El diferendo diplomático entre los gobiernos de los entonces presidentes Jorge Batlle y Néstor Kirchner data de octubre de 2003, cuando la cancillería argentina intentó impedir la instalación de la pastera de la española Ence, la que posteriormente modificó su emplazamiento original.
Ese mismo año Uruguay autorizó la construcción de Botnia en Fray Bentos, sobre el Río Uruguay, con una inversión de 1.000 millones de dólares, desencadenando el conflicto.
El pico de tensión se dio durante la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, en noviembre de 2007, donde se suponía que las partes iban a ultimar un acuerdo tras la facilitación de la corona española.
Sin embargo se malogró, luego de un nuevo apoyo explícito de parte de Kirchner a los activistas de su país, que desde noviembre de 2006 llevan adelante en Gualeguaychú (230 km al norte de Buenos Aires) un bloqueo fronterizo en rechazo a la fábrica, alegando que la misma contamina.
El hecho derivó en la automática autorización por parte de Tabaré Vázquez, para que la usina de Botnia diera inicio a sus operaciones, seguido de una orden de cierre total de la frontera terrestre para impedir el ingreso a Uruguay de manifestantes argentinos.
Tras un año de producción, el gobierno uruguayo destaca "un alto grado de satisfacción, ya que cumplidas todas las etapas de monitoreo a nivel técnico, con la planta en funcionamiento, no se verifica afectación de la calidad del agua ni del aire, ni se viola ninguna norma", aseveró a la AFP la directora nacional de Medio Ambiente, Alicia Torres.
Sin embargo, el litigio continúa y se dirime en el seno de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a donde Argentina demandó a Uruguay por la presunta violación del Tratado del Río Uruguay, de soberanía compartida.
La batalla jurídica de largo aliento recién dará paso en setiembre de 2009 a la instancia de audiencias orales, aguardándose para 2010 un veredicto definitivo.
"Es un conflicto muy mal planteado, totalmente atípico, surgido por impulsos políticos de los respectivos presidentes", que denota cabalmente el camino de la "antinegociación", opinó Heber Arbuet, miembro académico del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales.
El experto en derecho internacional subrayó asimismo que el problema de fondo -la presunta contaminación de Botnia- no se llevó a los tribunales y dijo que a su juicio "no existe violación al Estatuto del Río Uruguay porque la comisión binacional que lo regula no es un órgano supranacional, sino intergubernamental".
Bajo este panorama, la pastera de la discordia completó su primer año de producción, con estudios técnicos medioambientales del Banco Mundial y consultoras internacionales que avalan su funcionamiento, y una producción superior a las 850.000 toneladas de pasta celulósica embarcadas con destino a Europa y Asia.
No obstante en el terreno político, las heridas en las relaciones entre Uruguay y Argentina permanecen abiertas y sin señales aparentes de cicatrización.
(Fuente: AFP)
