Por Pablo Ney Ferreira *
Chifflet y el mandato imperativo
16.12.2005

¿A quien responden nuestros representantes? Luego de electos, ¿qué grado de libertad de acción y de autonomía le corresponde a un representante político? ¿Cuál es la misión del representante, obrar según su leal saber y entender o someterse a las instrucciones de las bases de su partido? ¿Se trata de un representante del pueblo, de su partido, o de quién?

Todas estas preguntas me surgen a partir de la actitud asumida por el hoy ex diputado Guillermo Chifflet, quien renunció a la Cámara de Diputados, y se declaró partidario del Mandato Imperativo. A partir de este hecho en particular me propongo exponer que es esto del Mandato Imperativo, cual ha sido la postura histórica de nuestros partidos, y como puede leerse la renuncia de Chifflet a la luz de estas reflexiones.

LA IMPORTANCIA DE LA DELIBERACIÓN
La propuesta del mandato imperativo no carece de problemas. De hecho la mayoría de los arreglos constitucionales de las democracias representativas modernas no lo incluyen, y reconocen la irrevocabilidad del representante como una de las características fundamentales del gobierno representativo. En la poca experiencia que ha habido nadie pretendió recurrir al mandato imperativo en forma habitual, sino para asuntos en que la situación revista una importancia excepcional. Nadie negaría la posibilidad de que el representante pensara por su cuenta , y actuara en la generalidad de los asuntos de acuerdo a las directivas partidarias o locales y que utilizara su bien pensar en estructurar legalmente los deseos de los ciudadanos. El mandato imperativo es perfectamente compatible con políticas flexibles y no representa ninguna atadura para quien no pretenda defraudar los postulados básicos de quienes lo votaron.

Incluso, el mandato imperativo puede ser un importante acicate para potenciar las deliberaciones, al exigir una amplia reflexión a la comunidad para ponerse de acuerdo en cuales son las exigencias que pueden plantearle a su representante; así, la comunidad se enfrenta a una situación deliberante que no puede evitar. Esto implica claro está, que la comunidad esté integrada por ciudadanos participantes; la democracia no sólo debe exigir deliberación en sus élites, sino que también debe plantearse la misma entre representantes y representados.

Pero pongamos el caso hipotético de que un parlamentario, luego de la deliberación en el Parlamento, decida que lo mejor para la comunidad es optar por la solución B en lugar de por la solución A, que es la que figura en el programa partidario o que se le mencionó como la correcta por las estructuras partidarias. Recordemos que una de las condiciones de la deliberación republicana es que los representantes, aunque vayan con su opinión sobre el tema en cuestión, sometan su opinión al escrutinio público y puedan ser persuadidos, mediante un ejercicio de razón pública, de que sus argumentos son débiles y en razón de ello cambien de opinión.

En este caso, según la teoría del mandato imperativo, el diputado debe presentar sus argumentos a la comunidad política que lo depositó en su banca para persuadirla a su vez de que lo mejor es cambiar de opinión para luego obrar en cuestión.

Resulta evidente que todo esto implica que los diputados, en caso de que se implemente el mandato imperativo responden políticamente a sus votantes, o al partido que los llevó al gobierno y no a la comunidad más general (la nación, el pueblo, etc...).

Evidentemente, este sistema también es posible que vuelva más lentos los mecanismos decisorios, aunque también es cierto que está previsto solamente para instancias especiales, no para expresiones legislativas normales, en las que los representantes suelen estar de acuerdo con sus electores, o ellos ni siquiera perciben el asunto por no ser demasiado polémico.


CONTROL DE LOS REPRESENTANTES
Este elemento de control de los representantes por los representados tiene una presencia importante en algunos exponentes del pensamiento democrático radical- republicano. La articulación de los problemas públicos por representantes que actúen con un grado absoluto de autonomía con relación al pueblo puede degenerar en la tiranía de los representantes sobre los representados, que una vez que eligen a los gobernantes nada pueden hacer para controlar sus decisiones.

