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04.06.2008
Optimizar recursos La buena administración exige optimizar los recursos existentes. El caso de las cárceles es el ejemplo palmario de esta necesidad.
Analizando la situación actual y las perspectivas vemos que en el año 1990 en Uruguay estaban encarcelados 2791 personas, mientras hoy la cifra asciende a 7668 y según el Comisionado Parlamentario la tendencia es hacia un crecimiento explosivo proyectándose 15870 personas privadas de libertad para 2015. Así se desprende del “Informe de actuación y evaluación del Sistema penitenciario Nacional 2007” presentado por el Comisionado Parlamentario al Poder Legislativo. La situación actual se caracteriza, entonces, por un hacinamiento carcelario, con un crecimiento proyectado explosivo, y a consecuencia tenemos nula capacidad de cumplir con la función de rehabilitación y cárceles que terminan transformándose en “escuelas del delito”. El desborde de las actuales estructuras se refleja por ejemplo en el COMCAR, donde existen 3170 presos en donde hay 1600 plazas. El precepto constitucional previsto en el artículo 26 expresa: “En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y si sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Hoy esto es letra muerta. Este fenómeno termina afectando, también, la seguridad pública: así vemos motines en Montevideo e interior, fugas de reclusos, un índice de reincidencia que llega al 58%, reparto de reclusos en cárceles del interior, entre otras circunstancias que contribuyen a que se lesione el derecho a la seguridad de los uruguayos. En base a todo esto es que hemos presentado una serie de propuestas al Sr. Ministro de Defensa y a la Sra. Ministra del Interior con el objetivo de descongestionar las cárceles y al mismo tiempo permitir un mejor funcionamiento del sistema facilitando la rehabilitación de presos primarios y también aquellos menos peligrosos, quienes serían destinados a estos centros. La idea es utilizar locales ya existentes, pertenecientes al Ministerio de Defensa, que con adaptaciones de menor cuantía podrían adaptarse a los fines señalados. La propuesta supone que los locales sean transferidos al Ministerio del Interior quien se haría cargo de ellos y de todas las tareas que legalmente le corresponde en materia penitenciaria (custodia, seguridad, etc.) Los locales en cuestión son el Reg. De Caballería Mecanizado Nº 9, que cuenta con un área superior a las 4 hectáreas y media y más de 5000 m2. edificados. El otro local es la ex cárcel de Punta de Rieles, a la altura del km 13, 500 de Cno. Maldonado, sobre la Avda. Punta Rieles, donde actualmente funciona la Escuela de Personal Subalterno. Sería por su extensión -39 hàs-. una edificación privilegiada para alojar presos de baja peligrosidad y primarios, donde se pueden realizar tareas de rehabilitación (chacra, talleres.) Estas dos soluciones aliviarían las cárceles actuales en más de 1000 o 1500 reclusos. Los reclusos a trasladar deberán contar con las siguientes características: a) baja peligrosidad, b) ser primarios y c) tener buena conducta. En todos los casos proponemos que los reclusos realicen tareas tendientes a su rehabilitación y reinserción social. Con estas medidas estaríamos respondiendo a la tendencia mundial a centros de reclusión más reducidos y con escasa población, que permiten una mejor y más segura administración interna. Estamos dispuestos a apoyar con las medidas legislativas que resulten pertinentes y necesarias para propiciar estas modificaciones tanto en el régimen de Propiedad de los establecimientos como en las asignaciones presupuestales que resulten del caso, por ejemplo en la Rendición de Cuentas a consideración del Parlamento. Estas propuestas constituyen medidas de gestión concretas que permitirán el mejor funcionamiento del sistema penitenciario y de su función primordial de rehabilitación y resocialización, dejando constancia que este problema se viene arrastrando desde hace varios años, agravándose día a día. %%Noticias_asociadas_INI%%
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