- 26 - 1. Electivos, políticos, de particular confianza, los incluidos en la nómina del artículo 7º de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, los miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, los miembros de la Comisión de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (URSEC) y de la Comisión de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA), las funciones de alta especialización, los militares, policiales, docentes y del servicio exterior. 2. Aquéllos cuyos titulares ejerzan función jurisdiccional. 3. Directores de Unidades Ejecutoras que no integren los escalafones referidos en el numeral 1) de este artículo. 4. Los correspondientes a los Escalafones A, B, D, E y F del Ministerio de Salud Pública. 5. Los del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 6. La totalidad de los destinados a atender el quehacer artístico de la Orquesta Sinfónica, Cuerpo de Baile, Coro Oficial y servicios técnicos de radio y televisión del Ministerio de Educación y Cultura. 7. Los de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo. 8. Los de Magistrados y técnicos (abogados) del Ministerio Público y Fiscal. 9. Los correspondientes a los Escalafones A, B, D, E y F de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. 10. Los puestos de Inspector, Escalafón D, Series Condiciones Generales de Trabajo y Condiciones Ambientales de Trabajo de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. 11. Los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 12. Los del Tribunal de Cuentas. 13. Los técnicos y especializados del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable . 14. Los de Oficial e Inspector de Estado Civil. 15. Los del Ministerio de Desarrollo Social. No se suprimirán los cargos presupuestados y funciones contratadas en el caso que deban proveerse por concurso, cuando se - 27 - haya determinado la persona a la cual le corresponda la designación por acto definitivo del tribunal correspondiente. Derógase el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994. Artículo 19.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 39 de la Ley Nº 17.556, de 18 de septiembre de 2002, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Las erogaciones resultantes de los contratos que se autorizan a celebrar por el régimen que se crea, serán financiadas con cargo al Fondo de Contrataciones que, a dichos efectos se creará en cada Unidad Ejecutora de los Incisos 02 al 27 del Presupuesto Nacional". Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 17 de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, por el siguiente: "La declaración de excedente deberá ser resuelta por el jerarca máximo como consecuencia de una reestructura o supresión de servicios, debidamente fundada. Dicha declaración de excedente será comunicada a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la que una vez efectuados los estudios respectivos, procederá a la inclusión del funcionario en la nómina de personal a redistribuir". Artículo 21.- Los funcionarios públicos designados para ocupar cargos políticos o de particular confianza, quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados o funciones contratadas de los que fueren titulares al momento de la designación, con excepción de los docentes. Durante el período de la reserva, el funcionario mantendrá todos los derechos funcionales, especialmente el de la carrera administrativa cuando corresponda a su estatuto jurídico y las retribuciones que por cualquier concepto venía percibiendo hasta la toma de posesión del cargo, cualquiera sea su naturaleza, fueran financiadas con Rentas Generales o Recursos con Afectación Especial, las que serán ajustadas en la oportunidad y condiciones en que disponga el Poder Ejecutivo. Los funcionarios que sean llamados a ocupar los cargos mencionados en el inciso primero de este artículo, podrán optar por las remuneraciones establecidas para los mismos incluida dedicación exclusiva y gastos de representación, o exclusivamente, las correspondientes a aquéllos reservados, sin perjuicio de la eventual acumulación de sueldos por el ejercicio de cargos o funciones docentes, la que se regulará por las normas vigentes. - 28 - Lo dispuesto precedentemente se aplicará asimismo a quienes estuvieran en goce de pasividad o retiro, independientemente del régimen que los ampare. Deróganse los artículos 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, 21 de la Ley Nº 15.767, de 13 de septiembre de 1985, 43 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 12 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Toda referencia legal realizada a las normas que se derogan, se entenderá referida al presente artículo. Artículo 22.