La presidenta Cristina Fernández ya firmó el decreto que faculta al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a demandar penalmente a los ambientalistas de Gualeguaychú que mantienen cortada la ruta 136. Entre hoy y el lunes se presentará ante el juzgado de Concepción del Uruguay.
La mandataria argentina ya firmó el decreto por el que se faculta al Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa del corte de la ruta 136 que mantienen los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, informaron a El Argentino fuentes oficiales.
La querella quedará radicada entre este viernes y el lunes ante el juzgado de Concepción del Uruguay.
Más temprano, el ministro de Justicia, Julio Alak, llamó a la Asamblea a que "reflexione rápidamente" y proceda a levantar el corte sobre el puente General San Martín, agregando que el bloqueo impide el control ambiental, informó EFE.
"Uruguay nos está diciendo: 'No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en una situación de alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles'", dijo.
Por su parte, el Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, había presentado el miércoles pasado una denuncia penal contra los que cortan el paso hacia Uruguay, pero el juez Gustavo Pimentel reclamó un decreto presidencial para admitir el expediente.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los activistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
El gobierno argentino también presentó una denuncia civil contra integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú por los perjuicios económicos derivados del bloqueo del paso fronterizo.
El miércoles, al anunciar la decisión de formular las denuncias, el Gobierno argentino alegó que, tras el fallo de La Haya, la protesta de Gualeguaychú impide que ambos países puedan iniciar controles conjuntos a la calidad de las aguas del río Uruguay, a la vera del cual funciona la planta, y que las relaciones bilaterales se recompongan.
Los ecologistas reaccionaron con rabia ante las denuncias judiciales y aseguraron que no desistirán de su protesta.