Tal representación exige: a. Elección de diputados conforme a un programa; b. Rendición de cuentas permanentes de los diputados a sus electores; c. Revocabilidad (al menos política) del diputado que no cumple el plan previsto a juicio de sus electores. El gobierno es ahora el gran peligro a vigilar. Claro que esto requeriría un exigente programa de educación ciudadana. El Emilio de Rousseau sería entonces una buena muestra de la educación cívica que requiere este modelo según la perspectiva republicana.

Robespierre de la mano de Rousseau- es bastante elocuente cuando demuestra su desconfianza ante el gobierno de los representantes sin controles adecuados. En su argumentación como veremos- se combinan varios elementos que se suman unos a otros para asegurar que se cumpla la voluntad popular y que el control de los representantes sea efectivo. Para esto nos habla de la brevedad de los mandatos, de la no reelegibilidad y del estricto ajuste de la opinión del pueblo con la de sus representantes. El núcleo de su argumentación es el siguiente: si no evitamos que los legisladores los delegados de la asamblea representativa- perpetúen su poder, rápidamente los más hábiles de entre ellos, los mejores oradores, en colaboración con la intriga y la ambición, se apoderaran de la asamblea y después de la nación entera: Así una nación de veinticinco millones de hombres será gobernada por la Asamblea representativa, ésta por un pequeño número de diestros oradores, y ¿por quién terminarán siendo gobernados esos oradores alguna vez?... No oso decirlo, pero fácilmente podréis adivinarlo vosotros .

En otro fragmento del mismo discurso se refiere Robespierre de la siguiente manera a las características que debe poseer la representatividad republicana: Dos años de trabajo tan brillantes como útiles en semejante teatro bastan a su gloria. Si la gloria, si la felicidad de ver sus nombres puestos entre los de los benefactores de la patria no les basta, están corrompidos, y son cuando menos peligrosos; hemos de guardarnos bien de ponerles los medios de saciar algún otro género de ambición (...) Desconfiaría de aquellos que, durante cuatro años, permanecieran expuestos a las caricias, a las seducciones reales, a la seducción de su propio poder, en fin, a todas las tentaciones del orgullo o del deseo. Los que me representan, aquellos cuya voluntad es siempre la mía, deben estar lo bastante cerca de mí, lo bastante identificados conmigo; si no la ley, lejos de ser la voluntad general, no será más que la expresión de los caprichos o los intereses particulares de algunos ambiciosos; los representantes, ligados contra el pueblo, con el ministerio y la Corte, se convertirán en soberanos y pronto en opresores . Luego, es fácil comprender los famosos cuadernos de instrucciones a los representantes en 1789, una forma extrema de control de los representados sobre los representantes.


UN INSTRUMENTO REVOLUCIONARIO
Este problema, el de los tipos de representatividad, fue debatido arduamente en los dos principales procesos constitucionales de la democracia moderna: me refiero a la Revolución Americana de 1776 y a la Revolución Francesa de 1789. El debate constitucional americano (que va a influir en forma considerable en los debates franceses), se va a definir algunos años después, entre octubre de 1787 y julio de 1788, a raíz del debate público acerca de la ratificación de la Constitución federal de 1787 por el estado de Nueva York. Este debate se centró fundamentalmente en publicaciones en la prensa y su hilo argumental estuvo centrado no tanto en el modelo federal, sino en la clarificación de los componentes republicanos. Lo interesante es que ambas posiciones proclamaban su purismo republicano. La diferencia más importante recaía en los modelos representativos, siendo los anti-federalistas los partidarios de un modelo de representatividad que se acercaba bastante al mandato imperativo, y los federalistas por el contrario defendían la mayor autonomía posible para los representantes.

Dentro del panorama constitucional del contexto revolucionario también caben destacar el influyente panfleto de Sieyes ¿Qué es el tercer estado? , abogando por la libertad de los representantes del pueblo y el destacado y muy citado Discurso ante los electores de Bristol , del 3 de noviembre de 1774 de Edmund Burke, donde pese a algunas vacilaciones termina por declarar la más absoluta independencia del representante. Dirá Burke: Elegís a un miembro (de Bristol), ciertamente pero cuando lo habéis elegido, ya no es un miembro de Bristol, sino del Parlamento . Normalmente cuando se busca fundamentar acerca de la total independencia del parlamentario, Burke nunca falta en la argumentación, constituyéndose en una verdadera proclama de la independencia del representante.

