Opinión | El cuco de lo público

El histórico discurso político que cuestiona el tamaño del Estado, sus inversiones y sus cometidos, desde hace unos años ocupa un lugar central en la agenda pública. El interminable debate por el costo del Antel Arena; las supuestas pérdidas de Ancap por refinar combustibles y la mala decisión de UTE por conformar Gas Sayago y proyectar una regasificadora, son temas sobre los que el oficialismo redunda.

No voy a extenderme en la situación puntual de cada situación. En tanto sabemos que el Antel Arena se realizó en el marco de la Constitución, que revitalizó una zona de la capital en cuyo lugar había escombros y que se realizó sin afectar las finanzas de la empresa, por lo tanto del erario público. Cabe aclarar que el costo de dicha obra, es bastante menor al déficit de la caja militar (450 millones de dólares anuales) y los 260 millones de dólares anuales de apoyo del Estado, que recibe el sector agropecuario, según un estudio BID del 2018, llamado “Políticas Agropecuarias en Uruguay, Cuantificación de los apoyos específicos 2014-2016 y su vinculación con las emisiones de gases de efecto invernadero”. 

Vale decir, que considero de suma importancia el apoyo que recibe el sector agropecuario, entre los que se encuentran la implementación de la trazabilidad, las exoneraciones fiscales, el gasoil productivo a los pequeños productores, la inversión en I+D que se realiza a través del INIA, entre otros. El Estado debe destinar fondos públicos a los sectores productivos porque son relevantes para nuestra economía. Pero también debe destinarlos en el Antel Arena para promocionar la cultura, en el apoyo a los pequeños productores para la defensa de la soberanía alimentaria, en la financiación de obras en el interior del país para el desarrollo de la descentralización. Sobran las razones para tener un Estado fuerte.

Con relación a Ancap, se ha construido un relato falso por parte de las autoridades del gobierno y los principales líderes de la coalición multicolor. El mismo tiene dos argumentos centrales, que la refinería es “ineficiente” y que la empresa es una “lastre” financiero para la sociedad. Los dos argumentos son rebatidos por documentos oficiales del gobierno y de la empresa. 

Ancap es eficiente, solo basta ir a ver el informe presentado por el gobierno a la Asamblea General el mes de marzo de 2021, “Revisión de Sector de Combustibles Fósiles”, en el mismo establece que en el 2019 se ahorraron 126 millones dólares por haber producido combustibles en vez de importarlos, y así hubo ahorros en años anteriores de entre 30 y 100 millones de dólares por año.

Por otro lado, Ancap no es ningún agujero ni es un lastre financiero para la sociedad. Basta ver los balances del 2015 al 2019 por el cual tuvo ganancias de un total de 200 millones de dólares acumulados en dicho período. Cabe aclarar que a septiembre de este año ha tenido ganancias por 98 millones de dólares.

En cuanto al proyecto de la regasificadora, su realización fue apoyada por todo el sistema político. En tanto legisladores y directores de Ute de la oposición en ese momento dieron su aprobación.

Vale decir que estoy de acuerdo y me parece necesario que los proyectos públicos, la gestión de las empresas y sus presupuestos sean auditados y que se rinda cuentas de su ejecución, porque ello permite ver la situación del organismo y/o empresa, detectar qué procesos funcionan, cuáles no y corregir las deficiencias u omisiones. Así, el proyecto de la regasificadora ya tuvo su comisión investigadora, el Antel Arena también, etc. En tanto sobre Ancap, se han gastado ríos de tinta sobre su gestión, sus inversiones y su eficiencia.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno utiliza la herramienta de las auditorías no para sumar transparencia a la gestión de las empresas públicas, sino que recurre cíclicamente a ellas como instrumento político para criticar al Frente Amplio y esconder la ausencia de políticas públicas que beneficien a los ciudadanos; generando un “ambiente” propicio para el desguace de las empresas públicas.

Ejemplo de ello sobran. La entrega del Puerto de Montevideo por 60 años a la multinacional belga Katoen Natie (KN). La desprotección de Antel, por medio de la portabilidad numérica que afectará a la empresa con una pérdida de aproximadamente el 11% del mercado de la telefonía móvil, en beneficio de las multinacionales que compiten en el mercado. La desmonopolización de la venta de combustibles en puertos y aeropuertos. Y la posibilidad de vender hasta el 50% de las acciones de las empresas subsidiarias de propiedad de las empresas públicas. Un conjunto de medidas establecidas en el Presupuesto Nacional y en la LUC (Portabilidad Numérica y venta de acciones de subsidiarias) que afectan directamente a nuestras empresas públicas y a nuestra soberanía.

