Los cincuentones, una roca en el zapato del país

El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca dar una solución al problema de los cincuentones, que fue generado por la reforma del sistema previsional de 1996 aprobada durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, es el primer proyecto de política social con una marcada redistribución regresiva del ingreso en los 13 años de gobiernos del FA.

Es evidentemente regresivo porque favorece a un pequeño sector de la población y afecta de manera negativa a todo el resto, en especial a los sectores menos favorecidos. Los uruguayos de menores ingresos, los pobres, deberán contribuir con su esfuerzo al pago de los nuevos beneficios para un sector de la población que se encuentra bien lejos de la línea de pobreza.

Las cifras son importantes. Los números no son un problema accesorio, son vitales para analizar los efectos de la iniciativa. No es lo mismo que el costo sea de 2.500 millones de dólares que trepe hasta los 3.700 millones de dólares. Y no es lo mismo buscar una solución equilibrada y realista al problema planteado, que aprobar un proyecto de ley que lo único que hace es postergar el impacto fiscal para dentro de 4 a 6 años, aumentando la potencia de la explosión de manera considerable y comprometiendo el futuro como ningún otro proyecto impulsado por los gobiernos del FA había hecho hasta el presente.

El origen de esta situación injusta, y parto de esa base, que enfrentan los cincuentones se remonta al año 1996 y entiendo que debería encontrarse una solución razonable para mitigar la injusticia generada por la reforma previsional. Pero esa solución no puede implicar un beneficio importante para un reducido sector de trabajadores, los que ganan hoy más de 55.000 pesos, a costa de todo el país y del resto de los trabajadores. Lo reitero:el proyecto es regresivo y. por tanto, resulta contrario a la filosofía con la que ha actuado el FA desde sus orígenes en materia económica y social.

Lo cierto es que, cuando en 1996 se hicieron las estimaciones de los efectos de la reforma se consideraba que los salarios iban a crecer poco, como había ocurrido durante décadas en nuestro país. Nadie previó que a partir del 2005 gobernaría el FA y los salarios reales tendrían un aumento muy superior al previsto y con claros efectos progresivos sobre la distribución de los ingresos. El elevado e ininterrumpido crecimiento de los salarios ocurrido durante los últimos trece años es lo que explica, en buena medida, que hoy exista el problema de los cincuentones.

Ahora lo que hay que valorar no son solo las cifras y los plazos en que se materializarían los efectos del proyecto de ley impulsado del gobierno. Debe considerarse que, cuando se termine la plata transferida desde las AFAPs al BPS por la desafiliación de los beneficiarios del proyecto, los uruguayos deberemos financiar de manera permanente el pago a los cincuentones con recursos de rentas generales, o lo que es lo mismo, con el pago de impuestos.

Es evidente que en el origen del proyecto del gobierno está la irreductible posición ideológica contraria a las AFAPs que mantiene el BPS y la actual conducción del MTSS. No importa que el déficit del BPS se agrande y se vuelva inmanejable, lo importante es demostrar que se pudo desandar la reforma previsional de 1996. Poco importa quién debe pagar la factura. Mejor dicho, se defiende el proyecto sabiendo, perfectamente, que los recursos saldrán del bolsillo del resto de los trabajadores de este país.

El esfuerzo se trasladará algunos años y recaerá sobre las cuentas públicas que deberán manejar otros gobiernos. Se trata, por tanto, de un "regalo" para los próximos gobiernos, sin importar si son de izquierda o de derecha.

Este regalo lo pagarán los trabajadores, todos, inclusive los que se sientan hoy protegidos por este proyecto de ley. En el futuro no habrá espacio para seguir favoreciendo las jubilaciones más bajas, como hicieron los gobiernos del FA hasta ahora, y tampoco habrá recursos suficientes para atender muchas de las demandas sociales más valoradas por nuestra sociedad. El déficit dentro de cinco a seis años será enorme y, lo que es peor,habrá aumentado de forma permanente.