- A partir de la vigencia de la presente ley, las contrataciones de servicios personales en la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, cualquiera sea su naturaleza jurídica y su fuente de financiamiento, deberán contar con el informe previo y favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil, quedando sin efecto las disposiciones que hubieren conferido dicha atribución a otros organismos o comisiones. Cométese a la Oficina Nacional del Servicio Civil la elaboración de los instructivos, formularios y proyectos de contrato necesarios, a fin de contar con documentación uniforme. Artículo 23.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas, establecerá un sistema integrado ocupacional para la Administración Central, articulado con una escala salarial que incluya la definición de un escalafón de conducción, alta gerencia o alta especialización, que permita una gestión ágil y eficiente de los recursos humanos, así como la profesionalización de los mismos y como consecuencia, una reestructura de la carrera administrativa. Artículo 24.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 por el siguiente: "ARTÍCULO 31.- En caso de fallecimiento de padres, hijos, cónyuges, hijos adoptivos, padres adoptantes y concubinos, los funcionarios tendrán derecho a diez días de licencia con goce de sueldo. Dicha licencia será de cuatro días en caso de fallecimiento de hermanos y de dos días en caso de abuelos, nietos, así como padres, hijos o hermanos políticos, padrastros o hijastros. En todos los casos la causal determinante deberá justificarse fehacientemente". Artículo 25.- Modifícase el inciso primero del artículo 71 de la Ley Nº 17.556, de 18 de septiembre de 2002, el que quedará redactado de la siguiente forma: - 29 - "Se podrá conceder al personal licencia en casos especiales debidamente fundados. Esta licencia se concederá sin goce de sueldo, podrá ser fraccionada y se podrá otorgar por un plazo máximo de hasta un año. Cumplido dicho plazo, no podrá solicitarse nuevamente hasta transcurridos cuatro años del vencimiento de aquél". Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990, por el siguiente: "ARTÍCULO 29.- Con la presentación del certificado médico respectivo, los funcionarios padres tendrán derecho a una licencia por paternidad de 10 días hábiles". Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 35 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001 por el siguiente: "ARTÍCULO 35.- Cuando ambos integrantes del matrimonio sean beneficiarios de la licencia establecida por la presente ley, la correspondiente al padre será de diez días hábiles". Artículo 28.- Se entiende por falta al servicio toda inasistencia justificada o no, que no sea consecuencia de una licencia debidamente autorizada. En caso de inasistencia debidamente justificada, ésta podrá ser imputada a la licencia pendiente de goce, o podrá ser objeto del descuento de haberes que corresponda. Si la inasistencia es injustificada, sin perjuicio del descuento de haberes, se adoptarán las medidas disciplinarias pertinentes. Derógase el artículo 7º de la Ley Nº 16.104, de 23 de enero de 1990 con la redacción dada por el artículo 30 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 73 de la Ley Nº 17.556, de 18 de septiembre de 2002 en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 17.678, de 30 de julio de 2003. Artículo 29.- Los funcionarios públicos de la Administración Central que, al 31 de diciembre de 2005, tengan 58 (cincuenta y ocho) o más años de edad y que configuren causal jubilatoria antes del 1º de enero de 2008, podrán optar por un incentivo de retiro a percibir mensualmente, por un período máximo de 5 (cinco) años, o hasta que el beneficiario cumpla los 70 (setenta) años de edad, en cuyo caso deja de percibir el mismo. El monto del incentivo, que no tendrá carácter remunerativo, será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del promedio mensual de la totalidad de las retribuciones nominales sujetas a montepío, efectivamente cobradas por todo concepto durante el año 2005, con un tope máximo de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil), ajustándose en la misma oportunidad - 30 - y porcentaje que se disponga para los funcionarios de la Administración Central. El incentivo no será materia gravada por tributos de la Seguridad Social. Los funcionarios podrán acogerse a la opción de retiro hasta el 30 de abril de 2006 inclusive. Dicha opción tendrá carácter irrevocable y el Organismo del cual dependa podrá resolver la aceptación de la renuncia, disponiendo que la misma se haga efectiva como máximo dentro de los 12 (doce) meses siguientes al de la presentación de la opción, siempre que en ese período el funcionario no cumpla los 70 (setenta) años de edad. La aceptación de las renuncias que se presenten en el marco de este régimen, requerirá evaluación previa y conjunta por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de