Jorge
Larrañaga
 

Abogado de profesión, fue intendente de Paysandú entre 1990 y 1999 y senador desde 2000. Es líder del sector Alianza Nacional y en las últimas elecciones fue candidato a la vicepresidencia.

 
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06.10.2008 16:17

Reformas en orfandad

Un país moderno como al que aspiramos necesita un Estado Moderno.



Entendemos imperiosa una reforma de la gestión del Estado que haga centro en el destinatario –usuario, beneficiario- de la acción estatal, a partir del criterio de eficiencia y eficacia.

Esto supone una serie de cambios de estructuras y de lógicas de funcionamiento.

Recomponer el designio constitucional que implica que el funcionario es para la función, no viceversa, y que la función es para la gente.

El proceso de reforma estatal debe incluir la actualización tecnológica, la innovación en los sistemas de gestión y la mejora de atención a los usuarios de los diferentes servicios.

La racionalización de la estructura organizacional y la mejor administración de los recursos humanos son elementos que deben integrar el sistema de reforma para lograr que el Estado sea eficiente y esté adecuado a las necesidades de un nuevo tiempo.

Tenemos estructuras y organizaciones de otro tiempo. Lo apreciamos en numerosos servicios, incluso en un tema de notable actualidad como el servicio de policía, donde la división territorial de las comisarías responde a una realidad de la ciudad de varias décadas atrás.

No es posible continuar reproduciendo burocracia, creando cargos de dudosa necesidad y más dudosa utilidad como ha sucedido en la reciente Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal.

Estas carencias organizacionales y la mala utilización de los recursos repercuten en el tan manido tema del costo del Estado.

La reducción del “costo” del Estado no es un fin en sí mismo, aunque sería un resultado deseable de cualquier proceso de reforma. Lo que sí es un objetivo es la eficiencia, entendida como la asignación óptima de recursos dentro del Estado. La asignación de recursos en el Estado no puede contrariar lo que sucede en el resto de la economía y de las demandas sociales.

La inversión pública, la promoción de actividades económicas, la atención de la salud, la educación y el desarrollo social, deberán estar en armonía con las necesidades y realidades del país. La eficiencia del Estado es esencial para la política tributaria y fiscal, y ésta debe presionar sobre la búsqueda de la eficiencia de la gestión pública.

Un manejo prolijo, minucioso y escrupuloso de los recursos públicos es otro elemento prioritario. La honradez administrativa, reclamo y mandato permanente de nuestra colectividad, debe estar indisolublemente unida a la gestión pública. Ésta reclama honestidad, transparencia y responsabilidad, no solo bajo un criterio político, sino además moral y ético, que en definitiva, le dé sentido humano a la función estatal.

Nosotros queremos que la reforma refleje un modelo de país inclusivo e incluyente, que restablezca el equilibrio territorial a partir del desarrollo nacional integral en una dimensión moderna y renovadora de la descentralización.

La visión y planificación de la Reforma debe ser multidimensional y las acciones concretas surgirán de las confluencias entre las unidades, las áreas, los requerimientos de las políticas públicas y los elementos prioritarios que se convengan.

El gobierno ha anunciado una pretenciosa Reforma del Estado. Tan pretenciosa como que ha sido designada como la madre de todas las reformas, la que estaría dirigida por el propio Sr. Presidente.

Sin embargo, más allá de los anuncios, la Reforma no está.

Además de una imposibilidad lógica y de ordenación temporal acerca que la progenitora brotaría luego que sus frutos, hay un irrebatible retraso en el diseño e implementación de la reforma, evidencia inequívoca de la improvisación y falta de preparación con que se maneja el gobierno.

Seguimos esperando por un Estado más adecuado a las necesidades de los uruguayos y menos utilitario a los intereses sectoriales de los gobiernos de turno.

Continuamos a la espera de un Estado serio, ágil, moderno, más “liviano” para la espalda (bolsillo) de los uruguayos.

Una reforma efectiva de la gestión y organización del sector público, tiene que estar respaldada por un acuerdo político amplio, sólido y duradero. No basta el apoyo de una mayoría circunstancial. Se requiere una mayoría sustancial, que sea capaz de articular y negociar con los sindicatos y las corporaciones.

En definitiva, necesitamos un Estado moderno como base para el impulso de un país moderno, que ayude a los uruguayos a crecer y progresar, y no constituya un freno al desarrollo.
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