Ocialistas terminaron el debate

Los partidos de oposición tomaron una decisión respecto al debate sobre los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad, analizados por la Justicia en el marco de la causa que estudia la muerte de Nibia Sabalsagaray.

El Partido Nacional, después de idas y vueltas, se dividió: los representantes de Alianza Nacional no ingresaron a sala, en tanto los seguidores de Luis Alberto Lacalle participaron del debate, pero sobre las 13:40, tras la lectura de una declaración, abandonaron la sala.

En tanto colorados e independientes entraron a sala y respaldaron la constitucionalidad de la Ley en el debate, pero los colorados se fueron antes de votar y el legislador del Partido Independiente votó a favor de la constitucionalidad.

Los artículos en cuestión llegaron a consulta del Parlamento, enviados desde el Ministerio Público al Ejecutivo, que se expresó a favor de la inconstitucionalidad de esos artículos y lo envió a estudio del Parlamento.

La asesoría jurídica del Senado entendió que no es pertinente que el Legislativo se pronuncie, por lo que el llamado a Asamblea General responderá a la reunión que la bancada oficialista tuvo con el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, en donde le expresaron la conveniencia de pronunciarse.

En conversación con Montevideo Portal, el senador Sergio Abreu afirmó que la decisión se tomó por razones jurídicas y políticas: "El Poder Legislativo es incompetente para participar en un proceso de constitucionalidad de las leyes y así lo sostiene el procurador General de la Nación, la Suprema Corte de Justicia y la fiscal actuante en el caso y la Asesoría Jurídica del Parlamento. El efecto jurídico que pueda derivar de lo que decida la Asamblea General es absolutamente inocuo, no tiene la menor importancia".

Abreu recordó que el caso fue incluido en la protección de la Ley de Caducidad en 2005, por el Poder Ejecutivo y afirmó que la declaración de inconstitucionalidad persigue fines políticos.

"Aquí se está tratando de crear un escenario político que disimule las dificultades que el gobierno tiene a nivel popular en su gestión del último año y pasar por encima de las divergencias que tiene el Frente Amplio sobre la Ley de Caducidad. El Frente Amplio tiene la mayoría suficiente para derogar la ley y si hubiera querido derogarla la hubiera derogado con la misma celeridad como hizo con otras leyes. Sino lo hace es porque no tiene una posición única. Frente a estas notorias ilegalidades, el Partido Nacional dice `yo voy a dejar constancia de mi posición y que el Frente haga u monólogo o una terapia de grupo en la misma Asamblea General ´"

Por su parte, el diputado Daniel García Pintos, señaló a Montevideo Portal que el gobierno accedió al poder afirmando que no derogarían la ley y cuestionó el hecho de que se apoye algo que luego se considera inconstitucional.

"El tema de los derechos humanos ha sido un gran negocio político para el Frente Amplio, y entienden que tiene que seguir siendo un negocio político en el acto electoral", agregó el diputado colorado.

Los artículos en disputa son: El primero, que explicita que policías y militares no serán enjuiciados por los delitos que cometieron durante la dictadura, rechazado en función de que va en contra del precepto constitucional de que "todos somos iguales ante la Ley".

El tercero y el cuarto señalan que cuando una causa que involucra hechos de la dictadura llega a un juzgado el juez debe enviársela al presidente de la república para que el decida si ese caso está o no amparado por la Ley de Caducidad y también debe tomar cartas en la investigación de los hechos, a raíz de las denuncias que lleguen al Poder Judicial, lo que es rechazado por el principio de separación de poderes.

Postura de Alianza Nacional

El sector Alianza Nacional emitió una declaración pública explicando su posición en lo que refiere a la convocatoria de la Asamblea General, señalando aspectos jurídicos y políticos como sustento para no participar del debate.

Como aspectos jurídicos, Alianza Nacional entiende que "el Poder Legislativo no es parte en los procesos de inconstitucionalidad de las leyes", por lo cual el debate "no tiene ningún efecto jurídico"; mientras que en otro orden señala que "la Fiscalía actuante carece de legitimación activa en la causa, al tenor de lo dispuesto por el Artículo 258 de la Constitución, que limita la solicitud de inconstitucionalidad a 'todo aquel que se considera lesionado en su interés directo, personal y legítimo'".

En el plano político, Alianza Nacional califica el hecho de "pirueta" política del Frente Amplio y sobre todo del Poder Ejecutivo, que ya se pronunció sobre el caso Sabalsagaray afirmando que "estaba comprendido en la llamada Ley de Caducidad, lo que determinó el archivo del expediente por parte del Juez de la causa".

"Sin embargo, ante la excepción planteada por la Fiscalía actuante, el Poder Ejecutivo cambió de posición y se allanó a la pretensión de aquella borrando con el codo lo que había escrito con la mano", agrega el comunicado.

Alianza Nacional califica de "atropello" al Estado de Derecho y a la soberanía popular la conducta de la mayoría oficialista y del Ejecutivo, y afirma que todo esto demuestra que para el Frente Amplio "la democracia representativa sigue siendo una estructura burguesa que debe ignorarse cuando se opone a sus designios totalitarios".