fallecimiento o incapacidad del beneficiario, cobrarán vigencia las normas generales en materia de Seguridad Social, considerándose configuradas, en tales casos, las causales habilitantes para el goce de los beneficios que acuerda el régimen vigente. A los efectos jubilatorios de la actividad civil, se aplicará como fecha de cese de la condición de activo, el último día del mes de cobro del incentivo. La totalidad de las retribuciones nominales sujetas a montepío de quienes hayan optado por acogerse al presente régimen, se suprimirán en el Grupo 0 de la unidad ejecutora a la que pertenecían, una vez aceptada y hecha efectiva la renuncia, y se habilitarán en el Grupo 5 en el objeto de gasto correspondiente, previo informe favorable de la Contaduría General de la Nación. Artículo 30.- Créase los siguientes cargos en los Incisos y Unidades Ejecutoras que se indican a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996: - En el Inciso 05 Ministerio de Economía y Finanzas , Unidad Ejecutora 009 Dirección Nacional de Catastro del Programa 009 Administración del Catastro Nacional y de Inmuebles del Estado : 1 cargo Escalafón A Técnico Profesional , Grado 15, Denominación Asesor, Serie Abogado. - En el Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca , Unidad Ejecutora 001 Dirección General de Secretaría del Programa 001 Administración Superior : 1 cargo Escalafón C Administrativo , Grado 06, Denominación Administrativo III, condición Se suprime al vacar , Serie Administrativo. - 31 - - En el Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca , Unidad Ejecutora 005 Dirección General de Servicios Ganaderos , del Programa 005 Servicios Ganaderos : 1 cargo en el Escalafón B Técnico Profesional , Grado 11, Denominación Técnico IV, Serie Inspector Veterinario, radicación Montevideo. - En el Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura , Unidad Ejecutora 021 Dirección General del Registro de Estado Civil , del Programa 011 Inscripciones y Certificaciones Relativas al Estado Civil de las Personas : 1 cargo en el Escalafón A Técnico Profesional , Grado 11, Denominación Asesor IV, Serie Abogado. Los mismos serán ocupados exclusivamente por los funcionarios cuya situación dio origen a las respectivas creaciones. Suprímense los siguientes cargos: - En el Inciso 05 Ministerio de Economía y Finanzas , Unidad Ejecutora 009 Dirección Nacional de Catastro del Programa 809 Reducción de Cometidos no Prioritarios : 1 cargo Escalafón A Técnico Profesional , Grado 15, Denominación Asesor, serie Abogado. - En el Inciso 07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca , Unidad Ejecutora 005 Dirección General de Servicios Ganaderos , del Programa 005 Servicios Ganaderos : 1 cargo en el Escalafón D Especializado , Grado 06, Denominación Especialista VIII, Serie Inspector Veterinario, radicación Montevideo. - En el Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura , Unidad Ejecutora 21 Dirección General del Registro de Estado Civil , del Programa 011 Inscripciones y Certificaciones Relativas al Estado Civil de las Personas : 1 cargo en el Escalafón C Administrativo , Grado 06, Denominación Jefe II , Serie Administrativo. SECCIÓN III ORDENAMIENTO FINANCIERO Artículo 31.- El Poder Ejecutivo, en cumplimiento del cometido de velar por la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las cuentas públicas, adoptará las medidas necesarias a los efectos de asegurar que el incremento anual del gasto primario corriente del Gobierno Central no supere el 3% (tres por ciento) en términos reales. Entiéndese por gasto primario corriente el gasto total de los organismos que componen el Presupuesto Nacional excluidas las partidas de inversiones y las destinadas al pago de intereses de la deuda pública. Quedan excluidas asimismo todas las partidas de gastos correspondientes a los Incisos 25, 26 - 32 - y 27 del Presupuesto Nacional. En ocasión de la Rendición de Cuentas anual, el Poder Ejecutivo deberá presentar un informe del estado de las finanzas públicas, evaluando el cumplimiento de la presente norma. De comprobarse un incremento del gasto primario corriente superior al indicado en el inciso 1º, el Poder Ejecutivo deberá informar las razones que motivaron el mismo y proponer las medidas correctivas necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento de las metas de gasto en un período máximo de 12 (doce) meses. Artículo 32.