La Justicia de Argentina reanuda la semana entrante un proceso por el asesinato de 22 presos políticos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, un caso que vuelve a colocar en el banquillo de los acusados a oficiales en servicio activo.
El juez federal Carlos Skidelsky, de la provincia norteña del Chaco, dijo a EFE que el martes próximo comenzarán las audiencias para interrogar a nueve de los diez oficiales del Ejército que ordenó arrestar por considerarlos autores materiales de la llamada "Masacre de Margarita Belén".
"Tomaré contacto con los detenidos el martes cuando los trasladen a mi juzgado para el trámite de designación de sus abogados", indicó el magistrado.
Tras esa audiencia de acreditación de los abogados defensores en el juzgado federal de la ciudad de Resistencia, a unos 1.000 kilómetros al norte de Buenos Aires, comenzarán los interrogatorios a los imputados sobre lo acaecido el 13 de diciembre de 1976 en el paraje conocido como "Margarita Belén".
La madrugada de ese día, 22 presos políticos fueron sacados de una prisión de la ciudad de Resistencia por una patrulla militar y muertos a golpes y fusilados.
El juez Sdkidelsky imputó el delito de "homicidio agravado por alevosía y premeditación" a los coroneles en activo Horacio Losito, agregado militar de la Embajada argentina en Italia; Ricardo Guillermo Reyes, de la jefatura de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, y Germán Emilio Riquelme, con destino en el hospital militar central de Buenos Aires.
Los oficiales en retiro incriminados son Jorge Larrateguy, Athos Renes, Jorge Carnero Sabol, Norberto Tozzo, Luis Paletta, Ernesto Simoni y Aldo Martínez.
Todos los imputados, con excepción de Larrateguy, de 73 años, quien se repone de una intervención quirúrgica en el hospital militar central de Buenos Aires, fueron trasladados detenidos a Resistencia el viernes y alojados en una unidad militar próxima a esa ciudad.
La decisión de Skidelsky, quien ordenó el arresto de esos oficiales del Ejército tras casi 16 años de forzada inactividad judicial en causas por violaciones a los derechos humanos, generó "preocupación" en las Fuerza Armadas, según admitió la semana pasada el ministro de Defensa, José Pampuro.
Los militares involucrados se habían amparado en la llamada Ley de Obediencia Debida, promulgada en 1987 por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín y que eximió de responsabilidad criminal a un millar y medio de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad acusados de crímenes de lesa humanidad.
Pero el juez Skidelsky tachó de inconstitucional esa ley y reanudó las investigaciones que también apuntan al general Ricardo Brinzoni, cesado como jefe del Ejército y pasado a retiro a finales de mayo último por el presidente argentino, Néstor Kirchner, en una de sus primeras medidas de gobierno.
"Todos los que aparezcan mencionados en la causa serán citados a declarar, como testigos o como imputados", agregó el magistrado, quien además confirmó que tiene "en estudio" la petición de la fiscalía de procesar a Brinzoni, en ese entonces secretario general de la gobernación militar de la provincia del Chaco.
La rebelión de los llamados militares "carapintadas" en la Semana Santa de 1987 forzó la promulgación de la Ley de Obediencia Debida, que terminó por paralizar los juicios que se seguían en los tribunales federales argentinos por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura.
Desde ese entonces ningún militar en servicio activo ha sido sentado en el banquillo de los acusados por violaciones a los derechos humanos.
La Ley de Obediencia Debida, cuya nulidad reclaman familiares de las víctimas de la dictadura militar, no amparó el secuestro de hijos de desaparecidos, delito por el cual están procesados y bajo arresto ex jerarcas del régimen, como los ex presidente de facto Jorge Videla y Reynaldo Bignone. (EFE)
