Eduardo Gudynas
Escribe Eduardo Gudynas

Opinión | El ataque a la agroecología, otra vez

Dice el saber popular que siempre estarán aquellos que ante lo que funciona bien, logran complicarlo para que funcione peor. Eso es justamente lo que está sufriendo la agroecología en Uruguay

14.10.2021 12:36

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2021-10-14T12:36:00
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En el país se contaba con un mecanismo de certificación de productos agroecológicos que funcionaba muy bien desde hace muchos años. Sin embargo, acaba de ser suspendido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). De ese modo se da otro paso en contra de prácticas agropecuarias amigables con el ambiente, e incluso contrariando los propios intereses exportadores del país.

Comencemos por precisar que la agroecología es un sector enfocado en obtener alimentos sin químicos y por ello más sanos, sin contaminar los suelos o el agua, consumiendo menos combustible y demandando más mano de obra. Sus productos son certificados para acreditar que lo ofrecido en ferias o supermercados realmente cumple esos requisitos. En la normativa uruguaya se admitían las certificaciones tanto públicas como las privadas, y entre éstas se encontraba un mecanismo promovido desde la Red de Agroecología desde hace 17 años. Era un procedimiento de certificación riguroso, pero además tiene la ventaja de ser participativo, al contar con la presencia de productores, técnicos y consumidores.

Sin embargo, el MGAP arremetió contra esa certificación. El pasado julio, los jerarcas de las direcciones de Servicios Agrícolas y de la Granja del MGAP, intimaron la suspensión de esas certificaciones participativas. Seguidamente indicaron que en Uruguay se aplicarían los reglamentos de la Unión Europea, el MGAP otorgará los certificados, y se llama a entidades que desean ser certificadoras en el futuro.

Estamos ante una sucesión de hechos que merecen explicarse. Se cancelaron las evaluaciones y certificaciones que participativamente se realizaban en Uruguay, por uruguayos, y que atendían a criterios ecológicos y sociales propios de nuestro país. Se las reemplaza por regulaciones propias de Europa, con lo cual no parece entenderse que las condiciones de producción, por ejemplo de un chacarero de Canelones, no tienen nada que ver con la ecología, la economía y la sociedad de un granjero francés. El llamado a nuevas entidades de certificación en la práctica favorecerá a empresas privadas que se dedican a ese rubro. La consecuencia es anular un mecanismo más barato y participativo, por otro, mucho más caro y empresarial. Y al encarecerse todo el proceso, muchos productores agroecológicos quedarán por el camino sin certificarse.

Ante esa medida se elevaron múltiples voces de alarma. La más reciente ha sido un comunicado en defensa de aquel mecanismo apoyado por casi cincuenta organizaciones. Adhirieron desde grupos enfocados en temas rurales, ambientales o asociaciones de consumidores, a muchas otras, tales como FUCVAM, Cáritas y hasta el PIT CNT.

No pasa desapercibido que esa medida del MGAP es una más en una larga lista de acciones reñidas con el cuidado ambiental. Entre ellas se cuentan el enorme atraso de ese ministerio en poner en marcha a la Comisión Nacional para la producción agroecológica, a lo que siguió dejar sin fondos al Plan Nacional de Agroecología, y la postura del presidente de esa comisión y delegado del MGAP, el agrónomo Eduardo Blasina, que objetó a ese mismo plan. Dicho de otro modo, si la agropecuaria ecológica fuese la “vacuna” contra las enfermedades de la tierra y el agua, el presidente de la comisión encargada de esa prevención ha resultado ser un militante de las anti-vacunas. Ahora se suma la cancelación de las certificaciones participativas.

Esta situación es otra consecuencia más del problema estructural de la política y gestión ambiental del Uruguay que mantiene dos cabezas: por un lado el Ministerio del Ambiente y por el otro el MGAP. En estos y otros casos, como el manejo de agroquímicos, la habilitación de transgénicos o el control de la forestación, el MGAP apunta en una dirección contraria a la protección del ambiente. Ahora lo hace con la agroecología.

Esa cartera sigue criterios económicos convencionales, en muchos casos anticuados, que resultan en defender prácticas productivas de alto impacto ambiental, sobre todo empresariales, y al mismo tiempo entorpece o traba las alternativas ecológicas. Recordemos que los jerarcas del MGAP hace poco tiempo atrás sostenían que el herbicida glifosato era apenas una “aspirina”, al parecer desconociendo que estaba en el centro de una enorme polémica en muchos países y que se acumulaba la información científica sobre sus impactos en la salud y el ambiente.

Las prácticas agroecológicas no deben ser vistas como un nicho productivo marginal que está allí para brindar productos a un grupito de consumidores que tienen sus manías. Muy por el contrario, es un tipo de agropecuaria que Uruguay necesita potenciar y multiplicar. Si se reconoce que el país vive una crisis de contaminación de suelos y aguas en el medio rural, y que se debe sobre todo al intensivo uso de agroquímicos, debería promover prácticas cuidadosas de los ecosistemas, y eso es justamente lo que ofrece la agroecología.

Esa miopía ambiental a su vez tiene otra consecuencia negativa aunque desde el punto de vista económico. Al favorecerse a las certificadoras empresariales, los costos serán mayores y no todos podrán pagarlos, y al seguir criterios europeos, nos vuelve más dependientes de las estrategias comerciales de la Unión Europea. El resultado de esa estrategia ya lo hemos visto con las mieles que no se pueden exportar o los cargamentos de naranjas que son devueltos, en ambos casos por residuos de agroquímicos.

Considerando todos esos aspectos, sean ambientales, sociales como económicos, por momentos uno se pregunta si el MGAP no desea convertir al país en un especialista de productos contaminados ya que eso resulta, por ahora, económicamente más ventajoso. Bajo esa situación, en un futuro cercano, tal vez podrá exportar, pero lo hará a mercados de segundo o tercer orden, y con precios tan deteriorados como esos alimentos, y al mismo tiempo, nuestros suelos y aguas estarán más contaminados.

Es necesario un cambio de rumbo. La salud y calidad de nuestros alimentos, la necesidad de proteger el agua y la biodiversidad en nuestro país, y el amparo a la producción rural, requieren reconocer los procedimientos participativos, y en lugar de atacar a la agroecología comenzar a entenderla y respetarla.

Más informaciones:

Comunicado de la Red de Agroecología del Uruguay sobre la suspensión de la certificación
resuelta por el MGAP: https://redagroecologia.uy/sites/default/files/2021-07/Comunicado%20-%2027%20de%20julio%20de%202021.pdf

Red de Agroecología del Uruguay: https://www.facebook.com/redagroecologia.uy/

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Eduardo Gudynas

Analista en temas de ambiente y desarrollo, y defensor de la Naturaleza. Integrante del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado en el Departamento Antropología, Universidad California, Davis. Acompaña organizaciones ciudadanas, desde grupos ambientalistas a federaciones indígenas, en distintos países del continente.

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