- Cuando los recursos del Presupuesto Nacional fueran inferiores a los presupuestados, el Poder Ejecutivo podrá establecer límites de ejecución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, incluidas las transferencias, y de gastos de inversión de los Incisos 02 al 27, a fin de ajustar los desvíos producidos. A tales efectos, el Ministerio de Economía y Finanzas realizará su valoración con una periodicidad no superior a seis meses. Estas limitaciones no afectarán las asignaciones determinadas en la presente ley, suspendiéndose su ejecución hasta tanto se ajusten los ingresos reales a los programados. El Poder Ejecutivo determinará en función de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno, el tipo de actividad que se priorizará en caso de restricciones fiscales. Artículo 33.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTÍCULO 26.- Las observaciones que por incumplimiento de las normas vigentes de administración financiera, o por razones de mérito u oportunidad que formulen los funcionarios de la Contaduría General de la Nación destinados al control presupuestario y financiero, cuando no sean subsanadas por el ordenador competente, serán comunicadas al Ministerio de Economía y Finanzas por la Contaduría General de la Nación. En caso de desecharse la observación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se comunicará en un plazo de diez días a la Contaduría General de la Nación a efectos de proseguir con el proceso del gasto. Si se mantiene la misma, el Ministerio de Economía y Finanzas informará a los ordenadores correspondientes para que reconsideren las decisiones observadas en el marco de las pautas presupuestales y financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo. - 33 - Cuando el ordenador no aceptara la referida observación, el Ministerio de Economía y Finanzas elevará los antecedentes al Poder Ejecutivo, quien en acuerdo con dicho Ministerio, resolverá si autoriza o no, la ejecución del gasto o pago. La ejecución del gasto quedará suspendida hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva en consecuencia". Artículo 34.- Las unidades ejecutoras de los Incisos de la Administración Central que generen economías en la ejecución de los créditos asignados para gastos de funcionamiento, incluidos suministros, en las financiaciones Rentas Generales y Recursos con Afectación Especial, podrán disponer en el ejercicio siguiente de hasta el 100% (cien por ciento) de las mismas para reforzar sus créditos de inversión, de acuerdo con lo que determine el Poder Ejecutivo. A estos efectos y antes del 31 de marzo de cada ejercicio, el jerarca del Inciso respectivo deberá justificar ante el Ministerio de Economía y Finanzas que las economías se obtuvieron habiendo dado cumplimiento a las metas estratégicas establecidas en los Lineamientos Estratégicos de Gobierno para ese programa. Artículo 35.- Derógase los artículos 771 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 37 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Artículo 36.- Al cierre de cada ejercicio, los Incisos del Presupuesto Nacional, podrán disponer de hasta el 100% (cien por ciento) de los Recursos de Afectación Especial disponibles y no comprometidos al 31 de diciembre, para destinarlo al abatimiento de su deuda flotante correspondiente a Rentas Generales. La utilización de los referidos saldos será determinada por el jerarca del Inciso respectivo debiendo contar con la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas y seguir un criterio de cancelación basado en la antigüedad de las deudas. Artículo 37.- Derógase el inciso final del artículo 101 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Artículo 38.- Los recursos obtenidos por la enajenación de bienes inmuebles y bienes de uso propiedad del Estado, serán destinados hasta en un 95% (noventa y cinco por ciento) para financiar inversiones del Inciso y abatir su deuda flotante. Cuando el destino de los recursos sea el abatimiento de deuda flotante, deberá darse cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 36 de la presente ley. Derógase el artículo 538 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. - 34 - Artículo 39.- El Poder Ejecutivo podrá disponer del 6% (seis por ciento) del total de los créditos de los Grupos 1, 2, 5 y 7 del Presupuesto Nacional, incluidos los correspondientes a la financiación 1.2 Recursos de Afectación Especial , para reforzar los créditos asignados para gastos de funcionamiento e inversión o habilitar créditos en partidas que no estén previstas. En ningún caso se podrá reforzar retribuciones personales financiadas con Rentas Generales. Del monto determinado anteriormente se podrá destinar el 25% (veinticinco por ciento) a reforzar créditos asignados a proyectos de inversión. Los refuerzos y habilitaciones que se autorizan por esta disposición, se efectuarán siempre con acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación y en lo relativo a proyectos de inversión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La utilización del crédito autorizado en el presente artículo deberá realizarse teniendo en consideración la disponibilidad de espacio fiscal emergente de la ejecución de los restantes créditos presupuestales. Derógase el artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, con la redacción dada por el artículo 51 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Artículo 40.