Escribe Alberto Sayagués

Opinión | Cobrar cuatro remuneraciones en Antel: la culpa es del sistema

Sin información, seguiremos financiando un modelo de administración que hace agua desde hace tanto tiempo.

13.05.2026 16:26

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Antel tiene tres sociedades anónimas y un fideicomiso (Antel Arena) en Uruguay, además de cuatro empresas en el exterior. Un conglomerado que escapa del control de la opinión pública y también de los periodistas de investigación.

¿Hay empleados de Antel que perciben otras remuneraciones en sus subsidiarias?

Sí. Eso queda visto en la Resolución E. E. nº 2015-17-1-0003162, Ent. nº 2583/15, de fecha 22 de julio del Tribunal de Cuentas, el que no objetó lo de cobrar cuatro (sí, cuatro) remuneraciones (sueldo, honorarios) en el grupo Antel: ITC-HG-Accesa.

No culpo a la persona, culpo al sistema que lo genera, culpo a la falta de transparencia que oculta la información al ciudadano, quien —directa o indirectamente— paga la fiesta.

La opacidad de la información no es un fallo técnico, es una política deliberada. Si la información estuviera disponible en un clic, el abuso sería riesgoso.

El problema en la administración

A partir del llamado “pacto del chinchulín” de 1931, se multiplicaron los abusos en el Estado. Allí se inauguró una cultura de reparto de cargos como moneda política.

Veinte años después, en un intento de frenarlos, se aprobó la ley nº 11.925 que estableció:

“Art. 32. Ninguna persona podrá ocupar a la vez dos empleos públicos rentados, de carácter permanente con cargo a fondos públicos ya dependan de la Administración Nacional, ya de la Municipal, ya de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, u otros servicios de naturaleza estatal creados por ley, ya de una y otros, quedando en consecuencia prohibida la acumulación de sueldos en una misma persona… sea con este título o con el de dieta, gratificación, pensión, emolumento u honorarios o cualquier otro título o concepto”.

Cuatro años después, otra ley eliminó el párrafo clave (en negrita) sin que, en los hechos, la norma legal se hubiera aplicado.

La creación de entidades administradas por derecho privado superó legalmente ese conflicto de intereses, pero no éticamente.

Nota: hay excepciones legales, como los docentes, etcétera.

Podría citar muchos ejemplos de este último medio siglo.

Cuando era director de un organismo público, me resultaba difícil encontrar en su oficina al director de la Jurídica, quien de inmediato me llamaba con su teléfono celular desde el instituto paraestatal donde también trabajaba en ese horario.

Los dos ejemplos que se presentan son el problema que Ulises Graceras describió como “el empleo público como base de operaciones”.

El abuso es irritante, aunque el mayor daño se hace a la gestión, porque se genera eso de que “lo urgente no deja lugar a lo importante”.

El abuso también es injusto, porque acaparar más de una “ocupación” implica “desocupación”. Los jóvenes deberían tenerlo presente e irritarse. Ellos también pagan.

El abuso perjudica al sistema político, su imagen y a la convivencia democrática.

El malgasto es la principal causa del continuo déficit, el cual se financia con más deuda.

Jóvenes, el déficit de hoy es el impuesto de mañana. Ustedes lo pagarán.

Sé que algunos “beneficiarios” estarán pensando que esa acumulación de remuneraciones corresponde a un trabajo necesario, útil y que genera riqueza o que ellos lo lograron con base en sus méritos. Es posible.

Ese no es el punto, aunque la historia de la administración señala otra cosa.

Lo primero no es discutir la pertinencia de tales situaciones. Lo primero es transparentarlas. Si son razonables, ¿por qué son reservadas?

Nadie puede oponerse a que la situación sea pública, si a la vez es correcta.

Es la burocracia la que suele ocultar la información al público.

Un experto internacional me señaló una vez que la burocracia es supersticiosa, tiene miedo a que la luz de la información del control le eche algún maleficio…

Es muy fácil hacerlo transparente, si se quiere

Sucede que el Banco de Previsión Social, la Caja Militar y la Caja Policial reciben y procesan todos los meses la información de altas y bajas de funcionarios en el sector público no financiero, de los organismos paraestatales y de las sociedades estatales. Es automático generar una exportación de esa información, anonimizada, a un sitio web público para control ciudadano del ingreso de funcionarios, todos los meses y de los dobles empleos.

Algo similar ocurre con la mayor parte de la contratación de servicios personales, ya sea a través de contratos personales o de empresas de servicios personales, porque en la mayoría de las situaciones se conoce quién va a trabajar. Son los ejemplos que se señalaron. Esto se puede implementar fácilmente a través del sitio de compras estatales y complementar con alguna otra medida.

Debería completarse el procedimiento con que “el contador central o quien haga sus veces” no pueda tramitar el primer pago sin contar con dicha publicación.

Se puede utilizar como identificador la cédula de identidad anonimizada.

No es una cuestión de “ley aprobada, problema solucionado”, como sucedió con dicha ley nº 11.925.

Es crear, con sencillez, un procedimiento —sin creaciones de cargos— para contar con información sumaria para el control ciudadano. Primero hay que ganar en extensión y recién luego de consolidado, en profundidad.

Sin información, seguiremos financiando un modelo de administración que hace agua desde hace tanto tiempo.

Desde aquella norma legal de 1953 se han creado:

·         5 ministerios.

·         6 empresas públicas (algunas cerraron).

·         42 personas públicas no estatales.

·         30 sociedades anónimas de las empresas públicas.

·         30 o más fideicomisos y similares.

·         500 o más cargos de particular confianza.

·         136 alcaldes de municipios.

·         100 o más adscriptos de confianza.

·         Un número desconocido de contratos de confianza.

·         Un número desconocido de encargaturas de confianza.

¿Se justifica tanta inflación administrativa?

La transparencia no es un lujo técnico. Es una necesidad para el control ciudadano del destino de sus impuestos.

Es la mejor forma de recuperar la legitimidad del Estado y de darles a los jóvenes las oportunidades que hoy les estamos robando, poco a poco.

No se piden revoluciones, solo un botón en una web.

No hay que encubrir abusos.