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02.05.2007
Prometieron todo, a todos En vísperas de la remisión al parlamento nacional de una nueva Rendición de Cuentas, el país se enfrenta a un conflicto en la enseñanza pública al que por ahora se le abren pocas posibilidades de solución, a la luz de las expresiones tanto del Presidente Vázquez como del Ministro de Economía Danilo Astori quien, por vez primera desde que asumió ésta administración, recibió pocos días atrás a los representantes de los distintos gremios de la educación.
Hoy el gobierno está enredado en la telaraña que el Frente Amplio tejió y tejió a lo largo de toda su vida; claro, cuando estaba en la oposición y creía que tenía piedra libre para prometer todo, a todos. Particularmente a este sector tan importante de la vida nacional en el que además, dicho sea de paso, ganó tantos adeptos precisamente como consecuencia de esa prédica irresponsable, cargada de demagogia.
Con lo cual, nuestras discrepancias con ésta administración en materia educativa ya no se limitan al contenido de la misma, lo que ya de por sí era suficiente para desarrollar una oposición cerrada a las aberraciones que se intentan perpetrar. La forma en que se prepararon las guías y programas referidos a la historia más reciente, universal y nacional, con intencionalidad política y vulnerando el principio de la laicidad. La disminución de las horas de computación e inglés, o la eliminación del italiano, son sin dudas temas lo suficientemente importantes como para continuar dando una batalla de cuyo resultado depende la educación en valores de las nuevas generaciones. Pues bien, se suman ahora las diferencias en la forma de distribuir los recursos y en el menguado aporte que se realiza en particular a la ANEP, a la que tanto se le prometió al comenzar el período. Más aún, recordarán los lectores aquella confrontación que tuvo como protagonistas a Vázquez y Astori en ocasión de la elaboración del presupuesto nacional, cuando se llegó incluso a hablar de una posible renuncia del titular de economía por no aceptar incluir en la iniciativa el 4,5% del P.B.I. como aporte presupuestal a la educación. Porcentaje que, se señalaba entonces, había sido incluido en el presupuesto a instancias del Presidente y con la reticencia de Astori. Señalábamos entonces, y hoy nos ratificamos de aquella aseveración, que tantas cláusulas gatillo y condiciones se establecieron en la ley presupuestal, que ni siquiera en las hipótesis más optimistas se iba a llegar a otorgar a la educación un porcentaje de esas características. Pues lamentablemente los hechos nos van dando la razón y a juzgar por los resultados, Astori se va saliendo con la suya con la complicidad del Presidente. No solamente porque ahora, desde el propio gobierno, distintos y calificados voceros señalan que ni siquiera al finalizar el período se va a llegar a aquel objetivo. Sino porque además, hoy, estamos muy lejos del mismo. Hoy el porcentaje del producto bruto interno que se dedica a la educación está por debajo del 3% y, como consecuencia de disponerse de tan menguados recursos, la realidad pega fuertemente en este sector de la vida nacional. En materia de construcción de liceos se avanza al ritmo más lento que se conoce en las últimas décadas de la vida del país; uno por año. La ampliación de los locales educativos, tanto en primaria como en secundaria, es mínima y no llena las necesidades en la materia. Los docentes superan largamente las 48 horas semanales de clase, no se respeta el mínimo intervalo de descanso indispensable para realizar efectivamente la tarea y, por supuesto, las retribuciones continúan llamativamente bajas. Aunque no tanto como lo van a estar a partir del mes de julio cuando, por obra y gracia de la reforma tributaria, se sumen la totalidad de los ingresos salariales para definir el porcentaje de retención correspondiente. Frente a esta realidad creemos indispensable hacer público el planteamiento que, oportunamente, les realizáramos a los representantes de los distintos gremios vinculados a la educación. Esto es que la ANEP remita al Poder Ejecutivo su propio mensaje presupuestal de manera que al momento de decidir, el parlamento tenga la opción de optar entre el presupuesto de la ANEP y el que remita el Poder Ejecutivo. Así lo establece la Constitución de la República, así debe proceder el gobierno y así lo deben reclamar los sindicatos de manera tal que el parlamento esté en condiciones de elegir. Es verdad que desde el gobierno se está trabajando en la posibilidad que el parlamento apruebe la Rendición a tapas cerradas; es la mejor manera de eludir la comparecencia de las distintas organizaciones a las comisiones de presupuesto. Sí, de esas mismas organizaciones a las que quienes hoy gobiernan, alentaban permanentemente a demandar, a promover conflictos, a concurrir al parlamento. Pero también es verdad que a la hora de votar cada legislador tiene que, previamente, escuchar a los protagonistas y muy especialmente, estar atentos a las necesidades de los departamentos que representan desde su banca. El gobierno deja en evidencia una vez más que no ha sabido manejarse en materia de gasto público e inversión. En poco tiempo, y seguramente cegado por una situación económica coyuntural favorable y por altos niveles de recaudación de tributos, ha gastado mucho y mal. Y lo ha hecho sin definir claramente las prioridades del país; lo ha hecho a los empujones, unas veces presionado por sectores gremiales y otras, las más, acorralado por los propios sectores políticos que lo integran. Lo que a su vez le ha impedido desarrollar políticas anticíclicas que son las que se imponen en circunstancias como las que está atravesando la economía regional y, por ende, la economía nacional. Lamentablemente el precio más alto lo paga la educación y lo paga doblemente; por los conflictos que se están desarrollando, y por la falta de recursos que condicionan su futuro. %%Noticias_asociadas_INI%%
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