- Podrán realizarse trasposiciones en los créditos de gastos de funcionamiento e inversión entre Incisos que tengan a su cargo el cumplimiento de cometidos con objetivos comunes de acuerdo con los Lineamientos Estratégicos de Gobierno, y regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio. Las solicitudes se tramitarán ante el Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo ser aprobadas por el Poder Ejecutivo actuando en acuerdo con los Ministros de los Incisos involucrados y el de Economía y Finanzas. Se requerirá el informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para créditos de inversión y de la Contaduría General de la Nación para créditos de gastos de funcionamiento. De lo actuado se deberá dar cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. Artículo 41.- El Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas podrá autorizar, previo informe favorable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, trasposiciones de asignaciones - 35 - presupuestales entre proyectos de inversión de distintos Programas del mismo Inciso. La solicitud deberá ser presentada ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto antes del 31 de octubre del ejercicio correspondiente, en forma fundada e identificando en qué medida el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y proyectos reforzantes y reforzados se verán afectados por la trasposición solicitada. En ningún caso las trasposiciones podrán obstar ni hacer inviable el cumplimiento de objetivos, metas y proyectos definidos como prioritarios. De lo actuado se deberá dar cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General. Artículo 42.- Sustitúyese el inciso 3º del artículo 60 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 en la redacción dada por el artículo 32 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, por el siguiente: "En todos los casos se dará cuenta a la Contaduría General de la Nación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Tribunal de Cuentas y Asamblea General. La incorporación de nuevos proyectos de inversión deberá ser aprobada por ley salvo en el caso de los entes de enseñanza, las que serán autorizadas por el jerarca respectivo". Artículo 43.- Derógase el artículo 57 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994. Artículo 44.- El sistema presupuestario deberá incluir sin excepción, todos los ingresos y gastos para cada Inciso, y como tales deberán reflejarse en las Leyes de Presupuesto Nacional y de Rendición de Cuentas. Los mismos deberán figurar por separado y con sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. En relación a las fuentes de financiamiento cuyos ingresos y gastos no integren el resultado presupuestal, fondos de terceros, donaciones y legados, la Contaduría General de la Nación instruirá la forma de contabilizar la ejecución de los mismos y la periodicidad de las correspondientes rendiciones de cuentas. Derógase el artículo 55 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Artículo 45.- Las trasposiciones de créditos, asignados a gastos de funcionamiento en los órganos y organismos del Presupuesto Nacional, - 36 - regirán hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio. Solo se podrán trasponer créditos no estimativos con las siguientes limitaciones: 1) Dentro de un programa y con la autorización del respectivo jerarca: a) En el grupo 0 "Servicios Personales" no se podrán trasponer ni recibir trasposiciones de otros grupos, como tampoco entre sí, los objetos auxiliares integrantes de los subgrupos 01, 02 y 03. b) En los restantes subgrupos, solamente se podrán efectuar hasta el límite del crédito disponible no comprometido y siempre que no correspondan a conceptos retributivos inherentes a cargos, funciones contratadas o de carácter personal, al sueldo anual complementario y a las cargas legales sobre servicios personales. c) En los grupos destinados a gastos no se podrán trasponer créditos de objetos destinados exclusivamente a misiones diplomáticas y misiones oficiales (grupo 2 "Servicios no Personales"), salvo entre sí mismos. d) No podrán trasponerse los siguientes grupos: 5 "Transferencias", 6 "Intereses y otros gastos de la deuda", 8 "Aplicaciones Financieras" y 9 "Gastos Figurativos". e) El grupo 7 "Gastos no clasificados" no podrá recibir trasposiciones, excepto los objetos de los subgrupos 7.4 "Otras Partidas a Reaplicar" y 7.5 "Abatimiento del crédito". f) Los créditos destinados a los suministros de organismos o dependencias del Estado, personas jurídicas de derecho público no estatal y otras entidades que presten servicios públicos nacionales, empresas estatales y paraestatales, solo podrán trasponerse entre sí. g) Las asignaciones presupuestales destinadas a arrendamientos no podrán ser traspuestas. 