Síntesis de Hugo Ferraro (*)
Políticas educativas bajo la lupa
07.07.2006
(*) ''Las Políticas Educativas en Uruguay. Perspectivas académicas y compromisos políticos''

La políticas públicas en materia educativa fueron puestas bajo la lupa en un seminario organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. En él, el ex decano de esta Facultad, Jorge Landinelli y los docentes Nicolás Bentancur, Gustavo De Armas y María Esther Mancebo, analizaron la labor realizada en la materia en los últimos años y aventuraron perspectivas.

Landinelli centró sus comentarios en las políticas de educación superior, ante el desafío de la sociedad del conocimiento en el contexto de América Latina. Según el ex decano, el debate universitario está pautado por la ausencia de discusión sobre la función pública de la Universidad, y está signado por dos paradigmas, uno neoliberal y otro dirigido a conseguir un fuerte compromiso por parte del Estado en la educación, fomentado por una comunidad de universidades y por instituciones internacionales como la Unesco, postura esta última que desde el punto de vista práctico no generó resultados.

Sin embargo, opinó Landinelli, la orientación neoliberal posicionó -con sus argumentos- al Estado en un papel subsidiario. Esta postura se sustentaba en una batería de reproches a los modelos clásicos de la Universidad, en el entendido que estos eran disfuncionales, con aparatos institucionales atrofiados, compartimentados en corporativismos que reducen la posibilidad de control- además de un alto costo. Esto fue atendido por parte de los gobiernos y llevó a que en los años `90 se produjeran reformas, por ejemplo de tipo arancelarias y se brindara apoyo a instituciones privadas; en nuestro país se tradujo en el desarrollo de un ámbito de contralor que permitía su desarrollo.

Para Landinelli, en lo retórico los gobiernos han destacado la importancia del conocimiento, como elemento clave del desarrollo de la sociedad. Pero en los hechos se ha signado a la universidad pública con criterios personalistas y andamiajes costosos,

desembocando en un crecimiento de la heterogeneidad de la educación superior. La aplicación del paradigma neoliberal en América Latina produjo una mezcla de instituciones públicas y privadas, de masa y de elite, consideró.

También provocó un escaso avance en la cobertura. En comparación, la Unión Europea cuenta en promedio con un sesenta por ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años insertos en el sistema universitario, en tanto que América Latina cuenta con un diecinueve por ciento, destacándose Brasil con un 12 por ciento, afirmó Landinelli.

Por lo tanto, la responsabilidad que debe asumir la Universidad en el proceso de cambio enfrenta el problema del resultado de estas políticas, pero también un contexto internacional desfavorable, en el sentido de las exigencias que se imponen para llevar a cabo la inserción en la sociedad del conocimiento. También destacó el experto la necesidad de incrementar el poder de las universidades y asumir que tienen que estar engarzadas en programas de desarrollo asociativos, mucho más allá de las fronteras nacionales. Lo dicho anteriormente genera una agenda de trabajo que es responsabilidad de las universidades pero también de los gobiernos legislar, apuntó.

Finalizó puntualizando que la salida a estos problemas requiere una discusión más amplia que abarque a todos los actores sociales, al gobierno, los políticos y la sociedad civil.


LAS TENSIONES EN JUEGO
Mancebo centró su intervención en la necesidad de que las instituciones educativas del país tengan como característica sustancial -para poder dar cabida a los contenidos que se generen de la aplicación de las políticas educativas- una fortaleza consolidada.

Estos contenidos, en el marco de los cambios que se están discutiendo, deben ser sostenidos por políticas institucionales que tengan en cuenta las dificultades inherentes al cambio educativo, porque necesariamente habrá actores afectados por el cambio en las reglas de juego, advirtió.

También afirmó que se debe mirar al futuro con el legado del pasado, ya que toda política educativa, cuando va a ser puesta en marcha, necesariamente va a mostrar elementos de continuidad en vistas a una transformación. Para hacer frente a estos cambios, el país tiene una acumulación histórica donde entran en juego ciertas tensiones que se deberá enfrentar o debatir. Algunas de estas tensiones son: una impronta estatista, con un Estado que es docente con una amplia cobertura; un diseño institucional bicéfalo, peculiar en el resto del continente; autonomía; participación de los sindicatos y las organizaciones técnico docentes; accountability rendición de cuentas- destacándose tres tipos: burocrática dirigida a un personal superior- de resultados, a consideración de la ciudadanía, y por último profesional referida al control de pares-; en lo que respecta a los dos primeras prácticas se ha ido consolidando, respecto al control profesional no se ha profundizado, destacó Mancebo.

