Aunque hasta ahora la tirada de casas no afectó viviendas de residentes estables, las acciones administrativas y judiciales emprendidas contra el asentamiento ya dieron lugar a tres instancias de demolición de construcciones y prometen continuar.

El conflicto aparece públicamente como motivado por razones ambientales. Sin embargo, intereses económicos latentes, relacionados con una explotación turística de otro estilo que la actual, han sido manifestados desde el propio gobierno y parecen una explicación más verosímil que el repentino e inconsistente desvelo ecológico.

Entre otras informaciones puede consultarse la que proporciona el diario El Observador en su edición del pasado 6 de setiembre:

"el jerarca [del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente] Hermann Leis, se manifestó partidario de crear un balneario "superexclusivo" en Cabo Polonio y construir allí un hotel cinco estrellas".

Hace algunos años, el subsecretario de la cartera de Turismo, Ernesto Rodríguez Altez, había sido igualmente explícito:

"Es necesario resolver el tema de los asentamientos, porque tener vecinos ilegales daña la imagen y crea dudas a los inversores. Tenemos propuestas de cadenas hoteleras internacionales que se instalarían si se les presentan exoneraciones impositivas y reglas claras". (Revista Postdata, 27.10.95).