Pero, como en tantas otras cosas que están pasando, lo que yo pienso y lo que yo quiero para este país, no necesariamente se superpone con la voluntad que la mayoría del pueblo uruguayo ha expresado en las urnas.

Por dos veces la ciudadanía uruguaya ha ratificado la vigencia de esta norma: en 1989, luego de que interpusiéramos un recurso plebiscitario, y 20 años más tarde, frente a una propuesta de enmienda constitucional. Y en las dos oportunidades la ciudadanía se pronunció a favor de la norma.

Pues bien, esta semana el parlamento debatirá acerca de un proyecto de ley interpretativo que propone la inaplicabilidad de la ley de marras.

En un artículo anterior decíamos que la regimentada mayoría parlamentaria puede, si así lo desea, derogar (o anular, si así le place) la ley de la gravedad. Pero los objetos, porfiadamente, continuarán cayendo.

Pues bien. Este es un típico caso. Pretender que una norma que desde hace 20 años que se viene aplicando, es inaplicable, parece, por lo menos, una contradicción idiomática (si no jurídica).

El análisis del proyecto de ley propuesto, ya ha sido realizado por destacados especialistas del derecho, quienes unánimemente han opinado que la norma proyectada es inconstitucional. Unánimemente.

Supone que el parlamento se constituya en órgano constituyente y decida, sin consultar al soberano, modificar la Constitución de la República, con el sinuoso recurso de llamarle interpretaciones a lo que, en definitiva, son flagrantes modificaciones de fondo respecto a lo que el texto constitucional expresa.

Esto es, irrespetar el Estado de Derecho. Esto es, dicho sin eufemismos, violar la Constitución. Esto es, además, despreciar la voluntad popular.

Está muy claro. Pero aunque no lo fuera, es dudosamente aceptable, que la única norma en la historia de este país, que la ciudadanía ratificó en reiteración real, pueda ser "anulada" sin consultar al soberano.

Y entonces, los defensores de este vergonzoso proyecto, dan un temerario paso más. Del desprecio, a la descalificación de la voluntad popular.

Se ha afirmado que en 1989, la gente votó lo que votó porque tenía miedo de un nuevo golpe de Estado. O, dicho en otros términos, que los Orientales de 1989 no eran tan valientes como quienes rechazaban la ley de caducidad, que ellos sí, estaban dispuestos a ir para adelante hasta las últimas consecuencias.

Pero hace algunos días leímos en un desgraciado reportaje periodístico, un nuevo ensayo para descalificar la voluntad soberana del pueblo. El Vicecanciller de la República, Sr. Roberto Conde, especula con que, si la sociedad se hubiera ilustrado con más elementos quizás su voto hubiera sido diferente. La afirmación de un monarca europeo en el Siglo XVIII, no hubiera sido más categórica.

O sea que, o bien los orientales no eran tan valientes, o bien no son tan ilustrados como aquellos ciudadanos portadores de la verdad absoluta, de la ideología correcta a este respecto.

La ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado, es una norma injusta y además, la Suprema Corte de Justicia ha afirmado -en una oportunidad- que es inconstitucional. Pero en nuestro país, la constatación de que una norma es inconstitucional, no alcanza para que esta sea expulsada del derecho. Un absurdo.

Pero un absurdo, que solo puede ser corregido por la voluntad del pueblo. Es a éste a quien corresponde determinar las modificaciones al texto constitucional que correspondan. Lo otro es iluminismo.

La autoridad de los señores parlamentarios cesa, cuando el soberano se expresa. Nos lo recuerda el padre de la Patria desde el fondo de nuestra historia. Y está escrito con letras bien grandes en el recinto donde sesiona cada asamblea de los representantes del pueblo.