Finalmente, la propuesta elaborada por la Facultad de Ciencias naufragó. El rechazo de algunas agencias estatales que tienen jurisdicción en la zona y el cambio de orientación en el Ministerio de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente, frustraron la implementación de un proyecto que contenía medidas orientadas a la preservación ambiental, a una explotación turística sostenible y a la inclusión de la comunidad en el manejo del área.

Aunque el proyecto fue propuesto por técnicos, los vecinos participaron en su elaboración, circunstancia que permitió que hicieran suyas las medidas dispuestas. Muchos años después, los investigadores lo repiten con dolor:

"Todo estaba acordado y pronto para ponerse en marcha".

Simultáneamente, los tres propietarios del lugar, uno de ellos el Ministerio de ganadería, agricultura y pesca, iniciaron juicios contra el asentamiento.

Hoy los largos procesos legales están llegando a su fin, las sentencias favorecen a los reclamantes y el gobierno anuncia nuevas demoliciones.