2) Entre programas, con la autorización del Ministro de Economía y Finanzas a solicitud fundada del jerarca del Inciso y previo informe de la Contaduría General de la Nación, rigiendo las mismas limitaciones establecidas para las trasposiciones dentro de un programa. 3) Entre financiaciones solo podrán realizarse trasposiciones desde la - 37 - Fuente de Financiamiento 1.1 "Rentas Generales" hacia otras Fuentes de Financiamiento, con exclusión de los objetos de gastos inherentes a suministros. Las modificaciones de las fuentes de financiamiento previstas en el presente numeral deberán ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Contaduría General de la Nación justificando la existencia de disponibilidad suficiente en la fuente con la cual se financia. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los Organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República que tuvieren regímenes especiales. Derógase el artículo 33 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. Artículo 46.- El pago de retribuciones de ejercicios vencidos podrá ser autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas siempre que, en el ejercicio de su devengamiento, se constataran economías en los objetos auxiliares respectivos o en aquellos, para los cuales fuera de aplicación el artículo 45 de la presente ley. Derógase el artículo 7º de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990. Artículo 47.- Los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional deberán registrar, en la forma y condiciones que establezca la Contaduría General de la Nación y dentro de los 30 (treinta) días siguientes al cierre de cada mes, la información relativa a la utilización de los fondos recibidos. Artículo 48.- Sustitúyese el artículo 400 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, en la redacción dada por el artículo 29 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente: "ARTÍCULO 400.- Si una sentencia condenara al Estado al pago de una cantidad de dinero líquida y exigible y hubiera quedado ejecutoriada, el acreedor pedirá su ejecución mediante el procedimiento que corresponda. Si se hubiera promovido un incidente liquidatorio o se tratara de una reliquidación, los abogados patrocinantes de la Administración deberán comunicar por escrito al jerarca inmediato en un plazo de tres días hábiles, acompañando fotocopia autenticada de la sentencia definitiva e incidente de la liquidación. Habiendo quedado ejecutoriada la sentencia o en su caso el incidente de liquidación, el órgano judicial interviniente comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas que debe ordenar su pago, a quien - 38 - la Sede jurisdiccional designe, en un plazo de cuarenta y cinco días corridos a partir de su notificación. Dicho Ministerio requerirá la previa intervención del gasto por el Tribunal de Cuentas el que deberá expedirse dentro de los quince días de haber recibido el expediente respectivo. Vencido dicho plazo sin que se hubiera pronunciado, el gasto se tendrá por intervenido. Cumplido el trámite ante el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá efectuar el respectivo pago dentro de los cuarenta y cinco días referidos en el inciso segundo de este artículo, atendiéndose la erogación resultante con cargo al Inciso 24 Diversos Créditos". Artículo 49.- Sustitúyese el artículo 401 de la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988, en la redacción dada por el artículo 42 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, por el siguiente: "ARTÍCULO 401.- Los Gobiernos Departamentales y los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados Industriales y Comerciales del Estado, deberán realizar las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar sus presupuestos, para atender el pago de las sentencias previendo los recursos necesarios para financiar las erogaciones del Ejercicio. Si un Tribunal condenara a algunos de los organismos mencionados en el inciso anterior a pagar una cantidad líquida y exigible, el acreedor pedirá su ejecución mediante el procedimiento que corresponda. En caso que hubiera un incidente liquidatorio o se tratara de una reliquidación, los abogados patrocinantes de dichos organismos deberán comunicar por escrito al jerarca inmediato en un plazo de tres días hábiles, acompañando fotocopia autenticada de la sentencia definitiva e incidentes de la liquidación. Habiendo quedado ejecutoriada la sentencia o en su caso el incidente de liquidación, el órgano judicial interviniente comunicará al organismo demandado que debe ordenar su pago a quien la Sede jurisdiccional designe, en un plazo de cuarenta y cinco días corridos a partir de su notificación, debiendo comunicar al respectivo Tribunal la fecha y pago efectuado. Dicho Organismo requerirá la previa intervención del gasto por el Tribunal de Cuentas el que deberá expedirse dentro de los quince - 39 - días de haber recibido el expediente respectivo. Vencido dicho plazo sin que se hubiera pronunciado, el gasto se tendrá por intervenido. Cumplido el trámite ante el Tribunal de Cuentas, el citado Organismo deberá efectuar el respectivo pago dentro de los referidos cuarenta y cinco días". SECCIÓN IV INCISOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL INCISO 02 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Artículo 50.