En el mismo tenor, realizó una puesta a punto sobre el legado que arrastra la Universidad desde la salida de la dictadura hasta nuestros días, dividiéndolo en períodos de cinco años desde la apertura democrática, ordenados de la siguiente manera: desde el 85 al 90 se produjo, según Mancebo, la restauración de las reglas de juego democráticas; entre el 90 y el 95, un proceso de diagnóstico de la situación, los siguientes cinco años se apostó a los contenidos de las políticas educativas más que al marco institucional, seguido por un período de inercia, y finalmente del 05 al `09 el debate marcará la agenda.

Teniendo esto en cuenta es que los ejes del debate deberían estar dirigidos a cinco temas fundamentales, opinó: la educación para todos, educación y ciudadanía, educación uruguaya en la sociedad del conocimiento, y finalmente la organización de un sistema nacional de educación. Este último punto es el que concentra las posiciones de los actores institucionales.

Finalizó destacando que si la matriz se va a mantener, debe avanzar en mecanismos de mayor regulación y el diseño institucional bicéfalo tiene que ser coordinado a nivel de rendición de cuentas, donde los docentes puedan ser protagonistas.


BAJA INVERSIÓN, MAGROS RESULTADOS
Un diagnóstico sobre el estado de la educación básica y media realizaron a su turno De Armas y Bentancur. En un primer abordaje, centraron la atención en la calidad de los resultados medidos en función de niveles de egreso. Para ello realizaron un análisis comparativo generacional con aquellos que iniciaron la educación básica en 1951 y quienes tienen actualmente entre dieciocho y veinticuatro años. Los resultados indican que en la generación de control, egresó del sistema de educación superior el 25 por ciento. Para la época, este porcentaje duplicaba al de España, Portugal, Grecia o Argentina. En la actualidad, egresa en nuestro país un 37 por ciento, pero en España lo hace un 60 por ciento y en Argentina más del 50 por ciento. Por otro lado las evaluaciones internacionales colocan a Uruguay todavía entre los primeros lugares en la región, pero lejos del primer mundo.

La variable preponderante en estos resultados, según los expositores, es el nivel de inversión pública. Si se ordena a los países por el gasto público en educación según el PBI, Uruguay se ubica en el puesto 112 de 147 países, estando al nivel de países africanos. Otro elemento a tener en cuenta es el salario docente, por debajo de los países de la región. Con una cobertura muy amplia y un nivel bajo de inversión, se traduce en una pauperización del sueldo docente, estimaron De Armas y Bentancur.

Uruguay también arroja resultados negativos en cuanto a la deserción, siendo de las más altas en América Latina. En la enseñanza media solo 2/3 logra finalizar el ciclo básico.

Sobre este complejo panorama es que se proponen alternativas políticas planteadas como tensiones. La primera es la dicotomía universalismo y focalización. En el Uruguay existen 740 mil estudiantes y 51 mil funcionarios, casi 800 mil personas en poco más de tres millones de habitantes. Este universalismo histórico se ve amenazado por la focalización. Un ejemplo es la escuela de tiempo completo: esta debería universalizarse y no ser una ''política para pobres'', argumentaron.

Centralización vs. descentralización: se debería propiciar mecanismos del sistema que favorezcan la participación de las comunidades educativas, sin que esto signifique que se le reste poder a las autoridades correspondientes.

En tercer lugar, De Armas y Bentancur situaron a la remuneración docente: sistema de aumento de sueldos de la forma tradicional- vs. sistema de incentivos. Más allá de ser deseable el aumento salarial, los incentivos son una opción válida, que puede tomar la forma de premio por presentismo, enmarcado en por ejemplo- trabajos en zonas de contexto crítico. También consideraron sustancial replantear la discusión sobre el largo período de vacaciones, que lleva a tres meses de inactividad.

La cuarta tensión es la que existe entre retención y calidad. Hay estudios que demuestran que cuando los docentes y los centros educativos no se resignan a la mala educación se obtienen buenos resultados, aseguraron.

La quinta disyuntiva se encuentra en centros educativos vs. nodos de políticas sociales, que significa una creciente implementación de servicios sociales en las escuelas -por ejemplo de tipo alimenticio- en detrimento de la características originales.

También se debe replantear la dicotomía división territorial vs. movilidad social estudiantil, cuestionando el modelo tradicional que determina que un estudiante concurra al centro educativo de su zona. Hay evidencias positivas sobre el llamado ''efecto par'': combinando niños de diferentes contextos sociales se obtiene buenos resultados en la construcción de ciudadanía, subrayaron De Armas y Bentancur.

Por último, levantaron la bandera del 4,5 por ciento del PBI como asignación presupuestal para la educación pública y pidieron un esfuerzo por llegar a él.


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