Cuando defendemos las empresas públicas defendemos a los ciudadanos y los beneficios que generan las mismas en toda la sociedad. Primero que nada, porque las empresas públicas generan igualdad, porque aseguran la cobertura de los servicios a todos nuestros ciudadanos. Sería imposible tener el 99% de electrificación de nuestra población sin UTE, sería imposible que existan planes gratuitos de internet para el hogar y conexión en todos los centros educativos públicos sin Antel. Sería imposible brindar combustibles de la misma calidad y al mismo precio a todos los rincones de nuestro país sin Ancap. Y obviamente sería imposible que casi el 100 % de los hogares tuvieran agua potable sin OSE.

A su vez las empresas públicas con sus ganancias financian el gasto público, a través de las transferencias que se realizan a Rentas Generales. Esto significa la construcción de locales educativos, el pago de jubilaciones, el financiamiento de la salud pública, la inversión en seguridad pública, etc. En los últimos cinco años las empresas públicas aportaron aproximadamente 2.300 millones de dólares a Rentas Generales a partir de sus utilidades. No se necesita explicar que una empresa privada no volcaría ni un solo peso de sus utilidades en el presupuesto nacional.

No obstante, actores del gobierno permanentemente cuestionan las empresas públicas argumentando que son ineficientes y costosas. Dicha afirmación es falsa. Ni son ineficientes ni son costosas. Y para comprobarlo basta con remitirnos al portal de transparencia de OPP donde se exponen los resultados del ejercicio de las Empresas Públicas a 2018.

La información detallada en el gráfico deja de manifiesto que el discurso que viene dando el oficialismo no es veraz. Las empresas públicas (en su conjunto) durante la administración del Frente Amplio no han sido deficitarias, sino que, por el contrario, han dado siempre superávit y puntualmente en el último período, del 2015 en adelante, este crecimiento ha sido aún mayor al que se venía dando en períodos anteriores (ej: si consideramos solo el año 2018 respecto al año anterior, el aumento del resultado del ejercicio alcanza los $7.400 millones). 

Por otro lado, informes tanto del BID como de la OCDE, dan cuenta de la calidad, la accesibilidad y el alcance de los servicios públicos de la región.

Si bien existe un empeño por desprestigiar los logros alcanzados por nuestro gobierno, tratando de crear un pensamiento colectivo erróneo que disimule los resultados reconocidos a nivel mundial, la OCDE en “Perspectivas económicas- América Latina 2020” publica que, en la proporción de alumnos matriculados con una computadora conectada a Internet en casa; Uruguay ocupa el tercer lugar superando a países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México y superando en casi un 20% el promedio de América Latina (gráfico 6).

A su vez, en el mismo informe destaca a Uruguay como primer país en disponibilidad de una plataforma eficaz de apoyo al aprendizaje, superando ampliamente a nuestros países vecinos (gráfico 7).

El BID en su publicación, “Des estructuras a servicios, El camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe” 2020, muestra a Uruguay como el primer país de América Latina y el Caribe, con mayor cantidad de personas con acceso al servicio de agua durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

En dicho informe el BID describe el acceso y la calidad de la infraestructura de América Latina y el Caribe y da cuenta del costo de algunos servicios públicos, como la electricidad, el agua y el transporte, para un conjunto de capitales de América Latina. Para ello compara el precio de dichos servicios en relación con los ingresos de la población. De esa comparación, Montevideo es la que tiene servicios menos costos tanto para la población en general como para el 20 % de menores ingresos, como se puede ver en el siguiente gráfico.

Queda claro que las empresas públicas son beneficiosas para nuestra población. Que no generan un costo para la sociedad, y que tienen niveles de calidad y cobertura que se encuentran en los más altos de la región. Por lo tanto, debemos desterrar la mentirosa idea de que lo público es un lastre para el país, todo lo contrario. Ese discurso pretende solventar el pretexto de la privatización y abrir la oportunidad de negocios con ganancias millonarias a privados.

Entendemos que es importante dar una discusión seria sobre el rol de las empresas públicas en el desarrollo de nuestro país. Sobre su futuro, sobre la importancia y el impacto que tienen en el bienestar de nuestros ciudadanos, de nuestra soberanía y de la economía en su conjunto. Con transformaciones permanentes, mejorando su eficiencia y la calidad de sus servicios, pero con una guía que la resume en la siguiente frase de nuestro prócer: “No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”.