- Créase en el Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", Unidad Ejecutora 001, un cargo de Director General de Servicios de Apoyo, artículo 9º, literal c) de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que se declara de particular confianza. La actual Unidad Ejecutora 001 "Presidencia de la República y Oficinas Dependientes", pasará a denominarse "Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República". Las Divisiones existentes en la Unidad Ejecutora 001 dependerán en forma directa de la Dirección de Servicios de Apoyo, que adicionalmente tendrá a su cargo la ejecución presupuestal de todas las reparticiones y dependencias del Inciso 02 "Presidencia de la República" que no tengan expresamente previstas unidades con ese cometido. Artículo 51.- Las Unidades Ejecutoras 003 "Casa Militar", 004 "Oficina de Planeamiento y Presupuesto", y 008 "Oficina Nacional del Servicio Civil", sin perjuicio de su dependencia directa de la Presidencia de la República, se vincularán administrativamente con ésta a través de la Secretaría de la Presidencia. Artículo 52.- Los Servicios Jurídicos de la Presidencia de la República dependerán directamente del Secretario de la Presidencia de la República. Estarán conformados por la Asesoría Jurídica, la Escribanía de Gobierno y el Departamento de Acuerdos, bajo la coordinación de la Dirección de la Asesoría Jurídica. Artículo 53.- La Secretaría de Prensa y Difusión, y la oficina de Relaciones Públicas y Ceremonial, integrarán el Área de Comunicaciones y dependerán directamente del Prosecretario de la Presidencia de la República. Artículo 54.- Transfórmase el cargo de Director de Comunicación Social - 40 - de la Presidencia de la República, comprendido en el literal d) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, en un cargo de Director del área de Comunicación de la Presidencia de la República, el que estará comprendido en el literal c) de la misma disposición. Artículo 55.- Créase, dependiendo directamente de la Presidencia de la República, la "Unidad de Asesoramiento y Monitoreo de Políticas". Tendrá como cometido el asesoramiento al Presidente de la República en las áreas que éste determine, y el seguimiento de las determinaciones políticas del Poder Ejecutivo, cuando éste así lo establezca. Artículo 56.- Créase en el Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", un cargo de Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, el que se declara de particular confianza, y queda comprendido en el literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986. El mismo dependerá en forma directa del Presidente de la República, y tendrá por cometido la implementación de las políticas estatales en la materia, en coordinación con las jerarquías de los servicios estatales con injerencia en la misma. Artículo 57.- Créase el Servicio de Seguridad Presidencial que dependerá directamente de la Prosecretaría de la Presidencia. Autorízase a la Contaduría General de la Nación, a iniciativa de la Presidencia de la República, a transferir a la Unidad Ejecutora 001 "Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República", los créditos presupuestales asignados a la Unidad Ejecutora 003 "Casa Militar" de los servicios mencionados. Artículo 58.- El personal policial asignado al Servicio de Seguridad Presidencial mantendrá su estado, así como los derechos funcionales correspondientes a su condición, y al escalafón y grado al que pertenezcan, sin perjuicio del ascenso al que tuvieren derecho, previo cumplimiento de los requisitos objetivos del caso. Artículo 59.- La Presidencia de la República asignará al personal del Servicio de Seguridad Presidencial, en base a pautas objetivas y a las responsabilidades a reglamentar, una compensación especial mensual por las tareas a desempeñar. Dicha compensación se otorgará por diferencia, hasta cubrir un nivel máximo de retribución por todo concepto, excepto antigüedad, beneficios sociales y el eventual otorgamiento de la compensación por asistencia directa a que refiere el artículo siguiente, si correspondiere. - 41 - La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes. Artículo 60.