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Ciencia

Tiene su ciencia

APARU: científicos uruguayos se unen para evitar situaciones como las del etiquetado

“Los químicos que trabajamos en asuntos regulatorios estábamos muy solos”, explica Bernardo Borkenztain, secretario de APARU.

15.02.2021 15:27

Lectura: 7'

2021-02-15T15:27:00-03:00
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Por Gerardo Carrasco
  gcarrasco@m.uy

¿Qué tienen en común un paquete de galletitas de chocolate, un frasco de crema humectante, un polvo pulidor de metales, una botella de ginebra y una jeringa hipodérmica? Que todos ellos sólo pueden ser comercializados en nuestro país luego de recibir una habilitación que los valide como productos seguros para su uso y consumo. Se trata de un registro detrás del cual suele haber mucho trabajo y tiempo.

El mes pasado, y al calor de la polémica por el tema del rotulado frontal de alimentos vio la luz la A.P.A.R.U. (Asociación de Profesionales de Asuntos Regulatorios del Uruguay), organización sin fines de lucro que nuclea a más de un centenar de profesionales que trabajan en temas regulatorios y de habilitaciones. Especialmente, pero no exclusivamente, en el área de los productos asociados con la salud.

"Fui de los primeros convocados, aunque no fue idea mía", cuenta a Montevideo Portal Bernardo Borkenztain, secretario de la novel entidad.

"Los químicos que trabajamos en asuntos regulatorios, es decir hacer los registros y las habilitaciones ante organismos como los ministerios y las intendencias, estábamos muy solos", narra el profesional, más allá de que tales profesionales cuentan con sus propias agrupaciones gremiales. En su caso, por ejemplo, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU).

En los últimos tiempos "surgió la idea de juntarnos" entre profesionales de diferentes áreas, vinculados todos a los asuntos regulatorios.

Como tantas iniciativas hoy en día, la A.P.A.R.U nació a golpe de mensajería. Y si bien cuajó de forma simultánea con la ya mencioanda polémica del etiquetado, el tema ya estaba sobre la mesa desde meses antes, cuando la pandemia dificultó y ralentizó tareas que ya eran de lento proceso den épocas normales. "Primero tuvimos un grupo de WhatsApp y fuimos creciendo, y ahora nos estamos registrando ante el MEC para obtener personería jurídica".

Borkenztain define a la nueva institución como "una asociación transversal de diferentes profesiones, de gente que trabaja en estos asuntos, que van desde, por ejemplo, temas del rotulado frontal de alimentos, las vacunas, y todos los registros de todos los medicamentos, alimentos, cosméticos y similares en el país".

Unidos por un mismo fin

"Individualmente no teníamos ni voz ni voto, ahora aspiramos a tener voz. La responsabilidad es, evidentemente, de quienes gobiernan", explica el profesional, detallando que la Asociación pretende "ser un interlocutor válido para evitar, en lo posible, que pasen cosas como lo que sucedió con el etiquetado frontal de alimentos, donde con las idas y venidas se penalizó a los que cumplieron desde el principio".

Más allá de ese sonado caso puntual, la entidad pretende ayudar en otros asuntos, por ejemplo, con "tener una persona que sepa de qué se trata el tema dentro de las empresas que operan con productos de salud, porque no todas tienen una estructura lo suficientemente grande como para contar con varios ingenieros y químicos. Muchas son importadoras donde está el dueño y unos pocos empelados".

Desde siempre, las empresas que fabriquen o importen ese tipo de productos, "están obligadas por ley a tener habilitaciones y somos los profesionales los que asumimos la responsabilidad legal por esa empresa, porque nos contratan con responsabilidad legal incluida. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo no tengo derecho a decir que no sabía lo que uno de mis clientes estaba haciendo: marcho preso. Es una garantía para el usuario".

Más allá de ese trabajo, que es el de siempre, la preocupación de quienes trabajan en temas regulatorios "es que las autoridades no nos cambien las reglas del juego sin tener un ámbito previo de intercambio, y de la noche a la mañana un montón de productos que teníamos habilitados, pasen a ser de venta prohibida en el país", todo ello "sin que se consultara al grupo de los profesionales de asuntos regulatorios, quienes tenemos, en conjunto, un pool de conocimientos muy importante".

Para Borkenztain, "lo ideal sería que este tipo de decisiones fueran profesionales, no industriales o políticas. Por eso nosotros, como una parte de la mesa, podemos trabajar en sinergia con los profesionales encargados de regular, para que no haya decisiones políticas que pasen por encima de las profesionales" explica, haciendo hincapié en que A.P.A.R.U "no es un lobby: somos una asociación que quiere hacer propuestas y sumar. La idea es que los registro sean cada vez más fáciles y rápidos".

Desde la asociación, se entiende que una colaboración más ágil entre los profesionales que están de un lado y otro del tema (quienes generan las normativas desde los organismos públicos y quienes, en el ámbito privado, deben aplicarlas) redundaría en beneficio de todos.

"Actualmente, habilitar a una empresa ante el MSP para que pueda importar cosméticos, medicamentos o lo que sea, tiene un piso de entre 16 y 19 meses para empezar a trabajar. Entre trámites y apertura, a esa empresa se le van dos años y medio", relata, recordando que en otros países ya existen agrupaciones por el estilo, e incluso algunas que trabajan de manera internacional.

"Los asuntos regulatorios son un área de práctica profesional específica, como lo son la química analítica, la producción o el control de calidad. Lo que pasa es que en Uruguay no estaba el paradigma de verlo de esa manera, se lo veía como una actividad que hacían algunos químicos o ingenieros, no como algo importante y necesario, porque sin registros no se puede importar ni fabricar nada", insiste.

Por ello, destaca la importancia de "poder interactuar con colegas que están eventualmente del otro lado del mostrador, para que cuando se produzcan modificaciones o aparezcan cosas nuevas, se implementen de la forma más fácil y segura para ambos lados. Porque todos queremos que las cosas salgan rápido y no se tranquen, de eso no tenemos ninguna duda. Tanto los profesionales que están haciendo los registros como los que están controlando, todos queremos que las pruebas salgan bien y rápido", asegura, recordando que "si salud pública tiene 26 profesionales para controlar a todos los fabricantes, todas las empresas importadoras, todos los hospitales y sanatorios. . . bueno, no se puede. La idea es poder resolver eso".

Time is money, no un maní

Esa morosidad en los procesos no sólo genera telas de arañas en los radios de la rueda de la industria: también afecta de forma directa las arcas públicas.

"Por ejemplo, el país está perdiendo decenas de millones de dólares por no tener una buena reglamentación de la ley de cannabis medicinal. Queremos proponerle al Ministerio trabajar para que se puedan exportar específicos que hoy no están considerados. Si eso se hubiera hecho al principio, hubiéramos sido el primer país en hacerlo", afirma. Sin embargo, eso no sucedió y actualmente "se nos suman competidores cada día por medio", lamenta.

"Si efectivamente hubiéramos sido los primeros, podríamos habernos posicionado rápidamente como una de las mejores fuentes" de esos productos.

"Uruguay pierde dinero. Si estos procesos no se agilizan, la economía del área de la salud se para. Eso incluye industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y de equipos de salud. Son muchas áreas que el público no siempre nota a que tienen algo en común, y es involucrar a la salud pública", advierte.

Por Gerardo Carrasco
  gcarrasco@m.uy