Contenido creado por María Noel Dominguez
Ciencia

Incertidumbre

Incertidumbre en Argentina por suspensión de ley de economía del conocimiento

Las empresas de servicios basados en el conocimiento manifestaron su incertidumbre ante la decisión del nuevo Gobierno argentino de suspender con fines de revisión la ley que promueve este sector.

22.01.2020 07:53

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2020-01-22T07:53:00-03:00
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"El efecto de haber suspendido la aplicación de la ley creó una incertidumbre en el mercado", dijo a Efe Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, una entidad conformada por empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento y enfocadas en la exportación.

La ley de economía del conocimiento, que otorga incentivos a aquellas actividades productivas que hagan uso intensivo de tecnología y empleen personal altamente calificado, fue aprobada por el Parlamento en mayo de 2019 con amplio consenso político y desde el 1 de enero de 2020 las empresas podían inscribirse para percibir los beneficios de la norma.

Pero este lunes el Ministerio de Desarrollo Productivo resolvió suspender su aplicación con el objetivo de impulsar una serie de modificaciones a la ley.

Según Galeazzi, los cambios que pretende introducir el nuevo Gobierno no tienen que ver con el "espíritu de la ley", que busca promover al sector, sino con aspectos "instrumentales" de la norma.

"El régimen entró en vigencia el 1 de enero y no llegó a hacer pie que ya está siendo modificado, lo cual crea una incertidumbre. Más allá del resultado final que tenga esta modificación, el efecto de haber suspendido la ley es en sí mismo un problema porque había muchas empresas que ya tenían su proyección de inversiones definida en función de la ley", observó Galeazzi.

La normativa aprobada en 2019 comprende a actividades como la informática, la biotecnología, la nanotecnología, la agrotecnología, los servicios profesionales exportables, la ingeniería satelital y nuclear, las industrias del entretenimiento y creativas y los últimos desarrollos de la tecnología digital y las comunicaciones.

Entre otros beneficios, la ley establece menores costes laborales para las empresas, una alícuota menor en el pago del impuesto a la renta de las compañías y ventajas impositivas para aquellas firmas que exporten.

"A partir de esta ley, había una buena cantidad de proyectos en marcha que, de alguna forma, ahora están en compás de espera", lamento Galeazzi.

Las modificaciones que impulsa el Ejecutivo afectarán el cálculo de esos beneficios para las empresas y privilegiarán a las firmas de menor tamaño en la concesión de los incentivos.

Galeazzi sostuvo que el sector valora algunos cambios propuestos y objeta otros, pero aclaró que éstos forman parte de un "diálogo positivo" con el Gobierno, que ha expresado a las empresas su voluntad de resolver la situación "lo más rápido posible para que de nuevo la ley entre en operaciones en el menor tiempo posible".

Con todo, las modificaciones deberán pasar nuevamente por el trámite parlamentario de rigor por lo que la cuestión podría demorar meses.

Por su parte, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) dijo que lleva adelante reuniones con el Gobierno para la reforma de la ley "con el objetivo de impulsar las reglamentaciones que fomenten la competitividad, la generación de empleo y la transformación productiva, sin importar el tamaño de nuestras empresas representadas".

"Sin excepciones, todas las empresas del sector, startups, pymes y grandes compañías contribuirán al desarrollo de un país inclusivo y federal, por lo que es importante seguir defendiendo la industria, la cual posee un amplio potencial para nuestros trabajadores", dijo la cámara en un comunicado.

Según cálculos difundidos por Argencon cuando se aprobó la norma, la ley iba a permitir generar unos 400.000 puestos de trabajo calificado y llegar a exportar 15.000 millones de dólares en diez años.

Con información de EFE