Mientras Jorge Fritzler confirmó a Montevideo Portal que la Asamblea de Gualeguaychú analiza hoy nuevas medidas en la lucha contra la planta de UPM-Botnia, sigue su curso la causa iniciada por el gobierno argentino contra diez de los activistas. La demanda debió ser elevada a la Cámara de Paraná, luego que un juez de Concepción del Uruguay rechazara indagar a los asambleístas.
En momentos en que los gobiernos de Uruguay y Argentina recomponían su relación y los activistas se mantenían firmes en el corte de ruta, la administración de Cristina Fernández evitó levantar el bloqueo por la fuerza tomando una medida intermedia: acusó a diez asambleístas referentes por una serie de delitos en los que se incluían homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito.
Aunque los activistas liberaron luego la ruta en forma provisoria, el gobierno argentino decidió continuar con la querella. La demanda llegó al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, pero el juez Gustavo Pimentel se negó a citar a indagatoria a los diez acusados basándose en el "contexto social imperante" en torno al corte del puente.
Esa decisión fue apelada por la fiscal Daniela Neyra, con el objetivo de continuar adelante con la demanda. Por ese motivo, según informa hoy El Argentino, la causa fue elevada a la Cámara Federal de Paraná, que debe resolver ahora el pedido de la fiscal y determinar si los acusados pueden o no ser indagados por los delitos de los que se les acusan.
Nuevas medidas
Cuando falta un día para que venza el plazo que dieron los asambleístas de Gualeguaychú para que los gobiernos de Argentina y Uruguay logren un acuerdo y den cumplimiento al fallo de La Haya, desde la Asamblea se reafirma que "el conflicto sigue vigente".
En comunicación con Montevideo Portal, Jorge Fritzler dijo que la situación "no es como la anuncia la presidenta (Cristina Fernández) y el canciller (Héctor Timerman). Hay que dejar en claro que el conflicto está vigente", puntualizó.
En este momento "se están cumpliendo los 60 días de plazo y las peticiones de la Asamblea no están siendo satisfechas. No se han concretado algunas cosas de las que hablamos con el canciller como por ejemplo la de definir que se entra a la planta tantas veces como la ciencia lo considere necesario".
Si bien "en las palabras (el jerarca) dijo que así se hará, lo que vale es el documento escrito y ahí dice que se puede entrar sólo 12 veces", objetó Fritzler.
Otro de los puntos que representa una interrogante para los asambleístas es quiénes serán los científicos encargados de realizar los controles. "Nosotros acercamos dos nombres", el de Marcelo Conti y Elías Matta, pero hasta el momento no han tenido "ninguna respuesta".
Este miércoles se definirá cuáles son las nuevas medidas que tomará la Asamblea y no se descarta volver a cortar la ruta 136. "Como posibilidad existen todas las posibilidades", dijo Fritzler quien entiende que los asambleístas "estamos siendo querellados por el gobierno. Creo que se ha actuado sobre la libertad de expresión y la libertad de protesta", indicó.
Además pedirán una reunión con el gobernador de la provincia, Sergio Urrubarri, "para terminar de resolver algunos temas como el Plan de Salud", por el que se definirá qué seguimiento que se hace de las personas que sufren consecuencias por estar en contacto con las emanaciones de producto químicos. "Queremos que esto se lleve hasta las ultimas consecuencias y que pueda servir como prueba" para presentar sobre los supuestos daños que entienden produce la planta.