Como dirá el profesor español José María Rosales: En suma, aunque por distintas razones, las consecuencias de los debates sobre la representación política en América y Europa permiten reconstruir desde finales del siglo XVIII la adopción institucional en el proceso político del principio representativo sobre el mandato imperativo . Hanna Pitkin, en referencia a Burke, la había llamado representación de intereses no vinculantes , pues no podía ocultar que el aristocratismo de la virtud y del arte de gobernar escondían una actitud de desconfianza hacia la ciudadanía.


LOS DOS TIPOS DE MANDATO
Pero veamos ahora, cual ha sido la posición de nuestros actores políticos históricos con respecto al Mandato Imperativo. Por lo menos tres sectores de nuestra vida política presentaron en numerosas ocasiones una defensa acérrima del Mandato Imperativo: dos de ellos son bastante previsibles: el Partido Comunista y el Partido Socialista. El tercero es menos esperado y es el Batllismo. El Batllismo de comienzos de siglo, y por lo menos hasta la muerte de Batlle y Ordóñez destacó abundantemente y con toda claridad al Mandato Imperativo como un elemento democrático por excelencia, tanto desde las páginas de El Día , como en su programa partidario.

Existen por lo menos dos maneras de fundamentar el Mandato Imperativo. Una es la que podemos denominar como vanguardista o elitista: esto es, la vanguardia debe ser uniforme, permanecer unida y ninguna fisura puede permitirse en ella. Esta puede también ser asimilada a la presencia de un líder carismático que exige la lealtad de sus representantes pase lo que pase, sin importarle demasiado lo que piensen sus electores. Él es el elegido y debe mantener a su partido unido para cumplir con sus planteos políticos, coincidan o no con los del electorado que lo llevó al gobierno. Después de todo, él y sus dirigentes partidarios han recibido un respaldo popular considerable y debido a su formación, experiencia, etc...saben aún mejor que el pueblo qué es lo que le conviene. Aquí, la vanguardia o el líder se perciben como relativamente independientes de la base popular que sustentó su legitimidad originaria, en lo que tiene que ver con las decisiones de sus representantes políticos. A lo sumo se deberá a alguna institución partidaria mas o menos numerosa.

El segundo tipo es el que podemos denominar como republicano-participativo y deliberativo. Breve y esquemáticamente consiste en esto. Se trata de una arquitectura partidaria en forma de pirámide que manifiesta sus decisiones mediante una asidua consulta a sus bases: esto es, los representantes para cambiar de posición frente a un tema importante deben recurrir a las bases y preguntarles si pueden hacerlo, de no poder convencer a sus bases, deberán asumir su compromiso electoral. El debate aquí, como vimos antes, se da en un doble nivel, con sus iguales en las instituciones deliberativas parlamentarias o en su partido con las bases.

El caso de Chifflet, además de demostrar que existen legisladores que están dispuestos a renunciar a sus bancas por cuestiones de principios (nuestra historia no está precisamente repleta de ellos), nos da un buen ejemplo de lo que estaba diciendo. El legislador, según su propia lectura, no responde en esta ocasión a su partido, pero sí es consistente con las ideas que ha expresado mil veces ante su electorado, y por las cuales lo han votado. No tengo la certeza de lo que voy a afirmar, pero sí poseo una fuerte intuición de que Chifflet está en lo cierto. Hoy en día no es nada difícil conocer qué piensa el electorado sobre algún tema, y por lo tanto tampoco es extremadamente complejo conocer que piensan los frenteamplistas o más precisamente los socialistas.

Presumo que aquí, y no sólo en este caso, la teoría del Mandato Imperativo republicano participativa deliberativa, tal cual lo he expresado, premiaría a Chifflet por su honestidad política y ubicaría sin embargo a la mayoría de los representantes frenteamplistas en un lugar no demasiado cómodo frente a sus bases.

¿Que estos procedimientos deliberativos pueden hacer más lentos los procesos de toma de decisión de las democracias representativas modernas? Es cierto. Ahora, seguro que siempre tendremos disponible a un amable tirano que esté dispuesto a facilitarnos estas cosas.


* Candidato a Doctor en Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid


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