Estamos ante un proyecto de ley de suma relevancia, remitido por el Poder Ejecutivo y elaborado por personas vinculadas a distintos organismos; contiene una mirada diferente, desde distintos lugares, con un denominador común como, sin duda, el hecho de continuar en un proceso que, objetivamente, pretende atender la realidad de un sector de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Esto forma parte de las políticas que se vienen desarrollando con el objetivo común de la inclusión y formalización de aquellos sectores sociales que se ven postergados y hoy están excluidos. No podemos analizar esta iniciativa desde un punto de vista aislado, sino a través de un proceso que ha utilizado una serie de acciones políticas. Hemos votado varias leyes que apuntan, principalmente, a atender a ese sector social. Como todos sabemos, en el año 2005, cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, más del 35% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza y aproximadamente el 4% se encontraba en la indigencia; se han llevado adelante distintos planes y, como es obvio, ninguno de ellos, por sí solo, ha podido resolver esa situación.

Estamos en un proceso que, junto con los programas y proyectos socioeducativos y de trabajo transitorio, se pretende generar las oportunidades laborales partiendo de la base de que el trabajo, como concepto, es el elemento más integrador que puede tener la sociedad. En ese camino y apuntando a ese objetivo, se ha presentado y aprobado este nuevo proyecto de ley denominado "Monotributo social MIDES".

Se trata de un modo de producción que se ha dado a determinados trabajadores que no han tenido la capacidad de lograr un empleo formal, y que prácticamente se han inventado trabajos que son de sobrevivencia. Nosotros estamos buscando que estas personas se adecuen al marco legal vigente a partir de su situación socioeconómica. Se trata de un informalismo de sobrevivencia, de personas en situación de exclusión social.

Esta nueva ley de Monotributo es una herramienta que atiende a las situaciones de subsistencia, que no se da por elección de quien realiza la actividad, sino que está impuesta por las condiciones económicas y sociales en las que actúa. El objetivo principal, en este caso, no solo es la formalización desde el punto de vista de la integración a un sistema tributario institucionalizado sino, sobre todo, la promoción de la inclusión social de sectores excluidos del mercado de trabajo formal, fortaleciendo las redes de protección social, concibiéndolo como un derecho y no solo como una obligación. Este modo de trabajo es un derecho humano fundamental, en la medida en que permite obtener ingresos que sustenten la vida de las familias. Significa integración social en toda su dimensión; dignifica a las personas y potencia los valores que la cultura del trabajo genera en el ser humano.

Se trata de dar un empujón inicial para que el desarrollo de la actividad, con esta nueva herramienta, posibilite definitivamente pasar la línea y acceder a una vida digna a partir del desarrollo de una actividad productiva o comercial.

Aquí se plantea un tributo unificado, como es el monotributo actual, que sustituye todas las contribuciones a la seguridad social y todos los impuestos nacionales, excluidos los que gravan las importaciones. Está dirigido a quienes producen o comercializan bienes y prestan servicios que no tengan personal dependiente y que integren hogares por debajo de la línea de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística.

A fin de explicarlo más claramente, estamos hablando de que para Montevideo se establece un ingreso de unos $ 6.400, y aproximadamente unos $ 4.000 para el interior. Esto significa que para un hogar tipo, una familia de cuatro integrantes, el núcleo familiar debe tener un ingreso de hasta $ 25.000 en Montevideo, y $ 16.000 en el interior del país. Todas las personas que estén por debajo de esa franja y presten servicios o comercialicen productos que ellos elaboren o revendan, podrán estar incluidos en este modo de tributación. Se puede tratar de emprendimientos personales o asociativos, familiares o colectivos, con la limitante de que no pueden superar hasta cuatro personas si no son familiares y hasta cinco si se trata de familiares.