permiten, bajo el rótulo de realizar "campañas de bien público", hacer uso y abuso de espacios gratuitos en los medios de comunicación para difundir publicidad cada vez más evidente de "autobombo" de diferentes aspectos de su gestión.

Estamos hartos de recibir el bombardeo, con una frecuencia estridente, de mensajes de Presidencia de la República señalando, con formato publicitario de lujo, sus supuestos logros en diferentes ámbitos.

Es uno de los tantos ejemplos del contenido de una ley de medios que afecta las reglas de juego del pluralismo, el equilibrio y el necesario control de la gestión pública.

Pero, además, esto es particularmente grave cuando se hace uso de este mecanismo de promoción de la gestión del gobierno en plena campaña electoral, operando como un doble impulso a la publicidad electoral del partido de gobierno.

La dimensión más populista y poco republicana del Frente Amplio, emerge sin límites a través del uso de este mecanismo que afecta el debate democrático plural y equilibrado.

El Semanario Búsqueda publicó la semana pasada que, entre el uso de la cadena de radio y televisión y las supuestas campañas de bien público, el gobierno de Tabaré Vázquez emitió sesenta y un mensajes de promoción de su gestión. Este número casi duplicó el número de emisiones que se autorizaron durante el gobierno de Mujica. En efecto, entre el 1° de marzo de 2010 y el 11 de junio de 2014 se habían emitido treinta y cuatro mensajes.

A su vez, el aumento del uso de estos recursos es notorio a lo largo del período de gobierno de Vázquez; de tres en 2015 a veintiuno en el año 2018 y ya se emitieron nueve en lo que va de 2019 que es un año electoral.

Es inevitable vincular el incremento de este instrumento abusivo y antidemocrático con la creciente pérdida de apoyo a la gestión gubernamental y al partido de gobierno. "Cuando las papas queman" queda en evidencia la profundidad o no del apego a las reglas de juego del pluralismo y el equilibrio democráticos.

Por supuesto que, a este uso abusivo, vergonzoso y gratuito de la comunicación gubernamental, se agrega la apabullante publicidad de las empresas públicas que en 2014 fue realmente impresionante. A tal punto que el propio Mujica, ante las críticas reiteradas, reclamó a las empresas públicas que moderaran su pauta publicitaria. Hay que recordar, por ejemplo, que en aquel año ANCAP gastó diez millones de dólares en publicidad oficial para promover al ex Vicepresidente, Raúl Sendic, a costa del bolsillo de todos los uruguayos. Para colmo, tan sólo un año después, quedó en evidencia que ANCAP estaba fundida y tuvimos que poner ochocientos millones de dólares para rescatarla, monto que todavía estamos pagando en el precio del combustible.

Pero la cosa no termina aquí. Después de que hace ya varios años se aprobó la ley de acceso a la información, avance muy valioso en la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer la información sobre los diferentes organismos del Estado, ahora estamos viviendo un grave retroceso, en la medida que cada vez es más frecuente la respuesta negativa amparándose en una reserva cuya amplitud se ha agigantado en los últimos tiempos.

La ley de acceso a la información pública se ha desnaturalizado por el uso arbitrario de los jerarcas de diferentes organismos del Estado que buscan excusas o fundamentos inaceptables para negarse a brindar la información. Seguramente por miedo a que queden en evidencia eventuales abusos o situaciones irregulares.

Lamentablemente sigue en pie el criterio antidemocrático de los que piensan que la información sobre lo que se hace en el Estado es propiedad de los jerarcas o del gobierno de turno, cuando lo cierto es que esa información, al igual que los recursos que se manejan, son propiedad de los ciudadanos en una República.

Un ejemplo paradigmático de esta oscuridad, opaca y de secretismo, es la actitud que ANTEL ha mantenido desde el principio con respecto a todo el proceso de construcción del Antel Arena, negando toda la información y clasificando como reservadas todas y cada una de las resoluciones que se tomaron durante ese proceso. La actual candidata por el partido de gobierno, Carolina Cosse, fue particularmente responsable de este secretismo lo que indica lo que se podría esperar de una eventual responsabilidad presidencial a su cargo.

Pero el problema continúa hoy en día con el actual Directorio que también ha declarado secreta la propia gestión del Antel Arena, lo que nos impide conocer los números del emprendimiento así como las razones para tomar las decisiones de contrataciones arbitrarias que han ocurrido en los últimos tiempos.

Estos aspectos relacionados con el manejo de la información pública. Por un lado, el uso del poder del Estado a favor del apoyo a la gestión del gobierno y de su partido, impulsando campañas de autobombo y, por otro lado, la negación arbitraria del acceso a la información pública por parte de las autoridades de diferentes organismos del Estado, horadan y afectan la plenitud de las garantías democráticas, deslizan al país hacia concepciones populistas no republicanas y nos acercan a las notas típicas de las "republiquetas bananeras".

Nosotros hemos presentado proyectos de ley sobre ambos temas. En el primero limitando con precisión el alcance de las referidas "campañas de bien público" estableciendo que no deben ser publicitarias sino estrictamente informativas y que deben estar prohibidas en tiempos electorales.

En el segundo asunto, estableciendo que las reservas de información deben definirse antes de que ocurran los pedidos de acceso a la información y deben ser autorizadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública para que no sean resoluciones que impidan la información ciudadana.

Ambas iniciativas han quedado pendientes sin que fueran tratadas en el Parlamento, pero serán condiciones esenciales que pondremos ante nuestra eventual participación en cualquier esquema de gobierno. Transparencia y republicanismo son referencias insoslayables para nosotros.