- El personal integrante del Servicio de Seguridad Presidencial directamente afectado a la custodia del Presidente, tanto el que tenga la calidad de funcionario público como el contratado en el régimen establecido en el artículo 83 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, tendrá igualmente derecho a la percepción de la compensación establecida en el inciso segundo del artículo 80 de la misma ley. Quienes sean alcanzados por esta disposición no se entenderán comprendidos dentro de la limitación fijada por el inciso tercero del mismo artículo. Artículo 61.- Deróganse los artículos 105 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, 25 del Decreto-Ley Nº 14.985, de 28 de diciembre de 1979, 110 de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, 51 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, 78 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y 81 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Artículo 62.- Sustitúyese el artículo 83 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, por el siguiente: "ARTÍCULO 83.- Asígnase al Programa 001, "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno", Unidad Ejecutora "Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República" del Inciso 02 "Presidencia de la República" una partida anual de $ 8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones), a los efectos de atender las erogaciones que demande la contratación de personas que, en calidad de Adscriptos, colaboren directamente con el Presidente de la República, el Secretario de la Presidencia de la República y el Prosecretario de la Presidencia de la República, por el término que éstos determinen y no más allá de sus respectivos mandatos. Las personas comprendidas en la situación precitada no adquirirán la calidad de funcionarios públicos. Si la contratación recayere en funcionarios públicos, podrán estos optar por el régimen que se establece en el presente artículo, manteniendo la reserva del cargo o contrato de función pública de su oficina de origen, de acuerdo al régimen general previsto para la reserva de cargos políticos o de particular confianza. La Contaduría General de la Nación habilitará por trasposición la partida presupuestal correspondiente en el Grupo 0 del gasto". Artículo 63.- Sustitúyese el artículo 57 de la Ley Nº 17.296, de 21 de - 42 - febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera: "ARTÍCULO 57.- Asígnase a la Unidad Ejecutora 001 "Servicios de Apoyo a la Presidencia de la República" el Programa 001 "Determinación y Aplicación de la Política de Gobierno" del Inciso 02 "Presidencia de la República", una partida anual de $ 3:197.000 (pesos uruguayos tres millones ciento noventa y siete mil) con cargo a Rentas Generales, para atender gastos de funcionamiento de la Secretaría Nacional de Drogas. La Presidencia de la República comunicará a la Contaduría General de la Nación la desagregación de la referida partida en grupos y objetos del gasto". Artículo 64.- Agrégase al artículo 63 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 27 de octubre de 1998, el siguiente inciso: "Sin perjuicio de lo expresado, el juez o el tribunal en su caso, podrán disponer el decomiso aun durante la sustanciación del proceso y antes del dictado de la sentencia de condena, cuando los bienes, productos o instrumentos de que se trate fuesen por su naturaleza perecederos o susceptibles de deterioro que los torne inutilizables. Si en definitiva, el propietario de los mismos fuese eximido de responsabilidad en la causa, o cuando sean de aplicación los artículos 64 y 65 de esta ley, el interesado podrá solicitar la reparación por parte del Estado por los daños y perjuicios resultantes del decomiso". Artículo 65.- Sustitúyese el artículo 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 27 de octubre de 1998, por el siguiente: "ARTÍCULO 67.- Toda vez que se confisquen bienes, productos o instrumentos, conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el Juez de la causa los pondrá a disposición de la Junta Nacional de Drogas, que tendrá la titularidad y disponibilidad de los mismos. Dicho organismo determinará el destino, pudiendo optar -según las características de los bienes, productos o instrumentos- lo que sea más conveniente y oportuno al caso concreto: A) retenerlos para uso oficial en los programas y proyectos a cargo de la misma; B) transferir los mismos, o el producido de su enajenación, a cualquier entidad pública que haya participado directa o - 43 - indirectamente en su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas; C) transferir esos bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta, a cualquier entidad privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y reinserción social de los afectados por el consumo.