En un apretado balance de claroscuros, parece evidente que los dos países están perdiendo más de lo que ganan con esta discordia, aunque el lado positivo lo encontremos en la legítima demanda ciudadana por el cuidado del medio ambiente, y en la necesidad de un control público responsable, técnicamente competente y políticamente efectivo de procesos productivos que entrañan un riesgo ecológico.

En este sentido, vamos aprendiendo juntos que es preciso otorgar un lugar central en la agenda pública a la problemática del desarrollo sustentable, una cuestión que tanto a nivel nacional como regional amerita una discusión seria, realista y alejada de extremos simplificadores.

Pero el lado negativo del entuerto ha inclinado hasta ahora el fiel de la balanza. Sin la pretensión de agotar en breves líneas las múltiples aristas de la cuestión, tanto en sus aspectos ''sustantivos'' como en la ''forma'' en que se ha venido desplegando, hay un punto que no quisiera perder de vista: todas las negociaciones que llegan a buen puerto las llevan adelante los moderados, no los maximalistas de uno y otro costado. Con un agravante: decisiones radicalizadas de un sector suelen alimentar posiciones radicalizadas al otro lado del río.

En particular, y como argentino, me preocupan las actitudes cerradas que ciertos sectores de mis compatriotas han manifestado sobre el tema de la instalación de las fábricas en territorio uruguayo. Algo que tal vez pueda acentuarse después de la negativa determinación de la empresa finlandesa. Esas camisetas que dicen ''No, no y no'' a las papeleras sintetizan algo más que una consigna de ocasión: parecen simbolizar una posición refractaria a todo debate racional, una decisión inamovible en tanto algunos voceros han declarado que ni siquiera aceptarían un informe técnico que mostrara que el nivel de contaminación emanado de las fábricas no es nocivo, o se ubica en niveles internacionales aceptables. Creo que la actitud de estos sectores, movidos quizá por respetables convicciones ecológicas, implica o bien una notoria ingenuidad, o bien un sentimiento de escasa cooperación social que debería llamarnos a la reflexión. Afortunadamente, entiendo que esos sectores son minoritarios entre quienes protestan y han llevado adelante los cortes de los pasos internacionales; y en cualquier caso, no representan el sentir de todos los entrerrianos, como lo han probado hasta ahora los vecinos de Colón y Concordia.

El perogrullesco resumen de mi argumento es simple: vivir en sociedad acarrea costos y beneficios, y es el positivo equilibrio entre ambos lo que permite a las personas progresar en un marco de reglas comunes. Todos perdemos algo de una hipotética libertad ''natural'' viviendo en sociedad, pero ganamos mucho más como fruto de la cooperación social. Para predicar con el ejemplo basten tres historias banales.

COSTOS Y BENEFICIOS
La primera historia dice que vivo en la Ciudad de La Plata, conocida entre otras cosas por la cercana presencia de empresas petroquímicas, que a la vez que contaminan parcialmente el aire (un costo directo), ofrecen trabajo a mucha gente de la zona (un beneficio también directo), y a su vez benefician con sus productos a una amplia gama de ciudadanos de todo el país que no pagan ningún costo ambiental directo, ya que las emanaciones de gas de esas empresas no son respiradas por salteños, misioneros o puntanos.

La segunda historia dice que soy nacido y criado en Necochea. Quienes viven o han vivido cerca del Puerto de Necochea-Quequén padecen los problemas de la cercanía de todo puerto: derrames de petróleo en las aguas y arena, mal olor en el procesamiento del pescado, enjambres de moscas durante los períodos de calor, proliferación de ratas en cercanías de los silos cerealeros, etc. A cambio de ello, los necochenses se benefician al obtener trabajo en estas actividades, y también benefician (sin ningún costo ambiental adicional) a numerosos cordobeses, santafesinos y porteños que pueden disfrutar de tanto en tanto unos deliciosos cornalitos.

