gustavo bernini
 
Gustavo
Bernini
 

Nació en 1958, es casado y padre de 3 hijos. Posee estudios de Derecho y Economía, desempeñándose en el área bancaria, siendo destacado dirigente de AEBU. Es miembro del Partido Socialista desde 1981, y fundador del PIT. Diputado por el Partido Socialista, integra la Comisión de Legislación del Trabajo, la Comisión Investigadora de Entes Autónomos, período 2000-2005, la Comisión de Constitución y Códigos y la Comisión de Seguimiento al Sistema Carcelario de la Asamblea General.

 
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16.07.2008

Haz lo que yo digo per...

Nuevamente en estos días, a nivel de prensa y opinión pública, la Suprema Corte de Justicia ha estado sobre el tapete.

Debo comenzar por decir que, como no puede ser de otra manera, respeto la separación de poderes y por ende comparto que la justicia tenga el mayor grado de independencia que sea imaginable.

Sin embargo, creo que ello no impide que, como legislador, pueda emitir opinión sobre el accionar colectivo o individual del poder judicial. Ello incluye a los miembros de la Suprema Corte, su accionar, sus fallos, y todo aquello a lo que debemos estar expuestos quienes integramos alguno de los tres poderes del Estado.

También debo confesar que en estos días, al leer las declaraciones del Dr. Ruibal Pino sobre la forma de ingreso de los funcionarios del poder judicial, sentí la necesidad de escribir estas líneas.

El impacto que me produjeron las declaraciones sobre este tema, me ratificaron un concepto político que vengo exponiendo desde hace mucho tiempo: en este país existe cierto “acostumbramiento” a históricas situaciones arbitrarias, que se trasuntan en el clásico “esto siempre fue así”.

Esta afirmación parece inhabilitar cualquier debate o propuesta de cambio, por más lógica y razonable que ésta sea. Esto se agrava todavía más cuando la defensa a la desigualdad de oportunidades es realizada por personas que, por su rango y jerarquía, deberían elaborar argumentos mucho más consistentes que el alegato de hacer flamear la bandera de la arbitrariedad.

Veamos algunos de los argumentos esgrimidos a través de la prensa por el Sr. presidente de la Suprema Corte, en lo atinente al tema de los ingresos.

El País, 5 de julio de 2008
“...Ante las críticas, la Corte defendió el actual sistema de designación, que consiste en elegir en forma directa los cargos de auxiliar (último escalafón del funcionariado) y para el resto de los cargos administrativos se utiliza un sistema "semiabierto". En ese caso se selecciona al personal por concurso, pero a partir de una lista confeccionada en base a nombres propuestos por cada ministro de la corporación. Ruibal, por ejemplo, ha admitido que sus dos hijas ingresaron de esa forma: una hace catorce años y otra en 2007.
Según el ministro, el último concurso abierto -hace muchos años, pero no recuerda cuándo- "no funcionó bien", debido a que se presentó tanta gente que la selección se hizo por sorteo, de donde quedaron afuera los mejores calificados. ...”
.....A partir de la polémica pública por las designaciones, el presidente de la Corte, Jorge Ruibal Pino, debió aclarar su postura: "El ingreso por concurso no es bueno. Es mejor el mecanismo actual, porque del otro modo no se puede conocer bien al aspirante, lo que sí se permite con la designación directa".


Puedo compartir que los concursos no siempre son perfectos. Pero sí son perfectibles. Y aún si llegáramos al óptimo, a veces habría que realizar sorteos debido a la cantidad de postulantes calificados para los puestos. Desde esta perspectiva es que no acierto a saber como el Dr., a fin de menospreciar este instrumento, puede llegar a realizar la rotunda afirmación que quienes quedaron afuera “en aquel concurso que ya no recuerda ni cuando fue” eran “los mejor calificados”. Me gustaría saber cómo supo esto. Porque si los mejor calificados no entraron en el sorteo, en todo caso, me parece que habría que pensar en cómo fue realizado el mismo. Y en todo caso, teniendo la potestad de ingresar personal en forma directa, si sabía que “los mejores calificados” estaban quedando fuera de la Corte ¿no los podría haber hecho entrar con algún mecanismo que él conoce bastante bien?

Pero más allá de eso, quiero concentrarme en el eje de mi mayor discrepancia.

En primer lugar, quiero aclarar que discrepo con todo lo que considero un atentado a la igualdad de oportunidades para todo ciudadano de la República.

Y en este sentido, me gustaría que se explicara cómo, al realizar una designación directa, sin dar espacio a concursar abiertamente, se asegura que no se está dejando afuera a los que están mejor calificados.

El régimen de ingresos en el Poder Judicial que defiende el Doctor, no difiere del histórico nepotismo y amiguismo tantas veces denunciado en otras áreas del Estado.

¿Por qué una persona “conocida” por algún integrante de la corporación debe tener privilegios con respecto a los miles de ciudadanos con derecho a trabajar? ¿Quién asegura que esa persona es la mejor calificada?

¿Alguien puede explicar cuáles son “las mejores calificaciones” que según se ha denunciado permitieron, hace poco tiempo, el ingreso por designación directa de una persona con 62 años de edad?

Me gustaría saber cómo se concilia ese ingreso con la definición planteada en la Constitución de la República que dice en el artículo 8, casi como para marcar la cancha de pique, que “Todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”.

Sobre todo porque es público y notorio que éste fue el artículo invocado por la mayoría de la SCJ, incluyendo al Dr. Ruibal, cuando los primeros fallos de inconstitucionalidad del IRPF.

El país tiene una historia muy larga en cuanto al ingreso a la función pública. Historia negra y lamentable, pero también de avances que, con idas y venidas, se han ido produciendo con el correr de los últimos años.

En el actual período se han realizado incontables cantidades de concursos y sorteos en diferentes organismos. Como frenteamplista me enorgullece que así sea. Es más creo que la transparencia, y el seguir profundizando en la mejora de los métodos de concurso, es algo que nos debe enorgullecer a todos, cualquiera sea nuestro partido.

Por todo esto creo que lo planteado por los compañeros parlamentarios en cuanto a legislar con respecto a los ingresos al poder judicial en la próxima rendición de cuentas es una decisión más que correcta.

Reitero: Transparentar la administración de lo público es algo que nos hace bien, no a un partido, sino a todos quienes conformamos un país.

Brindo todo mi apoyo a mis compañeros de la Comisión de Hacienda que han anunciado la inclusión de un artículo con respecto a los ingresos al poder judicial en la próxima rendición, así como a los integrantes de otros partidos que se han manifestado contentos en la justeza de una norma de este tipo. Ojalá no hubiera sido necesario imponerlo por ley. Respetuosamente me permito señalar: me hubiera gustado que hubiera salido de la propia Corte.

Pero veamos siempre lo positivo. Esto, después de más de un siglo, es un gran avance. Desde ya aseguró mi voto en la plenaria, levantado mi mano con el orgullo de sentir que hemos dado un paso más en profundizar la democracia y la igualdad de oportunidades de los hombres y mujeres que conformamos la nación.

A seguir cambiando.

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