Cuando cualquier analista económico, en cualquier parte del mundo, se disponga a calcular el costo real de la ley de los cincuentones que pretende aprobar el gobierno, saltará grande como una casa que las cuentas públicas de Uruguay empeorarán en el futuro de manera importante y esto impactará sobre la sólida posición económica del país que han logrado generar los gobiernos del FA. Se darán cuenta que el aumento del déficit fiscal no será atribuible a un gran esfuerzo para construir infraestructuras, lo que implicaría una inversión reproductiva que podría mejorar la productividad, y que no sería un esfuerzo para aumentar la inversión social, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que sería interpretado como una expresión de la sensibilidad de izquierda de los gobiernos del FA. El camino elegido llevará a interpretaciones bien diferentes: para resolver un problema que afecta a un reducido sector de ciudadanos, que por supuesto tienen sus derechos, el gobierno se dispone a comprometer la estabilidad económica del país.

Esta situación debe ser revertida. Hay que buscar un equilibrio que permita atender el problema planteado sin que la situación económica y fiscal del país se deteriore de manera permanente, aunque diferida. El proyecto de ley de los cincuentones que presentó el gobierno crea una situación desequilibrada e injusta.

En este país todos sabemos que el Ministerio de Economía y Finanzas es quien se encuentra mejor capacitado para dimensionar los efectos fiscales y financieros de una iniciativa de este tipo. Cuesta entender, entonces, por qué el gobierno está apoyando la defensa de su proyecto a partir de estimaciones generadas por el BPS. Nadie duda que el costo real de la iniciativa es considerablemente mayor que el calculado por el BPS. Es lamentable pero le hace muy mal al gobierno y al país que existan dos "estimaciones oficiales" sobre algo tan delicado y tan costoso para la sociedad.

Si se aprueba el proyecto tal como fue enviado al parlamento, los responsables serán varios. Primero los autores intelectuales y políticos del proyecto, comenzando por la Presidencia y el MTSS. Segundo el MEF, porque si efectivamente es tan grave y son ciertas las cifras que maneja, no puede escudarse en la disciplina partidaria ni en la unidad del gobierno. Siempre hay que poner por delante al país y a su gente. Tienen que existir alternativas para no ser parte de semejante cambio en el rumbo de la política económica y social del país. Cada uno elige sus prioridades, no veo por qué habría que acompañar semejante regresión política e ideológica. Todos somos grandecitos. ¿O no?

Antes de ponerle punto final a esta columna quiero dejar en claro que considero un grave error comparar la instalación de la segunda planta de celulosa de la empresa UPM con la ley de los cincuentones. El proyecto de esta empresa es la más gran inversión de la historia del país y tendrá un impacto y permanente sobre el PBI nacional de aproximadamente 2%. En la cadena forestal y logística se crearán 8.000 puestos de trabajo y las obras de infraestructura, en particular las del ferrocarril central, determinarán que más de un millón de hectáreas del centro del país se transformen en un área rentable para la producción de cereales. Los avances de este proyecto se verán rápidamente. UPM necesita ir adelante con la construcción de la segunda planta. Ya tiene una planta en Uruguay, la mejor y que le ha dado los mejores resultados de todas las que tiene en el mundo, incluyendo las de Finlandia.

Un dato. Hoy transportar por camión una tonelada de granos desde esa zona (promedio) hasta la terminal de cargas de cereales EXISTENTE en el puerto de Montevideo cuesta entre 60 y 70 dólares, por tren el costo será de 9 a 10 dólares. ¿Se entiende? Con el flete por carretera no hay posibilidad alguna de que a los productores les cierren los números básicos. Y estamos hablando de entre 2 a 3 millones de toneladas de cereales más producidas por Uruguay.

Las inversiones en infraestructura -en el ferrocarril, en carreteras, en puentes, en caminería y en el puerto especializado en celulosa-tendrán un fuerte impacto productivo que contribuirá a la continuidad del proceso de desarrollo económico y social del país. La ley de los cincuentones lo único que deja es un enorme agujero, perpetuo e injusto.

Por Esteban Valenti