La tercera historia dice que durante un tiempo trabajé en Lanús, más precisamente en Valentín Alsina, pegadito al Riachuelo. Todos conocen el desastre ecológico histórico que es el Riachuelo, y la persistencia de mal olor y emisiones contaminantes en la zona. Pero otra vez, y para tomar un ejemplo cualquiera, el mal olor que nos llega de las curtiembres también permite que habitantes del conurbano trabajen en esas fábricas (generalmente pequeñas y medianas empresas), y posibilita que un gran número de chaqueños, formoseños o chubutenses que no respiran ese mal olor- se ajusten los pantalones con el cuero curtido en dichas fábricas.

Estas historias no tienen mayor mérito, pero me parece que hay que estar en los zapatos de quien consume habitualmente algún tipo de contaminación para hablar de igual a igual con algunos amigos entrerrianos. Sin duda, los salteños, misioneros y puntanos, los cordobeses, santafesinos y porteños, o los chaqueños, formoseños y chubutenses que cité antes, entre muchos otros argentinos, padecen habitualmente otras formas de contaminación que soportan a cambio de beneficios análogos a los ya apuntados, y que a nosotros nos reportan beneficios cuyos costos ambientales no ''pagamos''.

RACIONALIDAD, POR FAVOR
Ciertamente, no estoy diciendo que debamos sufrir por toda la eternidad las negativas consecuencias de un entorno ambiental degradado; por el contrario, entre todos debemos cuidar y mejorar progresivamente nuestro medio ambiente, e instrumentar los mecanismos para un estricto cumplimiento de normas en la materia. Pero también tenemos que generar más trabajo, erradicar la indigencia y la pobreza, estimular las inversiones, y aceptar que en el actual grado de desarrollo tecnológico al que podemos aspirar, siempre tendremos que hacer elecciones difíciles entre opciones que no serán óptimas: algo de contaminación a cambio de más empleo, un poco más de ruido para estar más cerca de la parada de un colectivo, un aire menos puro a cambio de más ingresos.

En este contexto de restricciones y de intercambios desiguales en el que ineludiblemente nos movemos por vivir en sociedad, ¿qué posición defienden los sectores extremos de la protesta contra las papeleras? Si el conflicto se llevara hasta las últimas consecuencias, ¿dejarían los entrerrianos de consumir papel o pañales? O en cambio pretenden seguir consumiendo papel pero producido en fábricas asentadas en otros lugares de la república. Al fin y al cabo, se nos recuerda que hay una decena de papeleras en nuestro país, ¿habría que mantenerlas abiertas para que se contaminen los habitantes cercanos, mientras cómodamente siguen consumiendo papel los ciudadanos argentinos lejanos? ¿Habría que cerrarlas? En este último caso, ¿Dónde irían a trabajar sus empleados? ¿El voluble Gobernador Busti les daría trabajo en Gualeguaychú?

Pero aunque respondiéramos de manera satisfactoria estas preguntas, ¿qué pasaría con cientos de otros productos que se elaboran en el país bajo formas que ''externalizan'' algún nivel de contaminación? De vuelta, nadie sostiene que hay que resignarse a absorber niveles de contaminación intolerables, ni mucho menos, pero si un informe técnico serio mostrara que la instalación de las papeleras acarrea un perjuicio ambiental mínimo a estándares internacionales, ¿qué razones de peso habría para oponerse a continuar con su construcción? ¿Con qué argumentos obstaculizaríamos la instalación de plantas análogas a las ya existentes en España, Finlandia u otros países desarrollados?

Sin la protesta de los entrerrianos posiblemente las papeleras hubieran sido menos cuidadosas en lo que atañe al riesgo ecológico; sin un gesto conciliatorio por parte de las empresas parece difícil que el conflicto se reencauce, e incluso es probable que se agudice. Invertir un par de meses para ganar tranquilidad durante varios lustros no es un mal negocio para las fábricas. Mientras tanto, estamos perdiendo una oportunidad para que argentinos y uruguayos hagamos de esa zona un polo dinámico de desarrollo regional, con más inversiones, con más empleo, con mejores expectativas de progreso conjunto. Hay que cuidar el río y el aire puro, pero también el trabajo y el derecho de nuestros vecinos a circular libremente. Apostemos a que el diálogo y la negociación racional nos permitan encontrar puntos de equilibrio alejados de posiciones extremas e insostenibles.

* Antonio Camou es Director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Revista Dosmil30.
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